Retorno a la bicameralidad: juraron los 60 senadores y el Senado queda oficialmente constituido para el periodo 2026-2031

¿Cómo inicia el capítulo que devuelve dos cámaras al Poder Legislativo tras más de tres décadas? En una ceremonia realizada en el renovado Hemiciclo del Senado del Palacio Legislativo, los 60 senadores electos para el periodo 2026-2031 prestaron juramento al cargo, marcando el retorno oficial de la bicameralidad en el país. El acto arrancó con la juramentación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, liderada por Miguel Ángel Torres Morales (presidente) y Fernando Rospigliosi Capurro (primer secretario), ambos de Fuerza Popular, junto a Alejandro Muñante Barrios (segundo secretario), de Renovación Popular. La jornada cobró emoción con las frases de juramento de los parlamentarios, quienes evocaron compromisos personales y políticos que van desde "los jubilados olvidados" y la "lucha contra la corrupción", hasta "el desarrollo de los pueblos postergados" y las futuras generaciones.

El acto oficial: la declaración de un nuevo periodo

Tras la lectura de las credenciales emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a cada uno de los legisladores, la Junta Preparatoria cerró el protocolo formal para dar luz verde al trabajo parlamentario de los próximos cinco años. El presidente de la Mesa Directiva, Miguel Ángel Torres Morales, dio por terminada la fase de incorporación y declaró formalmente instalado el fuero senatorial. “Declaro incorporados y aptos para el ejercicio de la función parlamentaria a los senadores de la república que han prestado juramento de ley. En consecuencia, declaro constituido el Senado de la República”, manifestó, dando paso a una etapa institucional con una nueva distribución de fuerzas.

Radiografía política: ¿cómo se distribuyen las curules?

La Cámara Alta quedó conformada por un mapa de seis bancadas principales, donde la representación abarca tanto a representantes elegidos por Distrito Único Nacional como por regiones específicas y residentes en el extranjero. El ecosistema político del Senado se distribuye de la siguiente manera:

• Fuerza Popular (22 senadores): Encabezados en la lista nacional por Miguel Torres, Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Martha Moyano, César Astudillo y Carlos Mesía. Incluye representantes regionales como Marco Miyashiro (Lima Metropolitana), Elard Melgar (Lima Provincias), Karla Schaefer (Piura), José Arista (Amazonas), Nilza Chacón (Áncash), Segundo Tapia (Cajamarca), Jacques Rodrich (Callao), Rafael Yamashiro (Ica), David Jiménez (Junín), Víctor Flores (La Libertad), Alejandro Aguinaga (Lambayeque), Juan del Águila (Loreto), Víctor Noriega (San Martín), Héctor Ventura (Tumbes) y Jorge Velásquez (Ucayali).

• Juntos por el Perú (14 senadores): Integrado a nivel nacional por José Castillo, Silvana Robles, Bernardo Quito, Saúl Armacanqui e Iber Maraví. Suma además a los representantes regionales Andrés Ramos (Apurímac), Edyson Morales (Ayacucho), Wilfredo Verano (Cusco), Joaquín Yauri (Huancavelica), Serafín Andrés (Huánuco), Hugo Ccahuana (Madre de Dios), Víctor Cutipa (Moquegua), Percy Osorio (Pasco) y José Chipana (Puno).

• Renovación Popular (8 senadores): Conformado por Absalón Vásquez, Alejandro Muñante, Katherine Ampuero, Lourdes Alcorta y Estanislao Mancha en el distrito nacional; Francisco Calisto y María Jáuregui por Lima Metropolitana; y Miguel Velásquez en representación de los Residentes en el extranjero.

• Partido del Buen Gobierno (7 senadores): Con Flavio Figallo, Patricia Iturregui, Susana Matute, Carlos Caballero y Jorge Gavidia a escala nacional; Juver Flores por Arequipa; y Nora Bonifaz por Lima Metropolitana.

• Partido Cívico Obras (5 senadores): Representado por Daniel Barragán, Agripina Flores, Walter Gago y Roger Astucuri en la lista nacional, y Juana Ticona por la región Tacna.

• Ahora Nación (4 senadores): Integrado en el distrito nacional por Alfonso López Chau, Jaime Delgado, Ruth Luque y Mirtha Vásquez.

Senadores y diputados electos jurarán al cargo este viernes 24 de julio para el periodo 2026-2031

¿Estamos listos para presenciar el histórico retorno a un Congreso con dos cámaras en el Perú? El Palacio Legislativo se prepara para vestir sus mejores galas el próximo viernes 24 de julio, día oficial en el que los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 prestarán el juramento de ley para asumir sus funciones. La fecha quedó sellada tras una reunión estratégica de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, liderada por el senador electo Miguel Torres Morales. Esta ceremonia no solo marca el inicio de una nueva era legislativa, sino que pone en marcha un estricto protocolo institucional que los partidos políticos deberán cumplir al pie de la letra si quieren tener voz y voto en las decisiones más importantes del nuevo Parlamento.

El requisito indispensable para no quedar fuera del juego político

La Oficialía Mayor del Congreso ha sido tajante: la juramentación es solo el primer paso de una jornada intensamente técnica. Por encargo de la Junta Preparatoria, se ha convocado a todas las fuerzas políticas con representación en el Senado y en la Cámara de Diputados a presentar ese mismo viernes sus reglamentos internos de bancada. Este procedimiento, lejos de ser un simple trámite de papel, funciona como la llave de acceso al poder dentro del Parlamento. Según el artículo 40 del Reglamento del Congreso, si un partido no publica sus lineamientos internos, quedará automáticamente inhabilitado para participar en la elección de la Mesa Directiva del Parlamento, perdiendo una posición clave en la conducción del legislativo.

Voceros y organización: El engranaje para el periodo 2026-2031

Para asegurar un inicio ordenado y una representación clara desde el primer minuto, el cronograma oficial exige que las agrupaciones políticas dejen listas sus estructuras de mando antes de cerrar el día. Las exigencias obligatorias para las nuevas bancadas durante esta crucial jornada se resumen en los siguientes puntos:

• Entrega de reglamentos: Presentación formal y publicación del reglamento interno de cada grupo parlamentario de ambas cámaras.

• Acreditación de líderes: Designación y acreditación oficial del portavoz titular de la bancada.

• Línea de sucesión: Acreditación del portavoz suplente para garantizar la continuidad de la representación.

Este engranaje político definirá a los interlocutores válidos que llevarán el debate y las negociaciones parlamentarias a lo largo de los próximos cinco años de gestión.

Congreso reconoce a ingenieros alimentarios como profesionales de la salud. Conoce los detalles de la ley

¿Sabías que los expertos encargados de evitar que tus alimentos te enfermen no vestían batas médicas, sino cascos de ingenieros? En un giro histórico para la prevención sanitaria del país, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia —con un contundente respaldo de 85 votos a favor— la autógrafa de los Proyectos de Ley 2156/2021-CR y 5358/2022-CR. Esta iniciativa, presentada y defendida por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) - Consejo Nacional, incorpora formalmente a los profesionales de ingeniería alimentaria, ingeniería de alimentos, ingeniería en industrias alimentarias e ingeniería agroindustrial como profesionales de la salud cuando desarrollen actividades vinculadas con la salud pública. El decano nacional del CIP, Ing. Jaime Ruiz Béjar, destacó que este logro representa un avance trascendental para fortalecer las defensas sanitarias del país y blindar a la población frente a los peligrosos riesgos físicos, químicos y biológicos ocultos en los alimentos.

Del campo al plato: el nuevo escudo legal contra la desnutrición y la anemia

Para comprender la magnitud de este cambio, imaginemos que la cadena alimentaria es una autopista hacia nuestros hogares; ahora, estos ingenieros serán oficialmente los oficiales de tránsito especializados en salvar vidas. La nueva norma modifica directamente la Ley 23536, que regula el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud, permitiendo que estos especialistas aporten su rigor técnico en el bienestar social. Según precisó Ruiz Béjar, este reconocimiento legal impactará de forma directa y especial en los sectores más vulnerables al fortalecer los controles de calidad de los productos que llegan a las familias y a los escolares. En un contexto donde la sociedad lucha contra la anemia, la desnutrición y la inseguridad alimentaria, contar con profesionales debidamente reconocidos para fiscalizar que la comida sea segura y nutritiva se convierte en una garantía fundamental.

Control total de la cadena alimentaria y nuevas funciones clave

Las labores estratégicas asignadas a la ingeniería para proteger a la ciudadanía

El trabajo de estos profesionales funciona como un sistema de filtración milimétrico que abarca cada proceso productivo. El vicedecano nacional del CIP, Ing. Carlos Burgos Montenegro, encargado de liderar la defensa del ingeniero colegiado, afirmó que estos profesionales poseen la formación técnica necesaria para intervenir de principio a fin en el ciclo de consumo. Con este nuevo marco legal, las labores específicas asignadas a estos ingenieros para proteger la salud colectiva abarcan los siguientes puntos neurálgicos:

• Vigilancia y fiscalización: Participación activa en las labores de vigilancia sanitaria, certificación y fiscalización de los procesos alimenticios.

• Inocuidad alimentaria: Garantizar la seguridad total y la ausencia de peligros biológicos o químicos en los productos comestibles.

• Supervisión de programas sociales: Monitoreo estricto de alimentos fortificados destinados a los programas de alimentación del Estado.

• Prevención integral: Intervención desde la producción de la materia prima, procesamiento, almacenamiento, hasta la distribución y control final para evitar riesgos poblacionales.

Un esfuerzo de largo aliento con la mirada puesta en el bienestar nacional

Este logro no surgió de la noche a la mañana, sino que es el fruto de un esfuerzo de largo aliento impulsado de forma sostenida desde el año 2021 por el área de Asesoría Parlamentaria del CIP, en un trabajo articulado con los Capítulos de Ingeniería Alimentaria, Industrias Alimentarias y Agroindustrial. La iniciativa fue defendida ante el Parlamento como parte del compromiso institucional de la orden con la protección de la salud, el reconocimiento técnico y la seguridad alimentaria del país. Con la promulgación de esta ley que fortalece el rol de la ingeniería, el decano Jaime Ruiz Béjar reafirmó que el Colegio de Ingenieros del Perú continuará promoviendo propuestas técnicas de alto nivel que contribuyan activamente al desarrollo nacional y al bienestar de todos los ciudadanos.

ONPE concluye el conteo al 100 %: así queda conformado el nuevo Senado de la República

Luego de más de un mes de procesamientos y verificaciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado oficial confirmando la finalización del escrutinio al 100 % de las actas correspondientes a las elecciones congresales y del Parlamento Andino. Con este informe definitivo, emitido el sábado 13 de junio, queda establecida la composición oficial de la nueva cámara alta bicameral que asumirá funciones el próximo 28 de julio de 2026. Los resultados ratifican que Fuerza Popular se consolidará como la primera minoría del Senado al asegurar poco más de un tercio de la representación total, seguida por Juntos por el Perú, que se ubica como la segunda fuerza política en este espacio legislativo.

Distribución oficial de escaños en la cámara alta

El nuevo Senado de la República contará con un total de 60 legisladores. De acuerdo con las cifras oficiales de las actas contabilizadas, los escaños se distribuirán entre seis organizaciones políticas de la siguiente manera:

• Fuerza Popular: 22 escaños

• Juntos por el Perú: 14 escaños

• Renovación Popular: 8 escaños

• Partido del Buen Gobierno: 7 escaños

• Partido Obras: 5 escaños

• Ahora Nación: 4 escaños

El ingreso de excandidatos presidenciales y curules en definición

En el plano de las representaciones individuales, el reporte final de la ONPE confirma el acceso al Senado de los excandidatos presidenciales Alfonso López Chau y Rafael López Aliaga. No obstante, en el entorno de Renovación Popular aún persiste una interrogante legal y administrativa: todavía no se ha determinado con certeza si el exalcalde de Lima asumirá la titularidad de su escaño o si la curul será ocupada por su accesitario, el exministro Absalón Vásquez. Más allá de esta definición pendiente, el escrutinio general arroja una radiografía exacta del respaldo ciudadano obtenido por cada uno de los próximos parlamentarios.

Relación oficial de senadores electos y votación obtenida

Fuerza Popular (22 escaños)

• Miguel Ángel Torres (340.275 votos)

• Martha Chávez (127.677 votos)

• Marco Enrique Miyashiro (98.171 votos)

• Fernando Rospigliosi (67.293 votos)

• Patricia Juárez (33.016 votos)

• Martha Moyano (27.205 votos)

• César Astudillo (26.638 votos)

• Alejandro Aguinaga (25.642 votos)

• Karla Schaefer (24.531 votos)

• Jorge Velásquez (18.906 votos)

• Víctor Seferino Flores (16.575 votos)

• Víctor Manuel Noriega (12.263 votos)

• Jacques Salomon Rodrich (12.157 votos)

• Nilza Merly Chacón (11.670 votos)

• Juan Carlos del Águila (11.660 votos)

• David Julio Jiménez (11.378 votos)

• Elard Galo Melgar (10.960 votos)

• Rafael Gustavo Yamashiro (10.327 votos)

• Carlos Tubino (10.155 votos)

• Segundo Leocadio Tapia (6.797 votos)

• José Arista (4.631 votos)

• Héctor Ventura (4.204 votos)

Juntos por el Perú (14 escaños)

• José Castillo Terrones (332.141 votos)

• Silvana Robles (187.378 votos)

• Jaime Quito (101.134 votos)

• Saúl Andrés Armacanqui (37.774 votos)

• José Moisés Chipana (33.986 votos)

• Iber Antenor Maraví (32.159 votos)

• Wilfredo Verano (18.964 votos)

• Joaquín Yauri (16.377 votos)

• Andrés Avelino Ramos (14.336 votos)

• Humberto Morales (13.458 votos)

• Serafín Andrés (13.297 votos)

• Percy Osorio (3.645 votos)

• Hugo Isaac Ccahuana (2.895 votos)

• Víctor Cutipa (2.233 votos)

Renovación Popular (8 escaños)

• Rafael López Aliaga (289.027 votos)

• Alejandro Muñante (215.987 votos)

• Katherine Ampuero (189.419 votos)

• Lourdes Alcorta (135.077 votos)

• Francisco Calisto (134.062 votos)

• Estanislao Mancha (80.184 votos)

• María Jáuregui (68.179 votos)

• Miguel Ángel Velásquez (8.085 votos)

Partido del Buen Gobierno (7 escaños)

• Flavio Figallo (200.378 votos)

• Patricia Milagros Iturregui (184.520 votos)

• Susana Matute (144.700 votos)

• Nora Bonifaz (81.575 votos)

• Carlos David Caballero (48.572 votos)

• Juver Nilson Flores (25.026 votos)

• Luz Elena Foronda Merino (15.863 votos)

Partido OBRAS (5 escaños)

• Daniel Barragán Coloma (223.754 votos)

• Agripina Flores Córdova (88.009 votos)

• Francisco Rodríguez (36.012 votos)

• Roger Astucuri Laura (18.127 votos)

• Juana Ticona Cohaila (3.800 votos)

Ahora Nación (4 escaños)

• Alfonso López Chau (233.585 votos)

• Jaime Ricardo Delgado (169.704 votos)

• Ruth Luque (116.894 votos)

• Mirtha Vásquez (105.625 votos)

Fuente: Infobae Perú.

Congreso aprueba ley que deriva delitos de militares y policías al fuero militar-policial

¿Qué pasaría si los delitos cometidos por militares y policías en actividad dejaran de ser vistos por los tribunales comunes? El pasado 12 de junio, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación —con 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones— un controvertido proyecto de ley firmado por Karol Paredes (Avanza País). La iniciativa, respaldada firmemente por bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, busca prohibir la existencia de procesos paralelos; esto significa que si un efectivo es investigado en la jurisdicción militar-policial, la justicia ordinaria quedará completamente blindada de intervenir en los mismos hechos.

Entre la especialización y la igualdad ante la ley

El hemiciclo se convirtió en el escenario de un tenso choque ideológico sobre la naturaleza de la justicia en el país. Por un lado, promotores como Alejandro Muñante (Renovación Popular) defienden que la medida garantiza una "justicia objetiva y especializada" que verdaderamente comprende la labor policial. En la otra acera, la oposición, liderada principalmente por bancadas de izquierda y voces como Susel Paredes (Cambio Democrático), criticó duramente la propuesta bajo el argumento de que "delincuente es delincuente, tenga uniforme o no", señalando que la norma quiebra la igualdad ante la ley y otorga un estatus especial injustificado frente a delitos comunes.

Alertas rojas sobre los Derechos Humanos

• Ampliación del delito de función: Especialistas como Carlos Rivera (IDL) advierten que la nueva redacción califica toda conducta ilícita por acción u omisión bajo este término, abriendo la puerta a que delitos comunes pasen al fuero militar.

• Efecto retroactivo encubierto: Se teme que la norma busque aplicarse a casos vigentes del presente, protestas sociales o del Conflicto Armado Interno, afectando procesos sensibles como la reciente matanza de Colcabamba.

• Grave precedente judicial: El proyecto obliga a la Corte Suprema a privilegiar la jurisdicción militar-policial, lo que ha sido catalogado por expertos como un atentado directo contra la independencia y autonomía del Poder Judicial.

El camino de esta iniciativa aún no ha terminado, pues las alarmas constitucionales ya están encendidas ante un inminente retroceso legal. La parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático) recordó antecedentes históricos de impunidad en los años 90, como los casos de Marcelino Valencia y Zacarías Pasco, advirtiendo que de ratificarse la norma en la segunda votación —programada antes del cierre de la legislatura el 24 de junio— se configurará una ley inconstitucional que facultará de manera inmediata la presentación de demandas ante el Tribunal Constitucional para frenar lo que consideran un mecanismo de injusticia hacia los ciudadanos.

Fuente: La República.

¿Adiós a la CTS? El Congreso debate el nuevo Seguro de Desempleo en Perú. Conoce los cambios y riesgos

La CTS en la encrucijada: Congreso inicia el camino hacia su posible sustitución

¿Es el fin de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) tal como la conocemos? Este martes 12 de mayo, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República marca un hito en la agenda legislativa al debatir el dictamen que propone la implementación progresiva de un Seguro de Desempleo. La iniciativa surge en un contexto crítico: tras sucesivas leyes que permiten el retiro del 100% de los fondos durante 2026, la CTS ha perdido su naturaleza de auxilio ante el cese laboral. Ante esta "desnaturalización" del ahorro previsional, el Legislativo busca establecer un mecanismo de protección social que se alinee con los estándares de la OIT y garantice un respaldo real frente al desempleo involuntario.

La advertencia del Ejecutivo: Coexistencia inviable

La postura del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha sido taxativa y añade una cuota de realismo técnico al debate. Según el organismo, el Seguro de Desempleo y la CTS comparten la misma finalidad jurídica, por lo que la implementación del primero obligaría a la derogación inmediata de la segunda. "El seguro de desempleo no puede coexistir con la CTS", señala el informe técnico del sector, advirtiendo que mantener ambos beneficios generaría una duplicidad de costos y contingencias que el sistema laboral peruano no podría soportar. De prosperar la norma, los trabajadores enfrentarían el cierre de un modelo de ahorro privado para dar paso a un sistema de seguridad social administrado bajo nuevos criterios técnicos.

Los pilares del nuevo sistema de protección

El dictamen en discusión no es una reforma inmediata, sino una declaratoria de interés público que activa un complejo engranaje interinstitucional. La propuesta establece una hoja de ruta donde el MTPE, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y EsSalud, deberán realizar evaluaciones financieras actuariales para determinar la sostenibilidad del modelo. Los puntos críticos de la transición incluyen:

• Diseño progresivo: Una implementación por etapas para no desestabilizar el mercado laboral actual.

• Fortalecimiento de la empleabilidad: El seguro no solo otorgaría una prestación económica, sino que se vincularía a programas de reinserción laboral.

• Sustento financiero: La prohibición constitucional de que el Congreso incremente el gasto público obliga a buscar fuentes de financiamiento que no dependan directamente del Tesoro Público.

Un escenario de incertidumbre financiera

Pese a la intención política, el camino hacia el Seguro de Desempleo enfrenta barreras legales de alto calibre. El MTPE ya ha adelantado que la medida es "no viable" si se pretende financiar con fondos estatales, debido a la restricción del artículo 79 de la Constitución. Además, la transición plantea dudas sobre el destino de los fondos acumulados por los trabajadores hasta 2026. Mientras el dictamen avanza hacia el Pleno, el sector empresarial y las centrales sindicales mantienen la guardia alta ante lo que podría ser la reforma laboral más disruptiva de la última década: el reemplazo de una cuenta individual de libre disponibilidad por un seguro solidario de contingencia.

Fuente: Infobae.

El Congreso crea el Colegio de Artistas entre críticas por norma que afectaría a la decana del CAL

Entre el aplauso del arte y el susurro del "contrabando" legislativo

¿Es posible que una ley diseñada para celebrar y regular el talento artístico del país esconda un golpe directo a la gestión de uno de los gremios más poderosos de Lima? Con 83 votos a favor, el Pleno del Congreso dio luz verde a la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú, una entidad largamente esperada que promete autonomía y personería jurídica para músicos, bailarines y artistas plásticos. Sin embargo, lo que debió ser una jornada de reivindicación cultural terminó bajo la sombra de la sospecha debido a una cláusula introducida a último minuto: una "disposición de contrabando" que impide a personas inhabilitadas para la función pública liderar colegios profesionales.

El arte como escudo: Un gremio que nace con controversia

El corazón de la norma establece una estructura nacional y descentralizada para los profesionales titulados de escuelas superiores y universidades, buscando elevar el estándar ético y gremial de la cultura peruana. No obstante, el "ruido" político no proviene de las artes escénicas, sino del impacto que esta cláusula tendría sobre figuras como Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Voces en el Parlamento han calificado esta inclusión como una medida con nombre propio, diseñada para desplazar a autoridades que hoy resultan incómodas para ciertos sectores políticos, bajo el pretexto de regular un nuevo colegio profesional.

Puntos clave del nuevo panorama gremial:

• Identidad Artística: Se integran especialidades de artes visuales, música, danza y artes escénicas en una entidad de derecho público.

• El "Criterio Montalvo": La disposición adicional prohíbe que ciudadanos con inhabilitaciones previas integren consejos directivos, una medida que no fue deliberada en comisiones originales.

• Reacción en el CAL: La decana Delia Espinoza ha calificado la norma como una "arbitrariedad" que busca acallar su gestión frente al gremio de abogados.

• Transición Directiva: Se instalará un primer Consejo Directivo Nacional encargado de redactar el Código de Ética en un plazo de 30 días.

Este escenario nos deja frente a una paradoja agridulce. Mientras Lima y sus regiones ganan una institución necesaria para proteger el patrimonio cultural y los derechos de sus creadores, la técnica legislativa utilizada —el uso de textos sustitutorios para fines ajenos al espíritu de la ley— debilita la confianza institucional. La norma queda ahora expedita para su promulgación, dejando en el aire una pregunta incómoda: ¿estamos fortaleciendo a los profesionales del Perú o utilizando la ley como una herramienta de ajedrez político para remover piezas en el tablero del poder?

Fuente: La República.

JNJ no ratifica al juez Oswaldo Ordóñez tras denunciar leyes procrimen del Congreso

¿Puede un juez perder su carrera por advertir que la ley está favoreciendo al crimen?

Esta es la interrogante que hoy sacude los pasillos del Palacio de Justicia tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar a Oswaldo Ordóñez Alcántara. Lo que para muchos expertos es un ejercicio de libertad de expresión técnica, para la mayoría de los consejeros de la JNJ representó un "exceso político". La salida del presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima no es un trámite cualquiera; es el desenlace de una tensa cronología que inició cuando el magistrado llevó su voz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alertar sobre el impacto de las reformas legislativas en la seguridad del país.

El "pecado" de la opinión técnica

El corazón del debate en la JNJ se centró en la participación de Ordóñez ante la CIDH en noviembre de 2024. Mientras que algunos sectores defienden que un juez debe ser un observador silencioso, el informe del consejero Cayo Galindo —respaldado por la mayoría del pleno— argumentó que el magistrado cruzó la línea roja de la imparcialidad. Se le cuestiona haber señalado que una "mayoría parlamentaria desestabiliza el sistema de justicia", una frase que la JNJ ha interpretado como una postura política incompatible con la investidura judicial. Es, en palabras sencillas, un choque de trenes entre el deber de reserva y el deber de advertencia ante normas que debilitan la lucha contra la criminalidad.

Puntos clave de la controversia

La resolución que deja fuera a Ordóñez se sostiene sobre argumentos que ponen en duda su independencia futura en procesos donde el Congreso sea parte. Aquí los pilares de la decisión:

• Crítica a las ‘leyes procrimen’: Se reprocha su advertencia sobre leyes que prescriben delitos de lesa humanidad y favorecen la minería ilegal.

• Postura ante el Poder Político: La JNJ considera que señalar una "coordinación entre el Congreso y el Gobierno" afecta la imagen de objetividad del juez.

• Conflicto de procesos: A pesar de que Ordóñez advirtió que ya era investigado disciplinariamente por lo mismo, la JNJ decidió que estos hechos también pesaban para su ratificación.

• Votación dividida: Solo dos consejeros, Francisco Távara y Jaime de la Puente, votaron a favor de mantenerlo en sus funciones.

¿Qué sigue para la justicia constitucional?

La salida de Ordóñez deja un vacío en una de las salas más importantes de la capital, justo en un momento de alta conflictividad jurídica. Aunque el magistrado tiene el derecho de presentar un recurso de reconsideración, el panorama sugiere que la decisión es firme. El siguiente capítulo de esta historia probablemente se escribirá en los juzgados constitucionales, donde Ordóñez buscará, mediante una acción de amparo, recuperar el cargo que la JNJ le ha retirado. Este caso marca un hito sobre los límites de la voz de los jueces en la esfera pública y el delicado equilibrio de poderes en el Perú actual.

Congreso: Nueva ley permitiría postular a Beca 18 sin importar la edad

Una iniciativa legislativa presentada en el Congreso busca revolucionar el acceso a Beca 18 al proponer la eliminación del límite de edad para los postulantes. El proyecto, impulsado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, plantea suprimir la restricción actual que impide postular a mayores de 22 años, argumentando que este requisito genera una exclusión injustificada para jóvenes que postergaron sus estudios por razones económicas, familiares o laborales.

El sustento del proyecto identifica que las barreras actuales afectan principalmente a estudiantes de zonas rurales que terminan la secundaria a mayor edad y a jóvenes urbanos que priorizan el trabajo para apoyar a sus familias. Para corregir esto, la propuesta plantea que el único criterio temporal sea el año de egreso del colegio, ampliando dicho plazo hasta cinco años antes de la postulación, eliminando así cualquier discriminación basada estrictamente en la edad del aspirante.

Según la congresista Ugarte, esta reforma no implica un gasto adicional para el Estado ni altera los estándares de mérito académico, ya que el número de vacantes se mantendría igual. El objetivo central es democratizar la competencia por las becas, permitiendo que el talento y la necesidad socioeconómica prevalezcan sobre criterios etarios que carecen de sustento técnico, garantizando un acceso a la educación más inclusivo y constitucional.

CAL critica al Congreso por aprobación de Ley N° 32108 que favorecería al crimen organizado

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha emitido un comunicado urgente en el cual hace un llamado a una reforma integral del sistema de justicia y penitenciario del país, debido al incremento alarmante de los casos de extorsión y criminalidad. Según el documento, la crisis de inseguridad ha alcanzado un punto crítico, evidenciado por el paro de transportistas en Lima y Callao, quienes demandan acciones inmediatas por parte del Gobierno y del Congreso para frenar la creciente ola de extorsiones y violencia.

El CAL manifiesta su profunda preocupación por el clima de inseguridad que afecta a la ciudadanía y resalta la necesidad urgente de que el Congreso adopte medidas que no favorezcan al crimen organizado. En particular, el comunicado critica la reciente aprobación de la Ley N° 32108, la cual, según el CAL, ha resultado en un entorno favorable para la proliferación de bandas de extorsionadores y otros grupos delictivos, debido a la imposibilidad de reabrir procesos judiciales y reanudar investigaciones criminales.

La Junta Directiva del CAL también hace un llamado a los gremios profesionales y otras instituciones a exigir al Congreso la promulgación de leyes que permitan enfrentar con efectividad la crisis de criminalidad, mejorando las condiciones del sistema penitenciario y fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, se exhorta al Gobierno a garantizar la seguridad de los ciudadanos y a prevenir las consecuencias económicas derivadas del aumento de la criminalidad, como el paro de actividades esenciales como el transporte.

Finalmente, el comunicado subraya la disposición del CAL a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones y medidas efectivas para salvaguardar el Estado de Derecho y la seguridad de la ciudadanía.

Explotación sexual es la modalidad de trata de personas con mayor incidencia en el Perú

La explotación sexual se ubica con el 43.3 % de casos como la modalidad del delito de trata de personas con mayor incidencia en el Perú, mientras que la de tipo laboral llega al 16.2%, estas cifras fueron registradas por el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público en un estudio que se llevó a cabo desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de julio de 2014.

Tras la conmemoración del “Día Nacional de la Lucha contra la Trata de Personas”, el día de ayer 23 de setiembre. El Ministerio Público informó que en ese periodo se registraron 2,080 casos, de los cuales 312 ocurrieron en Lima, 225 en Loreto, 181 en Madre de Dios, 174 en Cusco, 100 en Piura, 92 en San Martín, 90 en Puno 90, 74 en Amazonas, 73 en Arequipa, 63 en Junín y también se registraron menores cifras en otros departamentos.

A partir del año 2009, el observatorio registró también que el 79.6% de las víctimas son mujeres y 16.1% son hombres. En tanto, el 84.7% de las víctimas tiene nacionalidad peruana y el 3.8% es extranjero y respecto a las edades, el 53.1% tiene entre 13 y 17 años, el 17.8% entre 18 y 24 años y el 6% entre 0 y 12 años.

En cuanto a las características de los presuntos autores del delito, se indicó que el 47.7% es mujer y el 40.6% es hombre. El 79% es peruano y el 1.5% extranjero. El 21.5% tiene entre 25 y 34 años, el 15.5% entre 35 y 44 años y el 12.8% entre 18 y 24 años.

El 50% de víctimas son captadas por los delincuentes bajo la modalidad del trabajo ventajoso, mientras solo el 4.4% le ofrece a sus potenciales víctimas apoyo económico para su alimentación, estudios o para cubrir otras necesidades aprovechándose de la necesidad de sus víctimas.

Karla Schaefer, de la bancada de Fuerza Popular, e integrante de la Comisión de Salud y Población del Congreso, se refirió al tema y advirtió que la trata de personas no solo tiene fines de explotación sexual y laboral sino también de tráfico de órganos. Se han registrado casos de seres humanos para enlaces matrimoniales o para la esclavitud.

Madre de Dios registra el índice más alto de trata de personas por la minería ilegal, la legisladora recordó que el año pasado se desarticuló una red que captaba con engaños a jóvenes de Bagua, Lambayeque y Trujillo ofreciéndoles trabajo como meseras. Dicha red estaba dirigida por una mujer que tenía un movimiento económico de apoximadamente 235,000 nuevos soles al mes.

Por su parte, la congresista de la bancada Dignidad y Democracia, Natalie Condori, señaló que los captores buscan gente que tiene necesidad de obtener dinero fácil y rápido, a la que tientan con ofertas difíciles de resistir.

"Las víctimas tienen el autoestima muy venido a menos, tanto así que cuando hay operativos y se les quiere rescatar muchos de ellos oponen resistencia y quieren continuar en eso porque no tienen la conciencia de la realidad que están viviendo", precisó.

Además, la congresista invocó a los padres de familia a que tengan mucho cuidado con sus hijos, ya que, constantemente se publican ofertas laborales engañosas en plazas y parques públicos o seudo agencias con la única finalidad de cometer este delito. Por otro lado, para celebrar la fecha hoy a las 18:00 horas se realizará una vigilia en la plaza San Martín con la campaña "Corazones Azules" con el propósito de sensibilizar a los ciudadanos con este tema.

Fuente: Noticia Local - Andina

Presidente Ollanta Humala deroga aporte obligatorio para independientes

El aporte obligatorio al sistema de pensiones para trabajadores independientes, que se aprobó hace algunos meses, quedó derogado por la nueva ley que promulgó el Poder Ejecutivo. El aporte obligatorio aplicaba para los independientes menores de 41 años; sin embargo, ahora será de manera voluntaria.

La Ley 30237, deroga los artículos 8 y 9 de la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones y la norma que la modifica. A través de esta promulgación se restablece el aporte libre y voluntario de los trabajadores independientes.

“El trabajador independiente puede afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) voluntariamente”, cita el artículo 33 en la sección “Aportes del trabajador independiente”.

En cuanto a los aportes previsionales obligatorios que se cobraron en cumplimientos de las normas actualmente derogadas, afirman que podrán ser devueltos o ser considerados para el reconocimiento del cálculo de la pensión de acuerdo a la elección del trabajador independiente.

Asimismo, se ha publicado el documento, que establece la derogación de las demás normas resoluciones y disposiciones que se opongan o limiten la aplicación de la presente Ley, se ha publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Los principales mandos del estado, Ollanta Humala Tasso, presidente de la República; Ana Jara Velásquez, jefa del Gabinete Ministerial; Ana María Solórzano, titular del Congreso de la República y Modesto Julca Jara, vicepresidente del Congreso, han impreso su rúbrica para la aprobación de la referida Ley.

Fuente: Noticia Local - Andina

Independientes demandan que se promulgue ley que deroga aportes a AFPs

Los trabajadores independientes menores de 41 años están a la espera de que el presidente de la República, Ollanta Humala, promulgue la norma que deroga el aporte obligatorio a un sistema previsional.

Y es que si bien el plazo del Ejecutivo para emitir su decisión es de quince días, hoy se cumple una semana desde que el Congreso aprobó la suspensión definitiva de dichos aportes.

Y mientras el Ejecutivo evalúa su decisión, a los trabajadores se les sigue descontando en sus recibos por honorarios, como es el caso de Katerine Chira. “Cuando pasé mi recibo por honorarios en julio me pidieron que considere el descuento porque el pago salía en agosto, y ahora me piden lo mismo porque la ley aún no ha sido promulgada”, comentó.

Cabe precisar, que el proyecto de ley aprobado por el Congreso no solo plantea que el aporte previsional de los independientes sea libre, sino que también establece que se devuelvan los fondos aportados. Es decir, el trabajador independiente tendrá la elección de solicitar el retorno de los pagos o dejarlo en el sistema para seguir ahorrando.

Fuente: Noticia Local / La República

Ley Universitaria: ANR dejará de funcionar

Foto: Internet

La creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu) traerá consigo el cese de funciones de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), institución que, en reiteradas oportunidades, advirtió que la autonomía está en peligro con el proyecto que hoy fue aprobado por la Comisión de Educación.

Según el texto sustitutorio de la nueva ley universitaria, esta superintendencia se encargará de la supervisión de la calidad en la educación, fiscalizar el uso de los recursos y autorizar la apertura de nuevas universidades.

Con ello, y tal como lo dice las disposiciones complementarias del proyecto, la instalación de la Suneu provocará el cierre de la ANR. Es más, los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos humanos, serán transferidos a la nueva institución.

Luego de su eventual promulgación, el Ministerio de Educación tendrá sesenta días para convocar e instalar la nueva superintendencia, la cual estará conformada por un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ceplan, un representante del Concytec, dos representantes de las universidades públicas, dos representantes de las universidades privadas, un miembro de los colegios profesionales y un representante del sector empresarial.

El proceso de transferencia de los recursos de la ANR a la Suneu, el cual tendrá un plazo no mayor a los 120 días, contará con la supervisión de Servir, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Contraloría General de la República y Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Por su parte, el presidente de la ANR, Orlando Velásquez, calificó este proyecto como un golpe a la autonomía universitaria, tras indicar que el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, no tiene el nivel técnico ni académico para conducir el debate de este proyecto.

El titular de la ANR consideró que no existió un “debate profundo, transparente y amplio, demostrando en todo momento apresuramiento por dejar expedita la propuesta tal como ha ocurrido”. Además, responsabilizó a Mora Zevallos por los hechos que vayan a ocurrir luego de su aprobación.

Fuente: Noticia Local – La República

Congresista Alejandro Yovera denunciado por recorte de sueldo a trabajadores

Nuevas acusaciones ponen en el ojo de la tormenta al congresista Alejandro Yovera, esta vez por una singular modalidad de recorte de sueldos a sus trabajadores, condicionadas a préstamos de la cooperativa San Isidro.

La denuncia, recogida por el programa televisivo Panorama,  la realiza el ciudadano Guillermo Carrasco, quien trabajó con Yovera y asegura que fue despedido por querer su dinero de regreso.

“He sido testigo de varios préstamos. Sus trabajadores pedían dinero a una cooperativa a pedido del congresista, le daban el dinero y luego tenían que pagar con sus sueldos. Les descontaban de planilla”, relató.

Otro ex trabajador de Yovera, identificado como Luis Alberto Vásquez, confirmó que obtuvo un crédito a pedido del parlamentario, quien nunca le devolvió el dinero. Agregó que está dispuesto a declarar ante la Comisión de Ética del Congreso si es citado.

Por su parte, el congresista, quien también perteneció a la bancada fujimorista, reconoció que suele pedir dinero prestado a sus trabajadores, pero aseguró que siempre se los devuelve.

"Tengo todos los vouchers. Siempre recibieron sus sueldos completos. Si luego los despedí fue porque no rindieron", aseguró.

Fuente: Noticia Local - Panorama - La República - El Comercio

Suspenden y denuncian constitucionalmente a Urtecho

Por unanimidad, la Comisión de Ética del Congreso acordó hoy suspender por 120 días al congresista Michael Urtecho y denunciarlo constitucionalmente al haber encontrado evidencias que confirman las denuncias de recorte de sueldos formuladas por sus extrabajadores.

El informe de la Comisión de Ética precisa que, de acuerdo con el testimonio de los extrabajadores, era el mismo Urtecho quien les indicaba que los sueldos serían recortados y que sería su esposa, Claudia Gonzales, la encargada de administrar las tarjetas bancarias con las cuales se realizarían los retiros del dinero.

A ellos, según el informe, se les entregaba en efectivo una cantidad bastante inferior al sueldo que el Congreso les pagaba realmente, como en el caso de la extrabajadora Manuela Chávez, a quien le hacían depósitos mensuales de 800 nuevos soles en una cuenta personal, cuando su remuneración era de 4,086.39 soles.

Se precisa, incluso, que a estos trabajadores se les retenía el íntegro de la bonificación mensual por refrigerio que el Congreso entrega a sus servidores y el pago de las gratificaciones.

La comisión pudo demostrar, con los estados de cuenta de los extrabajadores, la veracidad del testimonio dado por Carlos Gálvez, exchofer del congresista, quien declaró que solía llevar al parlamentario y a su esposa hasta los cajeros de la avenida Raúl Ferrero, en La Molina y en San Isidro, para hacer los retiros. 

En el caso de la extrabajadora Evelyn Goicochea, se ha establecido que existen 50 retiros de su cuenta en el distrito de La Molina, cuando ella vivía en el Callao y Pueblo Libre, y en horas en las que se hallaba laborando en el Congreso.

También se documentó que hubo retiros de su cuenta en Trujillo y Piura, en fechas que coinciden con los días en que el parlamentario Michael Urtecho se encontraba en esas ciudades.

En cuanto a los extrabajadores que laboraban en la oficina descentralizada en Trujillo, se han confirmado retiros de sus cuentas bancarias en San Isidro, Lima.

El informe incluye igualmente el acta de expulsión de Michael Urtecho de la comunidad cristiana Agua Viva, de Trujillo, en el 2009, por “actos de corrupción en agravio de varios hermanos de la congregación”.

Tomaron esa decisión, según consta en el acta, luego de haber amonestado al legislador hasta en tres oportunidades por este hecho, sin obtener de él muestras de arrepentimiento.

“Más bien afirmó que así actuaban los congresistas”, según se refiere.

Estas evidencias, a juicio de la Comisión de Ética, confirman ampliamente la veracidad de las denuncias de los extrabajadores e incluso de la contratación de dos servidoras pagadas por el Congreso cuando en realidad llevaban a cabo labores domésticas en su domicilio.

Por ello, la Comisión de Ética acordó suspenderlo 120 días sin goce de haber y denunciarlo constitucionalmente por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y estafa.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Foto: La República

Congreso dio voto de confianza al Gabinete de Lerner Ghitis

El pleno del Congreso dio hoy un voto de confianza al Gabinete Ministerial tras escuchar la exposición de su titular, Salomón Lerner Ghitis, sobre los lineamientos de la política general del Gobierno.

La cuestión de confianza fue aprobada por 90 votos a favor, ninguno en contra y 33 abstenciones, de un total de 123 congresistas presentes.

La primera presentación de los 18 integrantes del Gabinete del gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso ante el Congreso comenzó al promediar las 09:30 horas, con la exposición de Lerner Ghitis; y luego los representantes de las distintas bancadas dieron inicio a un debate, que concluyó pasadas las 16:30 horas.

Tras agotarse el debate, el jefe del Gabinete solicitó al pleno del Parlamento, a nombre del Gobierno, un voto de confianza, fundamental para poner en marcha las reformas y principales medidas propuestas por el Ejecutivo.

“Quisiera pedir, a nombre del Gobierno, un voto de confianza para que este Gabinete, con el acuerdo del Congreso, desarrolle sus actividades haciendo realidad la transformación del país en democracia”, resaltó Lerner Ghitis al concluir su intervención.

Los 33 legisladores que se abstuvieron pertenecen a la bancada fujimorista Fuerza 2011 y argumentaron su posición al sostener que el discurso del presidente del Consejo de Ministros no ofreció “mayores precisiones” en algunos puntos.

El vocero de Gana Perú, Fredy Otárola, criticó la postura del fujimorismo y lamentó que esa fuerza opositora no haya respaldado la decisión del Gobierno de luchar contra la corrupción ni las medidas orientadas a fomentar la inclusión social.

El legislador Javier Diez Canseco recordó que el régimen de Alberto Fujimori se caracterizó por los escándalos de corrupción, conculcó los derechos de los trabajadores y creció la iniquidad en el país.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Gobierno anuncia auditoría internacional en Essalud para ver manejo de sus recursos

El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, anunció hoy, durante su presentación ante el pleno del Congreso de la República, que se realizará una auditoría de carácter internacional en Essalud para analizar el manejo de sus recursos.

Con el apoyo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se realizará un estudio actuarial, financiero y de gestión a la mencionada institución.

Además, Lerner Ghitis aseguró que el gobierno “garantizará la sostenibilidad y el equilibrio financiero de los fondos institucionales” de Essalud, para lo cual se ampliará la base contributiva y tributaria.

Más adelante, dijo que se desarrollarán las acciones necesarias para extender la cobertura de seguridad social “buscando los mecanismos técnicos para incluir a los trabajadores independientes e informales en la perspectiva de la seguridad social universal”.

Cabe recordar que, en los primeros días de agosto, el presidente de Essalud, Álvaro Vidal, explicó que si bien este año la institución tiene su presupuesto asegurado de 6.417 millones de soles para el 2012, habrá un déficit de 720 millones debido a la Ley 29351, que exonera del aporte por las gratificaciones de julio y diciembre.

Fuente: Noticia Local - El Comercio