El sustento del proyecto identifica que las barreras actuales afectan principalmente a estudiantes de zonas rurales que terminan la secundaria a mayor edad y a jóvenes urbanos que priorizan el trabajo para apoyar a sus familias. Para corregir esto, la propuesta plantea que el único criterio temporal sea el año de egreso del colegio, ampliando dicho plazo hasta cinco años antes de la postulación, eliminando así cualquier discriminación basada estrictamente en la edad del aspirante.
Según la congresista Ugarte, esta reforma no implica un gasto adicional para el Estado ni altera los estándares de mérito académico, ya que el número de vacantes se mantendría igual. El objetivo central es democratizar la competencia por las becas, permitiendo que el talento y la necesidad socioeconómica prevalezcan sobre criterios etarios que carecen de sustento técnico, garantizando un acceso a la educación más inclusivo y constitucional.

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