Presentan Hábeas Corpus contra García y dos ministros tras desaparición de once pobladores de comunidad Pichis Río Seco

Ayacucho, 30 / 09 / 2008

Los abogados de los pobladores desaparecidos en la comunidad Pichis Río Seco, en la provincia de Vizcatán (Ayacucho), presentaron un Hábeas Corpus ante el Poder Judicial de Huamanga, en contra del presidente Alan García, los ministros Luis Alva Castro (Interior) y Antero Flores Aráoz (Defensa), y el comandante general de Ejército, Edwin Donyare, por la desaparición forzada de once personas ocurrida el 14 de setiembre.

El documento fue firmado por los letrados Paola Capcha Cabrera y Willy Córdoba Pure, quienes estuvieron acompañados por el consejero regional de la provincia de Huanta, Zacarías Morales Castillo. Ellos anunciaron que acudirán ante las últimas instancias para aclarar el caso.

Según el corresponsal de Ideeleradio, la denuncia exige el esclarecimiento de los excesos cometidos contra la población civil de dicha zona del VRAE; de los cuales se han identificado a seis personas: Félix Canchaya Limachi, Maximiliano Jesús, Moisés Pichardo Fernández, Rosa Chávez Iguncha (5 meses de gestación), Fresia Linda Chávez Pichardo (2 años).

Lucy Pichardo Fernández, y el gobernador del distrito de Llochehua, acudió el pasado viernes a realizar la denuncia ante el Ministerio Público, por la desaparición de su esposo y de cinco familiares, pero no obtuvieron la atención debida, a pesar de existir indicios de que las Fuerzas Armadas realizaron una incursión en algunas localidades el VRAE en busca de supuestos remanentes de Sendero Luminoso.

Fuente: Ideele - Noticia Local

Segun Ipys Contraloría interpretó mal Ley de Transparencia

Lima, 30 / 09 / 2008

El jefe de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Javier Casas afirmó que la Contraloria General de la República, malinterpretó la Constitución al considerar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información está por debajo de ley orgánica que sustenta ese organo de control.

Casas Sardón dijo que esa una interpretación inconstitucional, pues ésta es una ley de desarrollo constitucional. “El contralor cree que tiene potestades superiores a los derechos fundamentales, y eso e inconstitucional y inconcebible en un Estado de Derecho”, afirmó.

“La Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública es un derecho fundamental de cualquier persona”, anotó el especialista de IPYS al tiempo de sostener que mediante esta ley, los ciudadanos pueden acceder a toda la información que produce el Estado, que se puede negar a cederlos, si la publicación de éstos puede afectar la seguridad nacional, o violar otros derechos legítimos, como el de la intimidad.

El último sàbado, el Contralor General de la República, Genaro Matute Mejía, afirmó que la información sobre los gastos operativos de los parlamentarios tiene "carácter intangible", mientras dure la auditoria que se realiza al Congreso.

Acerca de los expedientes administrativos sancionadores, y los judiciales, Casas afirma que según la ley, en el primer caso todos estos son públicos una vez finalizado el trámite o si al transcurrir seis meses, aún no se ha solucionado el litigio. En el segundo caso, quien tiene la última palabra es el juez que lleva el caso, y por estar amparado bajo normas, incluso anteriores a la constitución, puede considerarlos reservados. Pero según Casas, los legisladores han relativizado esta cuestión y permiten el acceso de ciertas personas a esta documentación.

Finalmente, Javier Casas afirmó que toda entidad pública tiene siete días hábiles para facilitar a cualquier persona, la información que ha solicitado”, y sólo se debe pagar por ella cuando se requiera sacar una copia a los documentos. Negarse o entorpecer el procedimiento de acceso a la información pública, implica el delito de abuso de autoridad.

Fuente: CNR - Noticia Local

Capacitan a emprendedores locales en Trujillo

Trujillo, 30 / 09 / 2008

Para fomentar la generación de nuevas empresas, innovadoras y competitivas a través del acceso a servicios de capacitación y asesoría para el fortalecimiento de capacidades emprendedoras y empresariales en la población trujillana, el Ministerio de Trabajo, a través de la Coordinación Regional del Programa Mi Empresa, inició la 2da. etapa del componente NIE (Nuevas Iniciativas Empresariales) el pasado sábado 27.

Los emprendedores locales y/ o los equipos que intervienen en esta etapa elaborarán un proyecto empresarial denominado "Plan de Negocio".

Para ello los participantes cuentan con el asesoramiento de facilitadores especializados, uno de ellos es la Consultora Empresarial Pacifico SAC, que capacita con el "Proyecto Empresarial Mi Plan de Negocio" a un número importante de emprendedores trujillanos que buscan iniciarse en el mundo empresarial con su propia actividad productiva.

Posteriormente los equipos participantes, presentarán sus planes de negocio a fin de ser evaluados por el comité técnico. Los mejores planes de negocios que sustenten mercado seguro, recibirán el apoyo para la suscripción de contratos comerciales y la articulación de financiamiento a través de instituciones financieras.

El propósito de esta etapa es despertar el espíritu emprendedor y empresarial de los participantes, así como fortalecer las capacidades en la formulación de planes de negocio. La capacitación permitirá impulsar la generación de empleo y mejorar la calidad de vida en nuestra región.

Los participantes son personas o grupos de hasta 5 personas con una idea de negocio definida, sea esta en producción, comercio, servicios o en artesanía. Están a cargo de la capacitación y asesorías en el componente NIE, instituciones y consultores especializados de reconocido prestigio y con importante experiencia en la implementación de nuevos negocios El ámbito de intervención de NIE abarca las zonas urbana y urbano-marginal de: Ancash, Arequipa, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Puno y Tacna.

Fuente: Oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad de Trujillo

Poder Judicial declara imprescriptible crimen en cuartel Los Cabitos - 1983

La Sala Penal Nacional confirmó la imprescriptibilidad de los delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada en agravio de Arquímedes Ascarza Mendoza, desaparecido en el cuartel Los Cabitos de Huamanga, Ayacucho el 2 de julio de 1983, por efectivos militares.

La resolución declara infundadas las excepciones de prescripción deducidas por el implicado, Coronel Julio Carbajal D'Angelo, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada en agravio de Arquímedes Ascarza Mendoza y otras cincuenta y dos víctimas.

Asimismo, considera que la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y la tortura son hechos crueles y atroces que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos; y en tal sentido, "deberá ser considerado como delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, saluda dicha decisión y la considera un paso importante en la búsqueda de justicia en el caso Los Cabitos, base militar en la que habrían desaparecido unas 138 personas entre 1983 y 1984, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Recientes exhumaciones en fosas de Los Cabitos arrojaron un hallazgo de restos de quince cuerpos que esperan ser identificados.

Datos:

Julio Carbajal D’Angelo prestó servicios, del 15 de agosto al 15 de diciembre del año 1983, en condición de Coronel de Infantería del Ejército Peruano en la Segunda Región Militar con sede en la ciudad de Ayacucho, asignado al Cuartel General de la Segunda División de Infantería BIM N° 51, conocido como “Cuartel Los Cabitos”.

La madrugada del 2 de julio de 1983, un grupo de fuerzas combinadas irrumpió en el domicilio de Arquímedes Ascarza Mendoza, ubicado en el asentamiento humano Ciudad Libertad de las Américas (Huamanga), deteniéndolo y obligándolo a acompañarlos.

El padre de la víctima, Estanislao Ascarza Barrón, pudo identificar a los captores como miembros del Ejército y la Policía de Investigaciones, pues vestían pantalones verdes, botas y capuchas negras, y portaban armas largas.

Angélica Mendoza, madre de Arquímedes, indicó que uno de los militares le dijo que acudiera al cuartel Los Cabitos al día siguiente, donde encontraría a su hijo, agregando que sólo pretendían tomarle una declaración. Días después un suboficial del Ejército le entregó una nota de su hijo y le manifestó que éste se encontraba detenido en el cuartel Los Cabitos.

Ana María Ascarza Mendoza, hermana de la víctima, dijo a la CVR que 15 días después de la detención se enteraron de que Arquímedes había sido subido a un helicóptero con otras 14 personas. Desde entonces no volvieron a tener noticias de él.

Fuente: Área de Comunicación APRODEH

Juramenta concejo regional de los derechos de los niños en Junín

Huancayo, 30 / 09 / 2008

Con la finalidad de garantizar la promoción, respeto y defensa de los derechos del niño y adolescente, y dando cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional 0641 – 2008 – GR-JUNÍN/PR, ayer (lunes) el Presidente Regional Junín, Vladimiro Huaroc Portocarrero, juramentó a los miembros del “Consejo Regional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la Región Junín”.

El Consejo en mención, es presidida por el Gobierno Regional Junín, y conformada por Instituciones Públicas y Privadas del ámbito de la región; entre ellas se encuentran: La Corte Superior de Justicia Junín, Ministerio Público del Distrito Judicial de Junín, Direcciones Regionales de Educación y Salud, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Perú, Municipalidades Provinciales, Instituto REDES, ONG EVERY CHILD, Aldeas Infantiles SOS Perú, y Alcaldes Escolares de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Huancayo, Chanchamayo y Yauli – La Oroya.

“Es una ardua tarea que les toca cumplir a esta nueva Junta Multisectorial”, declaró Huaroc Portocarrero, al momento de señalar que entre el objetivo principal es promover programas de prevención contra la discriminación, el maltrato, abandono, violencia familiar, abuso y explotación sexual, consumo de alcohol y drogas, y suicidio.

También, promover programas de sensibilización para proteger a los niños, niñas y adolescentes impartiendo normas de seguridad ciudadana y conformando brigadas de protección escolar conformados por estudiantes y padres de familia. “Es necesario también reducir el índice de maltrato en gestantes, niños y adolescentes para constituir familias saludables”, dijo.

Cabe señalar, que en la ceremonia de juramentación, el encargado de realizar el brindis de honor estuvo a cargo del Defensor del Pueblo, Adolfo Ibarra Gonzáles, quién expresó su voluntad de trabajar coordinadamente con las entes responsables a fin de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de esta parte del país, quienes sufren maltratos físicos y psicológicos por parte de las personas mayores.

Fuente: Oficina Regional de Comunicaciones de la Región Junín