29 may 2015

Puno: Prófugo Belaunde Lossio es traslado a Lima

El empresario Martín Belaunde Lossio dejó hoy la oficina de Migraciones en la región Puno, tras el procedimiento de entrega efectuado esta mañana por las autoridades de Bolivia en el puente internacional de Desaguadero.

Belaunde abandonó Migraciones portando un casco y bajo fuertes medidas de seguridad, a bordo de una camioneta de la Policía Nacional.

Según medios locales, el empresario será conducido vía terrestre hacia la ciudad de Juliaca, desde donde vendría por vía aérea a Lima.

Durante las diligencias en Migraciones, el empresario brindó su primer testimonio ante los representantes de la Fiscalía que forman parte de la comitiva peruana encargada de recibirlo luego de su captura en Bolivia.

Además, médicos legistas constataron el estado de salud del detenido, como parte del procedimiento de entrega.

En la firma del acta de entrega participó el ministro del Interior de Perú, José Luis Pérez Guadalupe, junto al presidente de Bolivia, Evo Morales.

Belaunde lucía esposado, con una casaca, un pantalón jean y la barba crecida. Abordado por la prensa atinó, por momentos, solo a sonreír.

El procurador anticorrupción, Joel Segura, quien también llegó a Desaguadero, precisó que la entrega de Belaunde se dio en calidad de extraditado.

Fuente: Noticia Local - Agencias

27 may 2015

Más de 3,000 menores fueron violadas sexualmente en los últimos 2 años

Más de 3,000 niños, niñas y adolescentes del Perú, especialmente de 12 a 17 años, sufrieron violación sexual entre enero del 2014 y abril del 2015, y en el caso de las mujeres estuvieron expuestas al riesgo de un embarazo, según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

Estadísticas del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Mimp revelan que durante el 2014 los centros de emergencia mujer (CEM) atendieron 2,276 casos de violación sexual a menores de 18 años y de enero a abril de este año, 778 casos. 

Los menores de edad constituyen el 70 por ciento de casos de violación sexual que los CEM reportaron de manera general en ese periodo, que fueron en total 4,225 (incluyendo a jóvenes, adultos y adultos mayores). Los casos son más frecuentes en Lima, seguidos de La Libertad, Junín, Arequipa y Cusco.

El grueso de los menores abusados sexualmente se sitúa entre los 12 y 17 años de edad, que en el 2014 constituyó el 46 por ciento; seguidos de menores de 6 a 11 años, que representaron el 26 por ciento de la incidencia de violación sexual en el mismo año.

Fuente: Noticia Local - Agencias

El 52% de limeños respalda despenalizar aborto en casos de violación sexual

El 52% de limeños aprueba la despenalización del aborto en casos de violación sexual y el 67% opina lo mismo cuando está en peligro la vida de la mujer, según una encuesta sobre este polémico tema.

Si bien en la víspera la comisión de Justicia del Congreso de la República archivó el proyecto que planteaba la despenalización en caso de agresión sexual a la mujer, el sondeo de opinión pública realizado por Ipsos Apoyo en la capital recoge que el 50% de los encuestados está de acuerdo con la interrupción del embarazo cuando se observa que el feto va a convertirse en un niño o niña con graves deficiencias.

Sin embargo, la encuesta revela también que los encuestados están en desacuerdo con el aborto cuando la madre es soltera (92%), cuando carece de recursos económicos para criar a su hijo o hija (85%), y rechazan que una mujer tenga el derecho al aborto cada vez que así lo decida (83%).

Respecto a la consideración de la práctica del aborto, el 49% de los encuestados piensa que es moralmente incorrecto, el 31% cree que no es un tema moral, el 11% afirma que es moralmente aceptable, y el 9% no precisa.

La encuesta fue realizada del 12 al 15 de mayo por Ipsos Perú por encargo del diario El Comercio, a un universo de 506 encuestados de Lima Metropolitana, hombres y mujeres de 18 años a más. El margen de error es de más menos 4.4%.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Breña: retirarán 250 vehículos abandonados y mal estacionados

La Municipalidad de Breña retirará 250 vehículos mal estacionados y en estado de abandono en sus calles, anunció el alcalde distrital Ángel Wu.

Explicó los propietarios de estos 250 autos no se han acercado a la municipalidad pese recibir una notificación con 48 horas de anticipación.

Agregó que acuerdo a la Ordenanza N°430-2015-MDB/CBD, aquellos autos que estén estacionados por más de quince días, y que presenten signos de estar inmovilizados serán llevados por una grúa al depósito municipal.

Anotó que estos vehículos abandonados son utilizados por gente de mal vivir como depósitos, habitaciones y para el consumo de drogas y alcohol.

"Se ha podido comprobar que en estos carros hay frazadas, inclusive se ha encontrado un televisor, cables; funciona también como un taller en la vía pública y, con toda razón, la población se ha quejado", manifestó.

La autoridad edilicia aseguró que con la Ordenanza aprobada ningún vehículo en estado de abandono podrá permanecer en las calles de Breña.

Fuente: Noticia Local - Agencias

21 lenguas originarias del Perú corren riesgo de desaparecer

Veintiuna de las 47 lenguas originarias que se hablan actualmente en el Perú corren el riesgo de desaparecer y se sumarían a las 35 lenguas ya extintas, por lo que se requiere fortalecer su uso en los distintos ámbitos educativos, sociales y políticos. 

Vidal Carbajal, especialista de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, señaló que estas lenguas en riesgo de extinción pertenecen a 21 pueblos amazónicos, como los ashaninkas, bora, yanesha, jacaru, kukama kukamiria, chamicuro y muniche, entre otros.

Ellos viven en zonas apartadas y son pequeñas en términos de población, por lo que afrontan dificultades de integración con el resto del país. A ello se suma que históricamente han sido desatendidas por el Estado.

Recordó que hay 35 lenguas que ya no se hablan pero de las que se tiene conocimiento por documentos históricos. Entre estas figuran los idiomas aguano, andoa, atsahuaca, awshira, capallén, chango, cholón, hibito, mayna, otanave, panatahua, sensi, walingos y yameo. Sin embargo, precisó que hay dos lenguas (mochica y uro) que están en proceso de recuperación.

"Al mantenerse viva una lengua, se mantiene con ella una cultura, un pensamiento distinto, una peculiar visión del mundo y una nueva forma de contribuir al conocimiento humano", subrayó el experto.

En ese sentido, señaló que el Ministerio de Educación viene desarrollando el enfoque intercultural en todo el sistema educativo nacional, en coordinación con las direcciones generales y oficinas del Ministerio de Educación e Instancias de Gestión Educativa Descentralizada.

Asimismo, desarrolla programas de producción y validación de material educativo y cultural lingüísticamente pertinentes, tanto en lenguas originarias como en castellano, en todas las etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales.

Promueve también la participación de la sociedad civil y los usuarios directos de la Educación Intercultural Bilingüe y Rural, teniendo en cuenta la existencia de formas de organización propias.

Fuente: Noticia Local - Andina

24 may 2015

Aumenta a más de S/.2 mlls. robo a beneficiarios de Juntos


Según “Cuarto Poder”, S/.1’390.000 desaparecieron de agencias del Banco de la Nación de los distritos de Bambamarca y Cajabamba, en la región Cajamarca. Este millonario robo de dinero afecta a los beneficiarios de los programas sociales Juntos y Pensión 65. 

El robo habría sido realizado por Julia Sánchez Meoño y Edwin Huamán Bravo, cajeros del banco, y por Paolo Mejía Vásquez, quien se desempeñaba como gestor del programa Juntos.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, los cajeros se coludieron con Mejía Vásquez, quien les habría entregado la lista completa de los beneficiarios para que estos sustrajeran el dinero de sus cuentas bancarias. La mayoría de víctimas eran campesinos iletrados. Según las pesquisas, Sánchez y Huamán atendían a los usuarios de los programas en la ventanilla del banco y, cuando los tenían frente a ellos, hacían otras dos transacciones al mismo tiempo sin que los afectados se enteraran.

El robo perpetrado por Sánchez y Huamán se suma al que se conoció la semana pasada, también por “Cuarto poder”, de S/.1’080.000, efectuado por Enma Quiroz Medina y Víctor Raúl Díaz Ruiz, quienes también eran trabajadores del Banco de la Nación.
Desfalco fue informado

En Junio, el jefe de la unidad territorial de La Libertad del programa Juntos, Gustavo Stein, entregó un informe a los superiores del programa advirtiendo el robo de dinero a las beneficiarias de Huamachuco. Lejos de tomar alguna acción, la directora nacional del programa Juntos, Ana Alvarado, decidió archivar el informe. Asimismo, Stein fue despedido hace unos días tras realizar el informe.

La funcionaria aceptó ser responsable del problema y afirmó haber puesto a disposición su cargo. Además, dijo que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social ya conoce del problema. La funcionaria ya ha sido removida de su cargo. 

Posición del gobierno

Tras el lamentable hecho, el gobierno procedió a realizar una afrenta legal contra el Ministerio Público de Cajamarca para que se investigue el delito bajo la modalidad de peculado, mientras que para el Ministerio Público se trata de un hurto agravado. La Fiscalía de Cajamarca sostiene que el dinero pertenece a particulares; es decir, dinero de los beneficiarios que fueron robados. Mientras que el Estado considera que el dinero es fondo público por lo que el MIDIS y el Banco de la Nación son también afectados. 

"Nuestra preocupación, lamentablemente, es que la Fiscalía está viendo esto como un hurto simple cuando es un hurto agravado. No ha robado un funcionario cualquiera, sino que ha robado un fucionario que ha trabajado en el banco que administra fondos del Estado", opinó el procurador Joel Segura. 

Luego de destaparce el hecho, el Banco de la Nación envió a su abogado a solicitar con el Fiscal Superior de Cajamarca Alfredo Rebaza que anule la resolución que investiga provicionalmente por hurto agravado. Se le advirtió que sería acusado con sus superiores por tener relación con cajeros investigados. El noticiero comprobó posteriormente que dicha reunión sí se dió, pero los asistentes no eran los cajeros; sino que se trataba de la propia periodista y el camarógrafo del noticiero.

Fuente: Noticia Local - América TV - La Repúblca - El Comercio

Perú, corrupción, impunidad y futuro: El diezmo como piedra angular

Por Oswaldo Carpio Villegas

En todo el país el diezmo es parte del "negocio de la política". Es una forma nefasta por la cual los políticos-delincuentes consideran que al llegar al gobierno tienen "derecho" a recibir el 10 por ciento -algunos más- de todas las inversiones, servicios e, incluso, en algunos casos, de los sueldos que ganan sus gerentes y asesores. En el Congreso de la República algunos malos congresistas exigen a sus asesores que les entreguen una suma superior al 10 por ciento de sus remuneraciones.

La cultura política peruana está infectada por el diezmo, considerado algo normal en el quehacer político. ¿Cómo se ha llegado a esta situación por la cual el Estado peruano y, por ende, los ciudadanos sufren el robo de sus impuestos?

Un arquitecto que diseñó un sistema de transporte novedoso para el país en los años 80, me contaba que su proyecto interesó en el más alto nivel del gobierno nacional de entonces. Recibió una llamada telefónica por la cual fue invitado a almorzar para conversar sobre su propuesta, reunión en la que estarían él, el asesor presidencial y el presidente. Terminado el almuerzo, el gobernante afirmó que el proyecto estaba aprobado. Antes de retirarse, invitó a su asesor y al arquitecto a que intercambiaran tarjetas a fin de que volvieran a reunirse. Pocos días después, el arquitecto recibió la llamada del asesor presidencial. Almorzaron y la pregunta fue directa: - Arquitecto, muy bien, dígame, ¿Cómo es, cuál es la comisión? La respuesta del proyectista fue tajante: él vendía su propuesta al Estado y "no había comisión alguna". El asesor replicó: - Así no se hace política, tenían que ponerse de acuerdo en la "comisión". Ante el rechazo, el asesor presidencial dio por terminada la reunión reafirmando que así no era la política. El proyecto de transporte se hizo con otra empresa. Tiempo después la empresa con la que se llegó a un acuerdo fue acusada de corrupción y su representante "investigado". Todo quedó en un escándalo mediático más del cual salieron bien librados el asesor y el gobernante. El tiempo, la prescripción y el control del Poder Judicial hicieron su labor.

Según informa el MEF en los últimos 45 meses la inversión pública del Estado peruano fue de S/. 106,917 millones. Estamos hablando de un diez por ciento equivalente a más de 10 mil millones de soles. La inversión se ejecuta a través del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales. Sabemos que hay ex ministros y vice-ministros que hoy están en nuevos partidos porque el objetivo es llegar al Tesoro Público, que ocuparon carteras estratégicas en gobiernos anteriores, ingresaron quebrados o sin recursos y hoy poseen restaurantes, negocios y propiedades que no tenían antes de ocupar esos cargos. Igual entre gobernantes regionales y locales. En la estrategia de la corrupción el siguiente paso es llegar al Congreso para usar la inmunidad parlamentaria como impunidad y victimizarse como perseguidos políticos cuando se les acusa, ingresar a un grupo parlamentario y saltar a otro según las circunstancias. Incluso con enorme cinismo hablan contra la corrupción en el Congreso y en las campañas electorales. Se ha creado un cartel de corruptos en el Congreso que la gente ha bautizado con la frase "otorongo no come otorongo".

¿Cómo es posible todo esto? Porque el Estado, la Contraloría, el Congreso y demás entidades como el Poder Judicial y el Ministerio Público no cumplen su función. El Poder Judicial, desaprobado por más del 80% de los peruanos, está penetrado y es prisionero de los corruptos que tienen estrategias como retardar los procesos a fin que lograr la prescripción con lo cual salen libres y sin sentencia. Otra forma, es que el atestado policial favorezca al corrupto o que se redacte en forma contradictoria lo que facilita que la fiscalía archive el caso o que el fiscal redacte la acusación de tal forma que el juez no pueda acusar y "devuelva" el expediente.

El crimen organizado y los corruptos han penetrado el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la PNP, las notarías, los Registros Públicos, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, la prensa regional y local, etc.

En todo el país hay temas pendientes como las cartas-fianza falsas, laudos arbitrales hechizos, coimas pagadas a autoridades corruptas para que cierren casos de escándalo: obras abandonadas o mal construidas o simplemente dejadas en el olvido mientras la prescripción avanza y los ciudadanos carecen de servicios básicos como el agua. ¿Cuántos procesos se han abierto? ¿Cuántos han prescrito? ¿Cuántas autoridades procesadas están en prisión? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántas obras están abandonadas? ¿Por qué son pocos los que cumplen las normas? ¿Por qué la sociedad es cada vez más violenta? ¿No hay una relación entre la impunidad de las autoridades y la acción de la delincuencia?

El mayor costo para el Perú e Ica es moral, porque al haberse instalado la cultura de la impunidad e institucionalizado la coima del 10 por ciento o "diezmo" y la falta de respeto a las normas, se ha arrastrado a todos a un grave deterioro de la vida social. Los delincuentes comunes se han vuelto más violentos porque en su forma de ver la sociedad, consideran que si los políticos roban impunemente, ¿por qué ellos no lo pueden hacer? El mal ejemplo se propaga de arriba hacia abajo.

La cultura de la corrupción ha ingresado a la médula de la sociedad y Estado. Está destruyendo al país. ¿No es nuestro deber luchar porque las nuevas generaciones tengan un futuro de vida decente que garantice a las familias libertad, seguridad, derecho a la vida, educación, propiedad, progreso, justicia y dignidad?

Según informa el MEF en los últimos 45 meses la inversión pública del Estado peruano fue de S/. 106,917 millones. Estamos hablando de un diez por ciento equivalente a más de 10 mil millones de soles. La inversión se ejecuta a través del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales. Sabemos que hay ex ministros y vice-ministros que hoy están en nuevos partidos porque el objetivo es llegar al Tesoro Público, que ocuparon carteras estratégicas en gobiernos anteriores, ingresaron quebrados o sin recursos y hoy poseen restaurantes, negocios y propiedades que no tenían antes de ocupar esos cargos. Igual entre gobernantes regionales y locales. En la estrategia de la corrupción el siguiente paso es llegar al Congreso para usar la inmunidad parlamentaria como impunidad y victimizarse como perseguidos políticos cuando se les acusa, ingresar a un grupo parlamentario y saltar a otro según las circunstancias. Incluso con enorme cinismo hablan contra la corrupción en el Congreso y en las campañas electorales. Se ha creado un cartel de corruptos en el Congreso que la gente ha bautizado con la frase "otorongo no come otorongo".

¿Cómo es posible todo esto? Porque el Estado, la Contraloría, el Congreso y demás entidades como el Poder Judicial y el Ministerio Público no cumplen su función. El Poder Judicial, desaprobado por más del 80% de los peruanos, está penetrado y es prisionero de los corruptos que tienen estrategias como retardar los procesos a fin que lograr la prescripción con lo cual salen libres y sin sentencia. Otra forma, es que el atestado policial favorezca al corrupto o que se redacte en forma contradictoria lo que facilita que la fiscalía archive el caso o que el fiscal redacte la acusación de tal forma que el juez no pueda acusar y "devuelva" el expediente.

El crimen organizado y los corruptos han penetrado el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la PNP, las notarías, los Registros Públicos, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, la prensa regional y local, etc. Las organizaciones criminales han traficado oro, cocaína, lavado activos, asesinado, se han apropiado de bienes públicos y privados, han difamado, interceptados teléfonos, fabricado laudos arbitrales, documentos, firmas; consiguieron atestados policiales favorables, se afiliaron a partidos políticos y fueron candidatos a cargos públicos estratégicos. Existen planillas secretas de dinero del crimen que ha pagado a ex magistrados dedicados a reclutar a autoridades judiciales y fiscales en actividad. Los operadores de mafias de los años 90 se reciclaron y sirvieron a las nuevas. Pero, pareciera, que no pasa nada.

Nos encontramos frente a temas pendientes como las cartas-fianza falsas, laudos arbitrales hechizos, coimas pagadas a autoridades corruptas para que cierren casos de escándalo: obras abandonadas o mal construidas o simplemente dejadas en el olvido mientras la prescripción avanza y los ciudadanos carecen de servicios básicos como el agua, carreteras, hospitales, postas médicas, escuelas, etc. ¿Cuántos procesos se han abierto? ¿Cuántos han prescrito? ¿Cuántas autoridades procesadas están en prisión? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántas obras están abandonadas?

¿Por qué la sociedad es cada vez más violenta? ¿Por qué son pocos los ciudadanos los que cumplen las normas? ¿No hay una relación entre la impunidad de las autoridades y la acción de la delincuencia?

El mayor costo para el Perú es moral, porque al haberse instalado la cultura de la impunidad e institucionalizado la coima del 10 por ciento o "diezmo" y la falta de respeto a las normas, se ha arrastrado a todos a un grave deterioro de la vida social. Esta impunidad en Ancash que comenzó con la disputa por el "diezmo" ya estaba instalada en Tumbes, Cajamarca y en otras regiones y provincias como Chiclayo en las que se ha saqueado el dinero público. Todo ello es ocultado por una prensa regional y local corrupta y cooptada, porque si se pusiera todo esto al descubierto se podría originar una enorme explosión social. Hay autoridades que están libres cuando en sus gobiernos el sistema de corrupción ha sido similar al de Ancash sólo que sin los asesinatos que fueron el detonante que los condujo a ser descubiertos. Mientras no se escaló en el asesinato todo en Ancash iba "normal": los policías corruptos cobraban su coima, los fiscales no acusaban y los jueces daban libertad, mientras los sicarios cometían sus crímenes y daban muerte a los testigos.

Los delincuentes comunes se han vuelto más violentos porque en su forma de ver la sociedad, consideran que si los políticos roban impunemente, ¿por qué ellos no lo pueden hacer? El mal ejemplo se propaga de arriba hacia abajo.

La cultura de la corrupción ha ingresado a la médula de la sociedad y Estado. No es sólo una organización criminal. Son varias. Algunas en el poder se atacaron, se interceptaron los teléfonos, se amenazaron de muerte y hubo asesinados. Todo eso está en el olvido porque hay una estrategia destinada a ello, estrategia que está destruyendo al país.

¿No es nuestro deber luchar porque las nuevas generaciones tengan un futuro de vida decente que garantice a las familias libertad, seguridad, derecho a la vida, educación, propiedad, progreso, justicia y dignidad? ¿No tenemos derecho los peruanos decentes a sentir que nuestro país es respetado en el mundo y que los peruanos trabajadores tienen éxito y sus hijos tienen futuro? ¿Es normal que los extorsionadores asesinen a los dueños de colegios y a los guardianes de estos colegios? Es muy claro: el mal ejemplo se replica por la delincuencia con una violencia cada vez mayor. Estamos todos advertidos. Conocer el origen, la causa, la génesis de todo esto es clave. Abandonar el idiotismo moral es fundamental porque se trata de salvar el país que ha crecido económicamente pero ha retrocedido moral e institucionalmente.

Nota del Editor: Las opiniones vertidas en éste artículo son de exclusiva responsabilidad del autor. 

10 may 2015

Nutrición de la mujer determina su fertilidad, embarazo y lactancia

Los nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud afirmaron que una buena alimentación en la mujer, puede tener un efecto positivo en su fertilidad, en el progreso del embarazo, parto, recuperación y lactancia.

De igual forma, es uno de los factores determinantes que contribuye a disminuir el riesgo de un parto prematuro y/o bajo peso al nacer, los mismos que se asocian con mortalidad infantil.

“Una buena alimentación, sin excesos ni déficits nutricionales, adecuada en cantidad y variedad durante el embarazo, favorece la mejor adaptación de la mujer a los cambios propios de la gestación; así como a prevenir la anemia y otras enfermedades”, precisó la nutricionista del INS Rosa Elena Cruz.

Señaló que si la anemia se presenta sobretodo en el último trimestre del embarazo y no se realiza una ligadura tardía del cordón umbilical (el corte del cordón debe realizarse 2 a 3 minutos después del parto), la madre no podrá transferir suficiente hierro de reserva al niño, lo que puede ocasionar anemia en los primeros tres meses de vida, afectando el desarrollo del cerebro y de su sistema inmunológico.

¿Qué alimentos debe incluir una gestante en su dieta?

La especialista en nutrición recomendó el consumo diario de alimentos que contengan hierro de alta calidad o absorción, como son los de origen animal. 

“Incluir todos los días en su alimentación sangrecita, bazo, bofe, riñón, corazón y cualquier otra víscera, además de pescado (2 a 3 veces por semana), carne de res, cuy, pavo, entre otros”, indicó.

Explicó que el hierro de origen animal se puede absorber hasta un 40% de la cantidad que contienen, mientras que en caso del hierro de origen vegetal solo se absorbe un 5%.

Suplemento

Cruz manifestó que es importante que desde las 14 semanas de embarazo y hasta dos meses después del parto, la mujer reciba un suplemento de hierro y otros micronutrientes que le ayude a cubrir sus requerimientos, los que en esta etapa se encuentran notablemente incrementados.

“Durante el embarazo, la mujer requiere diariamente 27 mg de hierro. Estos nuevos requerimientos difícilmente pueden ser cubiertos por la alimentación, especialmente en poblaciones que tienen un bajo consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal”, expresó.  

Datos

·         Durante el embarazo, la gestante puede sospechar que tiene anemia cuando presenta fatiga, cansancio, palidez e inapetencia.

·        Se diagnostica anemia cuando el valor de la hemoglobina de la mujer es menor a 11 g/dl, siempre y cuando el lugar donde viva sea menor a los 1000 m.s.n.m.  

·         Durante sus controles de embarazo, la gestante debe recibir hierro y ácido fólico en los establecimientos de salud.

Fuente: Prensa Instituto Nacional de Salud

Rinden homenaje a madres de niños con discapacidad

Sonrisas, alegría y un ambiente festivo, fue lo que se vivió en la celebración por el Día de la Madre que organizó el Departamento de Desarrollo Psicomotor del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN (INR), adscrito al Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), en homenaje a las madres de los niños que día a día reciben atención especializada en este establecimiento de salud.

Este departamento atiende a menores de edad, cuyos diagnósticos médicos son diversos van desde la parálisis cerebral, retardo en el desarrollo, hasta alteraciones genéticas y congénitas; condiciones que no les impidieron disfrutar junto a sus madres de una mañana donde el amor y la ternura se manifestaron en todo su esplendor.

Se presentaron números artísticos, durante los cuales los pequeños pacientes interactuaron con el equipo multidisciplinario del Departamento de Desarrollo Psicomotor y permitieron evidenciar el buen trabajo que desarrollan este grupo de profesionales.

La jefa del Departamento de Desarrollo Psicomotor, Dra. María del Carmen Rodríguez Ramírez, resaltó el valioso aporte de las madres en la rehabilitación de sus menores hijos.

También se hizo presente Dr. Luis Miguel Farro Uceda, director adjunto del INR, quien hizo llegar el saludo de la Dirección General a todas las madres asistentes al agasajo, destacando su abnegada labor y su fuerza interior para conseguir el logro de sus objetivos.

Fuente: Instituto Nacional de Rehabilitación

INFORME: La lucha por no ser declarado “incapaz”

Bryan Russell tiene 22 años, es graduado en periodismo por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y habla inglés; pero cuando quiso ser socio junto con un compañero de la universidad en una empresa no pudo hacerlo; los prejuicios y la desconfianza asaltaron las dudas sobre su capacidad jurídica para realizar un acto notarial pues el joven tiene Síndrome Down.

A pesar de que no exista una norma que impida este tipo de actos, el Código Civil establece que “son relativamente incapaces los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad”. “El ejemplo de Bryan Russel es muy similar al de muchas otras personas que tienen que recurrir a procesos de interdicción para poder satisfacer una serie de ámbitos de la vida diaria”, explica Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (Sodis).

La interdicción es el proceso mediante el cual se declara judicialmente la incapacidad absoluta o relativa de determinadas personas mayores de edad para el ejercicio de sus derechos. Cuando una persona es interdictada no puede votar, ni firmar sola un contrato, tampoco podrá casarse, ni sacarse por sí misma una tarjeta bancaria, decidir sobre una herencia, reclamar alimentos, tramitar una pensión de orfandad o registrar una microempresa. A través de este proceso se designa a un cuidador o representante denominado “curador” que es la persona que tomará todas las decisiones. En el Perú hay más de un millón y medio de personas con discapacidad, de las cuales miles han sido interdictadas para poder realizar algún trámite o reclamar un beneficio.

Los padres de Bryan Russell le enseñaron a no ponerse límites. Desde el día en que supieron que su hijo tenía síndrome Down se “concentraron en lo que Bryan podía hacer, no en lo que no podía hacer”, comenta su madre Gladys Mujica.  De esa filosofía nació el entusiasmo del joven por aprender, así pasó a ser el primer peruano con síndrome Down graduado en universidad. Sus objetivos están concentrados ahora en su inserción laboral, en estudiar una maestría y viajar.  “Es importante sentirse igual a los otros, porque ello nos da la fuerza para alcanzar lo que queremos hacer”, explicó Russell en su ponencia en el Foro Internacional de Educación Inclusiva en Colombia en noviembre del 2014. No resulta extraño entonces el rechazo que muestra el joven y la familia por la interdicción.

En el Perú, el 90% de los procesos de interdicción “corresponden a casos de personas de escasos recursos económicos que lo único que desean es que el familiar presuntamente incapaz (quien ha adquirido la mayoría de edad) continúe recibiendo atención médica en un centro de salud estatal, y a casos en que los padres del pre interdicto gozan de alguna pensión y desean, ante su eventual fallecimiento, que ésta se traslade al hijo incapaz”, según los datos ofrecidos por la juez de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jenny López, en la revista Jurídica. De hecho, para obtener una pensión de orfandad por incapacidad para el trabajo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) exige a las personas con discapacidad mental e intelectual una sentencia pese a que no está establecido este requisito en la normativa.


“Esta idea permanente de que no son capaces de realizar trámites legales o actos jurídicos por sí mismos, es una barrera que van a encontrar todas las personas con discapacidad a lo largo de sus vidas”, declara el abogado Alberto Vásquez. “Nunca me deje intimidar por nadie. Demasiada gente te dice lo que no puedes hacer”, afirma Bryan Russell. Mujica recuerda cuando Bryan fue a cobrar por primera vez un cheque en el banco y abrir una cuenta, “siempre miran con desconfianza. La gente no está acostumbrada”. El trabajador del banco le sugirió la necesidad de una firma mancomunada, pero finalmente no fue necesaria.

“El sistema jurídico en prácticamente todo el mundo presupone la incapacidad de las personas con discapacidad, y el pensamiento de que éstas no son capaces de tomar sus propias decisiones”, explica Liliana Peñaherrera, presidenta de la Sociedad Peruana Síndrome Down (SPSD). “El sistema propuesto es proporcionar apoyos para que alguien te apoye a tomar esa decisión. Que una persona requiera de un apoyo para realizar un trámite o para ejercer un derecho no significa que deba perder el derecho a tomar una decisión o a renunciar a todos sus otros derechos”, sentencia Vásquez.

Reforma del código civil

“La solución es cambiar el Código Civil, que es la última reforma pendiente importante para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el Perú”, propone el presidente de SODIS. La Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad (CEDIS), creada por la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973), ha presentado un anteproyecto de ley que propone reformar más de 80 artículos del Código Civil. Con esta modificatoria se busca que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin restricciones, y que la discapacidad no suponga en ningún caso una restricción a su capacidad para celebrar actos y contratos jurídicos.

Como mandato, la CEDIS tenía que formular, en el plazo de un año, un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil y demás normas que fueran necesarias a fin de guardar correspondencia con lo establecido en la Ley General de la Persona con Discapacidad y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).  “Estamos pidiendo que se forme un comisión de trabajo conjunta con la de Inclusión y Justicia que termine este proyecto de reforma para que pueda ser discutido en el pleno y sea aprobada una ley”, explica Peñaherrrera.

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Estado peruano está obligado a derogar la práctica de la interdicción judicial y a revisar las leyes que permiten la curatela de personas con discapacidad.

Fuente: Prensa SODIS

4 may 2015

Línea 2 del Metro de Lima: plan de desvíos en la Carretera Central

Desde el jueves 14 de mayo serán cerrados cinco kilómetros de la Carretera Central, entre la avenida César Vallejo, en Ate Vitarte, hasta la calle Minería, en Santa Anita, para empezar la construcción del túnel y cinco estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima.

Para llevar a cabo un plan de desvío de manera efectiva y agilizar el tránsito en la zona, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 han coordinando la participación de la Policía Nacional del Perú, la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima y las municipalidades distritales del sector.

El director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), José Zárate Garay, informó que el plan de desvíos responde a una planificación anticipada por la envergadura del proyecto, sobre la base de estudios técnicos para el diseño de las rutas para cada tipo de transporte, y considera las características de la red vial de la ciudad.

Además, señaló que este plan cuenta con la autorización respectiva de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

"Para ello se viene efectuando adecuaciones y mejoramientos en las vías para el inicio del desvío, así como señalización reflectiva para que los conductores puedan orientarse fácilmente tanto de día como de noche", anotó.

Zárate Garay informó que se cuenta con un plan de difusión de la obra, que se ha venido efectuando con antelación mediante charlas y capacitación a los vecinos y usuarios del sector.

Asimismo, dijo que se han colocado paneles o gigantografías en las zonas aledañas, se ha elaborado material informativo como volantes y folletos para dar a conocer los desvíos y las rutas alternas para los diversos modos de transporte.

"También se encuentra operativa la atención en una oficina informativa, tres módulos de información en puntos estratégicos y una línea telefónica gratuita (0800-44004). Además, se ha coordinado con las instituciones y negocios más importantes ubicados a lo largo de los poco más de cinco kilómetros que serán cerrados, para determinar las vías de acceso a cada uno de ellos", precisó.

Plan de desvíos

El funcionario detalló que según el plan de desvíos aprobado por la AATE, los vehículos de transporte público que vengan desde Chosica con dirección al Centro de Lima tendrán dos alternativas desde la avenida César Vallejo.

La primera empieza en dicha arteria y continúa por las avenidas Los Ángeles y 22 de Julio con dirección de nuevo hacia la Carretera Central y de allí a la avenida Separadora Industrial hasta llegar a la Evitamiento, por donde se podrá retomar la Carretera Central.

La otra alternativa es empezar en la avenida César Vallejo y seguir por las avenidas Metropolitana, Santa Ana, Colectora Industrial, Elias Aguirre, Rosales, Abutardas, Ruiseñores, 7 de junio, Bolognesi, Celedonio de la Torre hasta llegar a la calle Minería, por donde se podrá retomar de nuevo a la Carretera Central.

Del mismo modo, las unidades de transporte urbano que vengan por la Carretera Central con dirección a Ate deberán tomar la calle Santa Rosa, Maria Curie, Los Castillos hasta la avenida Separadora Industrial y luego retomar la Carretera Central.

Los vehículos pesados de carga podrán circular por la Autopista Ramiro Prialé como ruta alterna, tanto para dirigirse al Centro de Lima como hacia Chosica. También se contemplan desvíos por las avenidas Metropolitana, Los Chancas, Camino Real, Cesar Vallejo hasta la avenida José de la Riva Agüero hasta llegar a la avenida Nicolás Ayllón.

Los vehículos particulares podrán circular por cualquiera de las rutas antes señaladas pero disponen como alternas las avenidas Javier Prado y la autopista Ramiro Prialé. Del mismo modo, se mantendrá libre transito para cruzar la Carretera Central por las avenidas La Molina, a la altura del Óvalo de Santa Anita, y La Cultura, a la altura del Mercado Mayorista de Santa Anita.

Fuente: Noticia Local - Andina

Deslizamientos restringen tránsito en carretera Fernando Belaunde Terry

Debido a los constantes deslizamientos de rocas a consecuencia de las lluvias intensas, el tránsito en la carretera Fernando Belaunde, en el kilómetro 282 al 288, región Amazonas, continúa restringida, reveló el responsable del Indeci Desconcentrado, José Luis Mateo Medina.

Añadió que las lluvias pronosticadas se han concentrado en dicho tramo, desde el sector el Tingo hacia la zona de  Pedro Ruiz, provincia de Bongará.

"Por más que se realizan las labores de limpieza aún no puede normalizarse el tránsito, porque los deslizamientos son constante y cada vez obstaculizan la vía", puntualizó.

El deslizamiento más fuerte, dijo, ocurrió el jueves 30 de abril, en el distrito de Jazán, provincia de Bongará, y el personal ha trabajado jueves y el  viernes feriado, por lo que pudo reabrirse ese mismo día en la tarde, y se volvió a cerrar el sábado nuevamente porque estuvo lloviendo.

Ayer a  las 17:00 horas aproximadamente, otro deslizamiento afectó tramos de la vía,  y representantes de la empresa Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA Norte) informó que la maquinaria pesada continúa realizando trabajos de limpieza. 

Mateo Medina precisó que el tramo más crítico se ubica en el kilómetro 286, donde se registró una caída grande de material que incluso cerró un acceso que se había hecho para el libre desplazamiento vehicular. "Por eso, ahora se está reabriendo la carretera en forma intermitente", anotó.

Agentes de la Policía Nacional del Perú continúan brindando seguridad en la zona.

La carretera Fernando Belaunde Terry es afectada por deslizamientos desde el pasado 26 de febrero, y hasta el momento se ha reportado 6 muertos  y 4 heridos, indicó el Indeci.  

Fuente: Noticia Local - Andina

15 mil localidades del interior tendrán electricidad gracias sistema fotovoltaico

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) suscribió un contrato de inversión con la empresa Ergon Perú S.A.C. para la instalación de 150 mil sistemas fotovoltaicos (paneles solares) que suministrarán de energía eléctrica a 15 mil localidades alejadas del país que no cuentan con redes tradicionales de electricidad. 

Asimismo, se firmaron los contratos de servicio entre Ergon Perú S.A.C. y 11 empresas distribuidoras de energía que se encargarán de gestionar una red de atención a los usuarios.

El contrato de inversión fue suscrito por el viceministro de Energía, Raúl Pérez-Reyes Espejo y el representante de Ergon Perú S.A.C., Jorge Bravo Robles.

De acuerdo al cronograma de ejecución, la puesta en operación comercial de las primeras 2 mil instalaciones fotovoltaicas está prevista para agosto de 2015, mientras que en agosto de 2016 deberán estar operando 149 mil instalaciones como mínimo. Es así que para diciembre de 2018 se prevé llegar a 500 mil instalaciones fotovoltaicas que suministrarán de energía eléctrica a igual número de hogares.

Es importante destacar que con este proyecto también se beneficiará a más de 2 mil escuelas rurales del país, que podrán contar con el servicio de electricidad.

El contrato suscrito tiene una vigencia de 15 años (culmina el 30 de agosto de 2031), fecha hasta la cual el inversionista se encargará de la operación y mantenimiento de las instalaciones, que posteriormente se transferirán a las 11 empresas distribuidoras eléctricas mencionadas anteriormente que están bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 

Cabe mencionar que Ergon Perú S.A.C es una empresa cuyo accionista mayoritario es el Grupo Tozzi Holding S.R.L., de origen italiano, que tiene presencia en Europa y a nivel internacional por la realización de proyectos de energía renovable.

La oferta económica con la que dicha empresa se adjudicó la bueno pro del proyecto fue de una remuneración anual de 11 millones 351 mil 664 dólares por la zona norte del país, 8 millones 860 mil 950 dólares por la zona centro y 8 millones 370 mil 054 dólares por la zona sur.

Fuente: Prensa del Ministerio de Energía y Minas