¿Se imagina tener que luchar por su vida y, al mismo tiempo, temer por perder su sustento diario? Esta dura realidad golpeó a 36 trabajadores en el 2025 y ya suma 30 casos en lo que va del 2026, según datos de la
Sunafil. Para frenar en seco esta injusticia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), liderado por el ministro
Freddy Solano González, presentó el reglamento del
Decreto Supremo N.° 008-96-TR. Esta normativa histórica fortalece la protección laboral tanto en el sector público como en el privado, estableciendo de forma contundente que cualquier despido motivado por esta enfermedad, su tratamiento o sus consecuencias será considerado completamente nulo. Como bien señaló el paciente
Miguel Paz Baldera, este decreto revalora la vida y cierra una brecha histórica al impedir que las empresas desvinculen a las personas por su salud.
Más allá de la estabilidad: Adaptar el empleo para sanar sin miedo
La nueva normativa no solo funciona como un escudo contra el despido, sino que actúa como un puente para adaptar el entorno laboral a las necesidades médicas del trabajador. El reglamento enfatiza la obligación de los empleadores de aplicar "ajustes razonables" en el puesto de trabajo. Estos cambios obligatorios buscan que las funciones sean compatibles con el estado de salud del empleado, garantizando condiciones seguras y dignas sin que esto afecte en absoluto su remuneración. Las personas que enfrentan el cáncer necesitan concentrarse en su recuperación y, como recordó la paciente Ana María Hi López, este reglamento reconoce por fin esa realidad, eliminando la incertidumbre de perder la fuente de ingresos en el momento más vulnerable.
Las empresas deberán implementar las siguientes facilidades médicas y laborales:
Modalidades flexibles: Implementación del teletrabajo y flexibilización de la jornada laboral.
Adecuación del entorno: Adaptación de las condiciones físicas de trabajo.
Reasignación de tareas: Asignación de funciones afines que sean compatibles con su situación médica.
Un llamado a la empatía y a la fiscalización rigurosa
Para que este reglamento no se quede solo en el papel, el ministro Solano González exhortó activamente a la Sunafil y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) a potenciar las acciones preventivas, de supervisión y de difusión de estos derechos. Asimismo, las autoridades hicieron un fuerte llamado a los empleadores para que dejen de ver estas adaptaciones como una simple carga legal y empiecen a asumirlas como una muestra de responsabilidad social corporativa. En la ceremonia de presentación de esta norma también estuvieron presentes la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, y la congresista Marleny Portero López, autora del proyecto de ley, respaldando este avance que busca transformar las oficinas y entidades en espacios libres de discriminación.
