¿Puede un juez perder su carrera por advertir que la ley está favoreciendo al crimen?
Esta es la interrogante que hoy sacude los pasillos del Palacio de Justicia tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar a Oswaldo Ordóñez Alcántara. Lo que para muchos expertos es un ejercicio de libertad de expresión técnica, para la mayoría de los consejeros de la JNJ representó un "exceso político". La salida del presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima no es un trámite cualquiera; es el desenlace de una tensa cronología que inició cuando el magistrado llevó su voz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alertar sobre el impacto de las reformas legislativas en la seguridad del país.
El "pecado" de la opinión técnica
El corazón del debate en la JNJ se centró en la participación de Ordóñez ante la CIDH en noviembre de 2024. Mientras que algunos sectores defienden que un juez debe ser un observador silencioso, el informe del consejero Cayo Galindo —respaldado por la mayoría del pleno— argumentó que el magistrado cruzó la línea roja de la imparcialidad. Se le cuestiona haber señalado que una "mayoría parlamentaria desestabiliza el sistema de justicia", una frase que la JNJ ha interpretado como una postura política incompatible con la investidura judicial. Es, en palabras sencillas, un choque de trenes entre el deber de reserva y el deber de advertencia ante normas que debilitan la lucha contra la criminalidad.
Puntos clave de la controversia
La resolución que deja fuera a Ordóñez se sostiene sobre argumentos que ponen en duda su independencia futura en procesos donde el Congreso sea parte. Aquí los pilares de la decisión:
- Crítica a las ‘leyes procrimen’: Se reprocha su advertencia sobre leyes que prescriben delitos de lesa humanidad y favorecen la minería ilegal.
- Postura ante el Poder Político: La JNJ considera que señalar una "coordinación entre el Congreso y el Gobierno" afecta la imagen de objetividad del juez.
- Conflicto de procesos: A pesar de que Ordóñez advirtió que ya era investigado disciplinariamente por lo mismo, la JNJ decidió que estos hechos también pesaban para su ratificación.
- Votación dividida: Solo dos consejeros, Francisco Távara y Jaime de la Puente, votaron a favor de mantenerlo en sus funciones.
¿Qué sigue para la justicia constitucional?
La salida de Ordóñez deja un vacío en una de las salas más importantes de la capital, justo en un momento de alta conflictividad jurídica. Aunque el magistrado tiene el derecho de presentar un recurso de reconsideración, el panorama sugiere que la decisión es firme. El siguiente capítulo de esta historia probablemente se escribirá en los juzgados constitucionales, donde Ordóñez buscará, mediante una acción de amparo, recuperar el cargo que la JNJ le ha retirado. Este caso marca un hito sobre los límites de la voz de los jueces en la esfera pública y el delicado equilibrio de poderes en el Perú actual.
