Durante la intervención, liderada por la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional, se incautaron 52 stands, cuyo valor supera los 2 millones de dólares. Estos puestos, según las autoridades, eran utilizados para la comercialización de dispositivos de procedencia ilícita, tipificándose el delito de receptación agravada. La acción de incautación se realizó bajo los parámetros de la ley de extensión de dominio, lo cual permite que los bienes involucrados en delitos pasen a manos del Estado.
La intervención en Las Malvinas representa un golpe significativo a la estructura delictiva que opera en la comercialización de celulares robados y busca, según las autoridades, no solo debilitar la cadena de comercio ilegal sino también enviar un mensaje claro sobre la firmeza del Estado en la lucha contra estos delitos. Asimismo, se destacó la importancia de estas acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos y desalentar el mercado negro de celulares, que se nutre del robo a diario.
Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables directos de estos actos delictivos, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada.
