Entre la especialización y la igualdad ante la ley
El hemiciclo se convirtió en el escenario de un tenso choque ideológico sobre la naturaleza de la justicia en el país. Por un lado, promotores como Alejandro Muñante (Renovación Popular) defienden que la medida garantiza una "justicia objetiva y especializada" que verdaderamente comprende la labor policial. En la otra acera, la oposición, liderada principalmente por bancadas de izquierda y voces como Susel Paredes (Cambio Democrático), criticó duramente la propuesta bajo el argumento de que "delincuente es delincuente, tenga uniforme o no", señalando que la norma quiebra la igualdad ante la ley y otorga un estatus especial injustificado frente a delitos comunes.
Alertas rojas sobre los Derechos Humanos
Ampliación del delito de función: Especialistas como Carlos Rivera (IDL) advierten que la nueva redacción califica toda conducta ilícita por acción u omisión bajo este término, abriendo la puerta a que delitos comunes pasen al fuero militar.
Efecto retroactivo encubierto: Se teme que la norma busque aplicarse a casos vigentes del presente, protestas sociales o del Conflicto Armado Interno, afectando procesos sensibles como la reciente matanza de Colcabamba.
Grave precedente judicial: El proyecto obliga a la Corte Suprema a privilegiar la jurisdicción militar-policial, lo que ha sido catalogado por expertos como un atentado directo contra la independencia y autonomía del Poder Judicial.
El camino de esta iniciativa aún no ha terminado, pues las alarmas constitucionales ya están encendidas ante un inminente retroceso legal. La parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático) recordó antecedentes históricos de impunidad en los años 90, como los casos de Marcelino Valencia y Zacarías Pasco, advirtiendo que de ratificarse la norma en la segunda votación —programada antes del cierre de la legislatura el 24 de junio— se configurará una ley inconstitucional que facultará de manera inmediata la presentación de demandas ante el Tribunal Constitucional para frenar lo que consideran un mecanismo de injusticia hacia los ciudadanos.
Fuente: La República.
