Entre el aplauso del arte y el susurro del "contrabando" legislativo
¿Es posible que una ley diseñada para celebrar y regular el talento artístico del país esconda un golpe directo a la gestión de uno de los gremios más poderosos de Lima? Con 83 votos a favor, el Pleno del Congreso dio luz verde a la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú, una entidad largamente esperada que promete autonomía y personería jurídica para músicos, bailarines y artistas plásticos. Sin embargo, lo que debió ser una jornada de reivindicación cultural terminó bajo la sombra de la sospecha debido a una cláusula introducida a último minuto: una "disposición de contrabando" que impide a personas inhabilitadas para la función pública liderar colegios profesionales.
El arte como escudo: Un gremio que nace con controversia
El corazón de la norma establece una estructura nacional y descentralizada para los profesionales titulados de escuelas superiores y universidades, buscando elevar el estándar ético y gremial de la cultura peruana. No obstante, el "ruido" político no proviene de las artes escénicas, sino del impacto que esta cláusula tendría sobre figuras como Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Voces en el Parlamento han calificado esta inclusión como una medida con nombre propio, diseñada para desplazar a autoridades que hoy resultan incómodas para ciertos sectores políticos, bajo el pretexto de regular un nuevo colegio profesional.
Puntos clave del nuevo panorama gremial:
Identidad Artística: Se integran especialidades de artes visuales, música, danza y artes escénicas en una entidad de derecho público.
El "Criterio Montalvo": La disposición adicional prohíbe que ciudadanos con inhabilitaciones previas integren consejos directivos, una medida que no fue deliberada en comisiones originales.
Reacción en el CAL: La decana Delia Espinoza ha calificado la norma como una "arbitrariedad" que busca acallar su gestión frente al gremio de abogados.
Transición Directiva: Se instalará un primer Consejo Directivo Nacional encargado de redactar el Código de Ética en un plazo de 30 días.
Este escenario nos deja frente a una paradoja agridulce. Mientras Lima y sus regiones ganan una institución necesaria para proteger el patrimonio cultural y los derechos de sus creadores, la técnica legislativa utilizada —el uso de textos sustitutorios para fines ajenos al espíritu de la ley— debilita la confianza institucional. La norma queda ahora expedita para su promulgación, dejando en el aire una pregunta incómoda: ¿estamos fortaleciendo a los profesionales del Perú o utilizando la ley como una herramienta de ajedrez político para remover piezas en el tablero del poder?
Fuente: La República.
