Las Fuerzas Armadas se han sumado a la lucha contra la minería ilegal que junto con el narcotráfico son una amenaza para el país, sostuvo hoy el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP Leonel Cabrera Pino.
Dijo que el Ejército, Marina y Fuerza Aérea apoyan a la Policía Nacional del Perú (PNP) en labores de interdicción en distintas zonas donde hay actividad minera ilegal a nivel nacional, en una acción conjunta con la colaboración además del Ministerio Público.
Señaló que el gobierno del presidente Ollanta Humala dispuso el apoyo de las Fuerzas Armadas a la PNP en la tarea de destruir maquinarias y desalojar las zonas donde se extrae material de manera ilegal.
Advirtió que la minería ilegal y el narcotráfico son una amenaza para el país y cuando se juntan los problemas pueden ser mayores.
Precisó que las fuerzas del orden han actuado en las localidades de Chala (Arequipa), Pisco (Ica), Juliaca (Puno) y Madre de Dios, entre otros lugares del país, donde la minería ilegal causa daño al ecosistema y perjudica a la población en esas zonas.
"Lo importante del trabajo conjunto de las fuerzas del orden es mantener el principio de autoridad que debe haber en el país, y que los mineros informales trabajen en el marco de la ley", subrayó Cabrera Pino.
El máximo jefe militar dijo que cuando son convocadas, las Fuerzas Armadas se hacen presentes en los lugares donde son requeridas, y operan coordinada y conjuntamente con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
"Hay un gran empeño de las fuerzas del orden de trabajar de manera conjunta", expresó quien fuera también uno de los integrantes del comando Chavín de Huántar, que rescató a los rehenes de la residencia del embajador de Japón en Lima en 1997, cuando fue tomada por un grupo subversivo.
Cabrera Pino sostuvo que la minería ilegal genera daño al país y mencionó como ejemplo el caso de río Ramis, en Puno, contaminado por esta y que afecta a la población que vive en las cercanías de la cuenca del río.
Indicó que similares problemas se presentan en Madre de Dios, donde además la minería ilegal depreda los bosques y perjudica la ecología de la zona.
El Gobierno ha ofrecido apoyar a los que desean formalizar sus actividades y realizan otros trabajos. "El derecho de unos termina donde comienzan los derechos de los otros. Cuando se presentan problemas con el resto, entonces tiene que intervenir el Estado", manifestó.
En ese sentido, instó a toda la sociedad en su conjunto, las fuerzas del orden y otras instancias a actuar unida para enfrentar este problema. "Ya que los resultados van a rebotar en beneficio de todos los peruanos", finalizó.
Dijo que el Ejército, Marina y Fuerza Aérea apoyan a la Policía Nacional del Perú (PNP) en labores de interdicción en distintas zonas donde hay actividad minera ilegal a nivel nacional, en una acción conjunta con la colaboración además del Ministerio Público.
Señaló que el gobierno del presidente Ollanta Humala dispuso el apoyo de las Fuerzas Armadas a la PNP en la tarea de destruir maquinarias y desalojar las zonas donde se extrae material de manera ilegal.
Advirtió que la minería ilegal y el narcotráfico son una amenaza para el país y cuando se juntan los problemas pueden ser mayores.
Precisó que las fuerzas del orden han actuado en las localidades de Chala (Arequipa), Pisco (Ica), Juliaca (Puno) y Madre de Dios, entre otros lugares del país, donde la minería ilegal causa daño al ecosistema y perjudica a la población en esas zonas.
"Lo importante del trabajo conjunto de las fuerzas del orden es mantener el principio de autoridad que debe haber en el país, y que los mineros informales trabajen en el marco de la ley", subrayó Cabrera Pino.
El máximo jefe militar dijo que cuando son convocadas, las Fuerzas Armadas se hacen presentes en los lugares donde son requeridas, y operan coordinada y conjuntamente con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
"Hay un gran empeño de las fuerzas del orden de trabajar de manera conjunta", expresó quien fuera también uno de los integrantes del comando Chavín de Huántar, que rescató a los rehenes de la residencia del embajador de Japón en Lima en 1997, cuando fue tomada por un grupo subversivo.
Cabrera Pino sostuvo que la minería ilegal genera daño al país y mencionó como ejemplo el caso de río Ramis, en Puno, contaminado por esta y que afecta a la población que vive en las cercanías de la cuenca del río.
Indicó que similares problemas se presentan en Madre de Dios, donde además la minería ilegal depreda los bosques y perjudica la ecología de la zona.
El Gobierno ha ofrecido apoyar a los que desean formalizar sus actividades y realizan otros trabajos. "El derecho de unos termina donde comienzan los derechos de los otros. Cuando se presentan problemas con el resto, entonces tiene que intervenir el Estado", manifestó.
En ese sentido, instó a toda la sociedad en su conjunto, las fuerzas del orden y otras instancias a actuar unida para enfrentar este problema. "Ya que los resultados van a rebotar en beneficio de todos los peruanos", finalizó.
Fuente: Noticia Local - Andina
