De no recibir una respuesta satisfactoria, los transportistas han advertido que convocarán a una nueva jornada de paralizaciones por 48 horas. El sector ha presentado formalmente siete exigencias clave para garantizar la seguridad e integridad de choferes, cobradores, pasajeros y personal afectado. Entre las demandas más urgentes se incluye el fortalecimiento inmediato de la Unidad Operativa contra la Extorsión con mayor presupuesto y tecnología, la implementación de protocolos efectivos de reserva de denuncias y la sanción y bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a actividades extorsivas.
Además, los gremios exigen al Gobierno la aprobación urgente del reglamento de la Ley N° 32490 sobre medidas extraordinarias contra el sicariato y extorsión, así como un análisis y modificación de las leyes 31990, 32108 y 32181 que, según ellos, estarían generando impunidad. También solicitan establecer una política de acción legal y control territorial específica frente a la participación de extranjeros en actividades delictivas. Finalmente, el gremio Transportes Unidos reafirmó su disposición al diálogo institucional y responsable con las máximas autoridades, siempre que sea en aras de velar por la seguridad y la continuidad del servicio público.








