Denuncian plagio en plan de gobierno de César Acuña

El medio Altavoz detectó similitudes entre el plan de gobierno de Alianza para el Progreso con un informe elaborado por la Municipalidad de Lima y el Banco Mundial.

 “Lo curioso, por decir lo menos, de todo el asunto es que las citas extraídas del documento son justamente aquellas en las que se habla del concepto de “pobreza moral”, y cómo ésta degenera en pandillaje y vandalismo. El vandalismo de ideas (como el que representa la omisión de nombrar el autor original), por supuesto, no se menciona”, explicó Altavoz en su informe sobre el plan de gobierno del partido de César Acuña.

Según explica el medio, el plagio que denuncian se sustenta en que las referencias al informe elaborado por la consultora MaximiXe para el Banco Mundial no están citadas dentro del documento. “En otros casos, las citas no son literales, sino que los párrafos han sido “recreados” con fragmentos de otros textos”, agregó.

Altavoz informó que Jorge Chávez Álvarez, economista director de MaximiXe, declaró en una entrevista al medio que la falta de referencias también fue detectada por su empresa, pero que lamentablemente el JNE no permite rectificaciones. Agregó que los “errores” se debieron a la premura en plazos para presentar el documento.

La consultora MaximiXe fue la misma que elaboró el documento del plan de gobierno de César Acuña para las elecciones del 2016. Asimismo, Chávez Álvarez es actualmente miembro del equipo de asesores del candidato de Alianza para el Progreso.

Por si fuera poco, en otros casos los párrafos fueron “recreados” con fragmentos de otros textos. “Las personas con pobreza moral arraigada desde la niñez son propensas a caer en el vicio del alcohol y las drogas o en un estado de vagancia, siendo su ingreso a la delincuencia una situación difícil de revertir”, refiere el plan de Acuña.

En el informe del BM (página 72), se lee que “las personas que padecen de una pobreza moral arraigada desde la niñez, pero también lo es en aquellos que caen en el vicio del alcohol y las drogas o se quedan por buen tiempo en un estado de vagancia. (…) Tanto en personas mayores como en jóvenes, su ingreso a la delincuencia es una situación difícil de revertir”.

El diario precisa que Jorge Chávez Álvarez, director de la consultora Maximixe, les confirmó que la misma empresa ha asesorado a APP con su plan de trabajo.

Fuente: Altavoz - La República - Semana Económica - Exitosa

Luciana León es denunciada por la Procuraduría ante la Fiscalía de la Nación

Foto: Andina

La congresista Luciana León Romero fue denunciada por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado ante la Fiscalía de la Nación tras las denuncias en su contra sobre un desbalance patrimonial publicadas por el semanario Hildebrant en sus trece.

La acusación, presentada por el procurador Cristian Salas ante la Fiscalía de la Nación, solicita que se levante el secreto tributario, bursátil y bancario de la parlamentaria a partir del 2005.

El documento de la procuraduría señala, según informó el diario Correo, que "las cifras y justificaciones expuestas" por León Romero, para explicar la forma en que logró adquirir dos departamentos y cuatro plazas de cochera valorizados en S/.1"814.371 con su sueldo de congresista, "resultan inconsistentes.

Asimismo, la denuncia da cuenta de la omisión en que incurrió la legisladora aprista al no haber informado que en el 2012 también compró un vehículo valorizado en 36,400 dólares.Al respecto, el documento señala que la denunciada habría usado el dinero de sus gastos de representación para asuntos personales.

Por esas razones, el documento indica que "siendo obligación de todo servidor y funcionario público ser totalmente transparente en sus ingresos y egresos (...) resulta necesario realizar las indagaciones pertinentes (...) a efectos de determinar si existe o no un desbalance patrimonial de la citada funcionaria".

Fuente: Noticia Local / Andina

Candidato a Barranco denuncia rotura de paneles

Antonio Mezarina, ex alcalde de Barranco, y quien hoy postula a la alcaldía del mismo distrito denuncia la 'guerra sucia' que se estaría ejerciendo en su contra tras encontrar los paneles en pro a su elección totalmente rotos.

En tanto, el ex alcalde hace un llamado a la calma y pide que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) supervise y sanciones este tipo de actos bandálicos a fin de que esta última semana de campaña se desarrolle de manera transparente.

Fuente: Noticia Local

Condenan a 35 años de cárcel a acusados por homicidio de Walter Oyarce

El Poder Judicial condenó a 35 años de prisión a David Sánchez Manrique Pancorvo, "Loco David", y a José Luis Roque Alejos, "Cholo Payet", al considerarlos autores de homicidio calificado por provocar la caída del joven hincha aliancista Walter Oyarce desde uno de los palcos del estadio Monumental, en setiembre del 2011.

El Colegiado "B" de la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel, que preside el juez superior Carlos Escobar, dictaminó que los principales acusados cometieron este crimen con alevosía al acudir desde la tribuna en que observaban el clásico de fútbol "U"-Alianza hasta el palco donde Oyarce Domínguez presenciaba el partido, con la intención de agredirlo.

Ambos acusados y otros tres procesados también fueron condenados por el delito contra la paz pública y disturbios en agravio del Estado.

La sentencia menciona que están probados los disturbios en los palcos C-128 y C-130 de la zona sur del Estadio Monumental. Agrega que al encontrarse en desventaja numérica ante disturbios, Oyarce trató de regresar al palco C-128 apoyándose en la baranda de vidrio, lo que habría sido aprovechado por "Cholo Payet" para levantarle la pierna izquierda, mientras que el "Loco David" lo golpeó en el pecho empujándolo desde una altura de ocho metros.

La caída y el golpe sufrido en la cabeza al impactar contra el suelo provocaron un severo traumatismo cerebral que desencadenó en la muerte instantánea de Walter Oyarce.

Según la sala, si bien el crimen se realizó con alevosía, dado que los acusados se aprovecharon de Walter Oyarce, quien estaba prácticamente indefenso mientras se retiraba del palco, no puede establecerse que se hizo con ferocidad porque fue el resultado de un enfrentamiento entre barristas.

Quedó determinado que la muerte ocurrió a consecuencia de tres momentos definidos conforme lo ratificaron peritos de la parte civil. La sala desestimó las tachas de la defensa legal de los procesados contra los testigos y periodistas que presentaron pruebas en su contra.

Además de la condena, el tribunal estableció el pago un millón de nuevos soles como reparación civil a favor de los deudos directos del agraviado. Además, fijó una reparación civil de 50 mil nuevos soles para ambos por el delito contra la paz pública y disturbios.

Según la sentencia, en vista que se encuentra detenido desde el 28 de setiembre del 2012, David Sánchez Manrique Pancorvo saldrá de prisión el 27 de setiembre del 2047, en tanto que José Roque Alejos, detenido desde el 29 de setiembre del 2011, saldrá de la cárcel el 28 de setiembre del 2046.

El fallo condenó también a seis años de cárcel a Fabricio Ruiz Esquerre y Richard José Valverde Sifuentes por delito contra la paz pública y disturbios en agravio del Estado; así como a Gustavo Manrique Aliaga por obstrucción de la justicia en agravio del Estado. Este último deberá pagar la suma de 6 mil nuevos soles como reparación civil a favor del Estado.

Tras escuchar de pie gran parte de lectura de la resolución judicial, que se prolongó por casi tres horas, los acusados decidieron interponer recurso de nulidad, por lo que esta apelación del caso será visto por la Corte Suprema para un pronunciamiento definitivo. Por su parte, el Ministerio Público se reservó el derecho de apelación.

Durante parte de la lectura de la resolución judicial en la sala que se encuentra ubicada en los ambientes del penal de Lurigancho, los acusados escucharon de pie cada una de las consideraciones mencionadas.

Los deudos de la víctima y los familiares de los acusados también oyeron con atención la lectura del fallo. Ambos grupos estaban sentados en bancas separadas un metro de distancia.

En vista de la gran cobertura periodística de este caso y de la presencia de los familiares, la Policía Nacional dispuso la presencia de tres patrulleros en las afueras del penal de Lurigancho, a fin de garantizar la seguridad y el orden público.

Fuente: Noticia Local - Andina

Poder Judicial abrió proceso penal contra Carlos Burgos

El Segundo Juzgado Penal de Lima abrió proceso contra el alcalde Carlos Burgos por el caso de la falsa declaración en su hoja de vida y uso de documentos falsos durante el proceso electoral del 2010.

De acuerdo al comunicado, la instancia del Poder Judicial decidió abrir proceso recogiendo las denuncias planteadas por el Jurado Nacional de Elecciones, en torno a que habría mentido al dar información relacionada a su educación.

"En mérito a la denuncia formulada por el Jurado Nacional de Elección, el Segundo Juzgado Penal para Reos Libres de Lima abrió proceso penal con mandato de comparecencia restringida contra el alcalde de San Juan de Lurigancho", dice el comunicado citado por Canal N.

La orden dada por el juez Luis Sánchez Gonzales también dispuso el embargo preventivo de los bienes del alcalde y el impedimento de salida del país.

Canal N indicó que el alcalde no habría culminado sus estudios secundarios en el colegio Carlos Gutiérrez de Chepén  (La Libertad) ni en el colegio Juan José  Crespo y Castillo razón por la cual los certificados de la Universidad Inca Garcilaso también serían falsos.

Fuente: Noticia Local – El Comercio

Empresa canadiense Bear Creek demandaría al estado peruano

Escribe: José De Echave C.

La empresa minera canadiense, Bear Creek, anunció que ha presentado una notificación de arbitraje al amparo del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Canadá.
Como se sabe, Bear Creek es el titular del proyecto minero de Santa Ana en el sur de Puno, que fue paralizado en los últimos meses del gobierno de Alan García, luego de varias semanas de protestas de la población.

La empresa señala que la decisión del gobierno peruano afectó sus intereses y está amenazando con una demanda que será presentada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es uno de los tribunales de arbitraje más utilizados y que pertenece al Grupo del Banco Mundial.

La empresa argumenta que la decisión del gobierno de García las afectó de diferentes maneras. No solo sus derechos fueron suspendidos, sino las acciones de la compañía cayeron en la Bolsa de Toronto. Por lo tanto, la demanda no será solamente por los montos que la empresa habría invertido en el proyecto minero, sino por los daños y perjuicios y lo que en los TLC se conoce como las expectativas de ganancia futura de la empresa.

Cuando se hacen los balances y los análisis de los costos y beneficios de la implementación de los TLC en el Perú, nunca se mencionan el aumento de demandas en contra el Estado peruano por empresas extranjeras, que viene utilizando los beneficios que le brindan los capítulos de protección a las inversiones de los TLC.

Cabe señalar que desde la firma del primer TLC por el Perú (2006), las denuncias de inversionistas en contra del Estado peruano se han elevado notoriamente: como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en la actualidad las demandas de inversionistas en contra del Estado peruano ya bordean los US$ 6 mil millones y como lo demuestra el caso Bear Creek, la lista de demandas y las sumas reclamadas por las empresas no cesan de aumentar.

Fuente: Noticia Local - CooperAcción

Crecimiento exponencial de patrimonio de alcalde de SJL generó denuncia

El hallazgo de un gran número de bienes muebles e inmuebles de su propiedad registrados a nombre de diversas empresas, lo mismo que un nutrido récord de viajes al exterior no justificados, fundamentaron la denuncia del congresista Yehude Simon Munaro contra el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos José Burgos Horna, su ex asesora Jessica Karina Oviedo Alcázar y el teniente alcalde  de ese municipio David Nestares Silva.

La demanda por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ahora acogida por el fiscal de la Nación José Peláez Bardales, fue presentada por el parlamentario del Partido Humanista el pasado 30 de enero.

La adquisición de dos casas en la exclusiva playa Totoritas, en el distrito de Mala, efectuada al "cash" a un costo de 50 y 60 mil dólares fue revelada por La República el 22 de febrero.

En Registros Públicos, Burgos Horna aparecía a comienzos de año como titular de una veintena de inmuebles y propietario de más de 40 vehículos, que las indagaciones posteriores han multiplicado.
El 2010, la fiscal Patricia Esther Torres Manrique estimó el patrimonio del burgomaestre en 10 millones de soles, pero la investigación fue truncada por un hábeas corpus a favor de Burgos.

Gran parte de estos bienes figuran a nombre de empresas de su propiedad –este es el caso de Publibur S.A. y Publicidad y Servicios Generales Boga S.A.–, y de otras abiertas en sociedad con su ex asesora edil Jessica Karina Oviedo Alcázar y con el actual teniente alcalde de SJL, David Nestares Silva.

La investigación fiscal ha encontrado que las transacciones inmobiliarias se intensificaron en los años siguientes.

En junio y octubre del 2012, Jessica Oviedo adquirió un paquete de bienes inmuebles a nombre de la razón social Grupo Jezzy SAC (constituida en enero de 2008), de la que es su representante legal. Destaca el departamento de la calle 30 en la urbanización Mariscal Castilla, distrito de San Borja, al precio de 432 mil soles; y dos estacionamientos y un depósito en la misma calle.

Se sabía que Jessica Karina Oviedo Alcázar, ex asesora y socia del alcalde Carlos Burgos Horna, viajó a los Estados Unidos el 29 de enero del presente año, un día antes de ser denunciada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En plena investigación, Jessica Oviedo retornó al país  discretamente para una estancia de dos meses (del 9 de abril al 9 de junio), lapso en el que compró un nuevo departamento en el mismo distrito de San Borja.
El apartamento de estreno tiene un área de 92 metros cuadrados con una terraza de igual extensión y está ubicado en el último nivel de un edificio de cuatro pisos en la segunda cuadra de la Calle 29.

Fue comprado a un costo de 132 mil dólares americanos, según consta en la escritura pública firmada el 5 de abril. El precio es considerado de ocasión en el mercado inmobiliario.

El interés de Oviedo Alcázar por el negocio inmobiliario no era nuevo. En julio del año 2004 ya se había hecho de un chalet frente al parque Boto Bernales, en La Victoria. La transacción alcanzó la suma de 58.418 soles.

En lo que concierne al teniente alcalde David Nestares, Registros Públicos da cuenta de ocho vehículos comprados a su nombre, cinco de ellos adquiridos antes de que suscribiera su hoja de vida ante el JNE, y los tres vehículos restantes en fecha posterior.

La hipótesis del denunciante congresista Yehude Simon Munaro es que estos tres funcionarios públicos, el alcalde Carlos Burgos, su ex asesora Jessica Oviedo y el teniente alcalde David Nestares, se han enriquecido indebidamente valiéndose del ejercicio irregular de sus cargos a partir del 2007, en que Carlos Burgos asumió la alcaldía del distrito, y en lo que va de su segunda gestión.

Con el dinero ilícitamente  procurado habrían adquirido diversas propiedades inmuebles y vehículos tanto en forma directa así como a través de personas jurídicas con el fin de legitimar su patrimonio.

DATOS
Carlos Burgos posee una casa de 2.500 metros de extensión, que destaca en el lugar por sus ocho pisos.

Empresaria. Jessica Oviedo trabajó para la Municipalidad de San Juan de Lurigancho de febrero del 2007 a marzo del 2009. Tiempo en que adquirió y vendió propiedades inmuebles y vehiculares, y se inició como accionista de empresas.

Fuente: Noticia Local – La República

Helicóptero presentado por Carlos Burgos no cuenta con permiso para volar

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, presentó el flamante helicóptero que su municipio compró para el serenazgo. Sin embargo, el aparato en cuestión ha recibido más críticas que felicitaciones. La mayoría con fundamento.

Este helicóptero es un modelo R44 de la marca norteamericana Robinson, bastante popular en la aeronáutica mundial. En el Perú, y a partir del 2010, la aviación del Ejército y el gobierno regional del Callao tienen helicópteros como estos.

Este municipio pagó 534, 300 dólares por este helicóptero a ABAD Air Inc como consta en el contrato suscrito el 26 de diciembre del año pasado. La firma norteamericana se compromete a entrenar a un piloto, un mecánico y asesorar al municipio para lograr la certificación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil de nuestro país. Ninguna de estas dos cosas se ha hecho hasta el momento.

Además la aeronave el día miércoles sí operó y lo hizo sin los procedimientos requeridos. Se consultó a la Dirección General de Aeronáutica Civil para conocer el estado de la matrícula de esta aeronave, pero según la institución no han recibido ninguna solicitud de permiso de la Municipalidad para operar un helicóptero destinado a la seguridad ciudadana. Tampoco por parte de la empresa Abad Air o su filial Heli – Abad SAC.

El helicóptero podrá tener el emblema del municipio, el nombre del alcalde y estar recién pintado, pero no tiene matrícula, ni permiso para volar.

Ver Video: 

Fuente: Noticia Local -Cuarto Poder

Pescador Salvador Aliaga es denunciado penalmente por cazar delfines

La Procuraduría especializada en delitos ecológicos y ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM) logró identificar al sujeto.

Lo denunciaron penalmente por el delito contra los Recursos Naturales en la modalidad de Extracción ilegal de Especies Acuáticas y solicitó a la Fiscalía Provincial especializada en materia ambiental de Arequipa iniciar las investigaciones correspondientes.

“La única manera de poder extraer delfines del mar es cuando se realiza exclusivamente con fines de investigación científica o de difusión cultural para acuarios, zoológicos y delfinarios, y con previa autorización del Instituto del Mar del Perú – IMARPE”, indicó Julio Guzmán, procurador público del MINAM.

El ciudadano arequipeño Salvador Aliaga Canoza, identificado con DNI 29627332, podría ser condenado con pena privativa de la libertad de hasta cinco años. “Las imágenes prueban que no se trata de una pesca incidental del delfín, la cual podría ocurrir si se realiza pesca con redes; en este caso, se ve claramente que Aliaga Canoza pesca con anzuelo”, puntualizó el procurador.

Según las leyes peruanas, la extracción, procesamiento y comercialización de los delfines, toninos, chanchos marinos, marsopas, bufeos y otros cetáceos menores está prohibida (Art. I de la Lay N° 26585). Las personas que infrinjan esta ley incurren en el delito de tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre protegida; así como extracción ilegal de especies acuáticas, que se sanciona con una pena privativa de la libertad de hasta cinco años.

ALERTA EN REGIONES

Ante las recientes imágenes de la matanza de delfines y la pesca de tiburones de tallas menores a las reglamentarias difundidas por algunos medios y asociaciones sin fines de lucro, la Procuraduría especializada en delitos ecológicos y ambientales del MINAM alertó a 15 fiscalías del litoral peruano.

A través de oficios solicitó a los fiscales citar a las asociaciones de pescadores artesanales para informarles sobre la normativa que prohíbe la pesca de especies protegidas; así como advertirles sobre los delitos en los que estarían incurriendo y las sanciones a las que tendrían que atenerse en el caso de no cumplir la ley.

Además, se ha solicitado a las fiscalías desarrollar acciones preventivas en puertos, terminales pesqueros, mercados y en altamar.

Asimismo, se ha pedido a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) intensificar las labores de vigilancia marítima, especialmente en la zona de las cinco millas, donde frecuentemente desarrollan actividades los pescadores artesanales.

Fuente: Noticia Local – Diario La Primera

Suspenden y denuncian constitucionalmente a Urtecho

Por unanimidad, la Comisión de Ética del Congreso acordó hoy suspender por 120 días al congresista Michael Urtecho y denunciarlo constitucionalmente al haber encontrado evidencias que confirman las denuncias de recorte de sueldos formuladas por sus extrabajadores.

El informe de la Comisión de Ética precisa que, de acuerdo con el testimonio de los extrabajadores, era el mismo Urtecho quien les indicaba que los sueldos serían recortados y que sería su esposa, Claudia Gonzales, la encargada de administrar las tarjetas bancarias con las cuales se realizarían los retiros del dinero.

A ellos, según el informe, se les entregaba en efectivo una cantidad bastante inferior al sueldo que el Congreso les pagaba realmente, como en el caso de la extrabajadora Manuela Chávez, a quien le hacían depósitos mensuales de 800 nuevos soles en una cuenta personal, cuando su remuneración era de 4,086.39 soles.

Se precisa, incluso, que a estos trabajadores se les retenía el íntegro de la bonificación mensual por refrigerio que el Congreso entrega a sus servidores y el pago de las gratificaciones.

La comisión pudo demostrar, con los estados de cuenta de los extrabajadores, la veracidad del testimonio dado por Carlos Gálvez, exchofer del congresista, quien declaró que solía llevar al parlamentario y a su esposa hasta los cajeros de la avenida Raúl Ferrero, en La Molina y en San Isidro, para hacer los retiros. 

En el caso de la extrabajadora Evelyn Goicochea, se ha establecido que existen 50 retiros de su cuenta en el distrito de La Molina, cuando ella vivía en el Callao y Pueblo Libre, y en horas en las que se hallaba laborando en el Congreso.

También se documentó que hubo retiros de su cuenta en Trujillo y Piura, en fechas que coinciden con los días en que el parlamentario Michael Urtecho se encontraba en esas ciudades.

En cuanto a los extrabajadores que laboraban en la oficina descentralizada en Trujillo, se han confirmado retiros de sus cuentas bancarias en San Isidro, Lima.

El informe incluye igualmente el acta de expulsión de Michael Urtecho de la comunidad cristiana Agua Viva, de Trujillo, en el 2009, por “actos de corrupción en agravio de varios hermanos de la congregación”.

Tomaron esa decisión, según consta en el acta, luego de haber amonestado al legislador hasta en tres oportunidades por este hecho, sin obtener de él muestras de arrepentimiento.

“Más bien afirmó que así actuaban los congresistas”, según se refiere.

Estas evidencias, a juicio de la Comisión de Ética, confirman ampliamente la veracidad de las denuncias de los extrabajadores e incluso de la contratación de dos servidoras pagadas por el Congreso cuando en realidad llevaban a cabo labores domésticas en su domicilio.

Por ello, la Comisión de Ética acordó suspenderlo 120 días sin goce de haber y denunciarlo constitucionalmente por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y estafa.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Foto: La República

Caso Burgos: denuncian a director de colegio y UGEL

En conferencia de prensa, el congresista Yehude Simon Munaro dio cuenta de la denuncia penal presentada el lunes 26 ante el Fiscal de la Nación contra el alcalde Carlos Burgos Horna, el director del Colegio Particular Nuestra Señora del Carmen de Huacho, Julio Guerrero Ochoa, y los funcionarios responsables de la UGEL 09.

Los delitos atribuidos son falsedad ideológica, fraude procesal y omisión de funciones. Sobre cada uno, Simon alcanzó documentos probatorios.

Carlos Burgos había presentado un certificado de quinto de media, expedido por el Colegio Nuestra Señora del Carmen, de Huacho. En una visita a ese plantel, el parlamentario revisó las actas y comprobó que el nombre del alcalde no figuraba en 1982, como afirmaba. Hasta comienzos de los 90 solo estudiaron mujeres en ese centro carmelita.

La UGEL tampoco observó que los exámenes para expedir tal certificado fueron realizados recién el 14 de mayo de este año, después de que el diario La República denunciara el caso.

"Las instituciones públicas –declaró el congresista Yehude Simon– deben actuar con la agilidad que situaciones como esta requieren. Invocó al Ministerio Público, al Poder Electoral y a la Universidad Garcilaso para que asuman su responsabilidad y aceleren esta investigación que lleva ya más de cinco meses. Y que todo indica tendría mucho que ver con el próximo proceso electoral".

Fuente: Noticia Local – La República

Suspenden registro a empresa por deficiencias en eliminación de residuos médicos

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) suspendió el registro de la empresa Global Servicio Integral Médica S.A., ante el hallazgo de desechos hospitalarios a 100 metros de la bocatoma del canal Cañón, ubicado en Carabayllo, y como medida de seguridad en resguardo de la salud individual y pública de la población, informaron voceros del Ministerio de Salud (Minsa).

La empresa es responsable del servicio de recolección, transporte y disposición final de Residuos Sólidos Biocontaminados del Hospital Hipólito Unanue, señaló Carlos Benites Saravia, director ejecutivo de la Dirección de Saneamiento Básico de Digesa, quien subrayó que esta medida continuará hasta que termine el proceso administrativo sancionador.

Informó que se realizaron las coordinaciones para el retiro de los 172.50 kilogramos de residuos sólidos biocontaminados abandonados en la zona. Digesa verificó que fueran llevados a un relleno de seguridad ubicado en Zapallal. Se eliminó así el riesgo que podrían ocasionar estos desechos, refirió.

Empresas sancionadas

En los recientes meses se canceló el registro de 12 EPS para el recojo de residuos sólidos, y fueron amonestadas con una multa equivalente a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes actualmente a 18,750 nuevos soles.

Además, se entregó información a la Procuraduría Pública del Minsa para que se inicien las acciones penales que correspondan.

“Hemos cancelado el registro a 12 empresas que, como parte de la documentación para ser registradas para el manejo de residuos sólidos peligrosos, presentaron declaraciones juradas falsas”, puntualizó Benites Saravia.

Por su parte, Mónica Saavedra, directora general de la Digesa agregó que la institución está trabajando intensamente para detectar a personas inescrupulosas que emiten falsas declaraciones, en su intento de sorprender a las autoridades sanitarias.

"Su accionar también pone en riesgo la salud de la población al incumplir lo establecido en las normas sobre el manejo de residuos sólidos", subrayó la funcionaria.

Denuncia penal

En escrito dirigido a la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Norte, el procurador público del Minsa, Luis Sumarán Saavedra, interpuso denuncia penal “en contra de los que resulten responsables, por el delito de contaminación del medio ambiente y atentado a la Salud Publica en perjuicio de la población de la ribera del río Chillón”.

El documento advierte en uno de sus puntos que existen personas que realizan esta clase de actos ilícitos, de los que el Ministerio de Salud es ajeno.

Fuente: Noticia Local - Andina

Arrojo de desperdicio médico en río Chillón debe ser denunciado penalmente

El arrojo de desperdicios médicos al río Chillón debe ser denunciado penalmente por exposición de personas al peligro, según el viceministro de Salud, José del Carmen Sara.

Responsabilizó a la empresa Global Servicios Integral Médica S.A. de la eliminación de residuos hospitalarios cerca de la Cooperativa La Molina, San Diego, en la margen derecha del río Chillón. Calificó a dicha compañía como "irresponsable”.

“Existe un protocolo que tiene que ser cumplido por empresas que son seleccionadas y contratadas exclusivamente para esto”, indicó.

Denuncian Contaminación

Los vecinos de Carabayllo denunciaron que personas inescrupulosas contaminan las aguas del río Chillón, arrojando desperdicios médicos en su ribera. Alertaron que podría generar enfermedades en la población.

Ellos sospechan que el material desechable - como guantes descartables, jeringas con restos de sangre, agujas descartables, gasas usadas, mandiles, entre otros instrumentos médicos - proviene de los hospitales de Collique o de Puente Piedra.

Fuente: Noticia Local – La República

Carlos Burgos es denunciado por lavado de activos

 Tras casi ocho meses de investigación el congresista de la República  Yehude Simon denunció penalmente ante la Fiscalía por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos al alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Carlos Burgos. 

La denuncia del congresista de Alianza por el Gran Cambio alcanza también a dos miembros del entorno de Burgos: Jessica Karina Oviedo Alcázar, su exasesora en el municipio de SJL y a David Nestares Silva, su actual teniente alcalde. 

Según la denuncia, Burgos y estas dos personas habrían utilizado sus cargos en el municipio de SJL para enriquecerse indebidamente y, posteriormente, lavar el dinero a través de la compra de un número significativo de bienes muebles (vehículos) e inmuebles, gracias a una serie de empresas en las que los tres participan.

Según refiere la denuncia Jessica Karina Oviedo Alcázar logró un exponencial incremento de su patrimonio. En febrero de 2007, el alcalde de San Juan de Lurigancho la contrató bajo la modalidad de locación de servicios. Por ejemplo, en dicho mes, por ocho días de asesoría en temas de servicios sociales, Burgos le pagó a Oviedo Alcázar S/. 15 000; y por otros cinco días, en marzo, S/. 7 500. Estos contratos se repitieron hasta junio de 2007, permitiendo que en total Oviedo Alcázar recibiera por solo 30 días de trabajo S/. 42 500.

Pero la relación laboral entre Oviedo Alcázar y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho no quedó allí. Es más, continuó, pues el 1 de agosto de 2007 fue designada por Burgos como su asesora de confianza (Nivel F2), con un sueldo de S/. 6 900 mensuales. La denunciada estuvo en este cargo hasta el 31 de marzo de 2009, por lo que habría percibido un total aproximado de S/. 124 200. Si sumamos lo que recibió tanto como locadora de servicios y como asesora, todo asciende a S/. 166 700.

Yehude Simon también dio a conocer la gran cantidad de viajes al extranjero (cerca de 30) que Oviedo Alcázar hizo entre el 2007 y el 2009, período en que se desempeñó como asesora de confianza de Burgos. Durante esos años, tres de esos viajes coincidieron con los que realizó el alcalde de SJL: dos a España y uno a Argentina.

Sin embargo, ambos también coincidieron en otros cuatros viajes que realizaron entre el 2009 y el 2012, cuando la denunciada no era más la asesora de Burgos. Esta vez viajaron a Panamá, Colombia, México y Cuba, movimientos que muestran un estrecho vínculo entre el alcalde y su asesora.

Ahora, si bien la denunciada realizó la mayoría de sus viajes cuando trabajaba como asesora de Burgos, las investigaciones deberán determinar si contó con los permisos, autorizaciones, licencias e informes correspondientes.

Respecto al denunciado David Nestares, teniente alcalde de San Juan de Lurigancho, la investigación que presentó Yehude Simon encontró también evidentes muestras de un incremento significativo de su patrimonio, el cual se ve reflejado en la adquisición de una considerable cantidad de bienes, así como de su participación en empresas y personas jurídicas, algunas de ellas formalmente vinculadas a Carlos Burgos y Jessica Oviedo. Por ejemplo, la Asociación para el Desarrollo de las Organizaciones Sociales y Vecinales del Perú (ASODOSVEP), donde Carlos Burgos aparece como presidente; y Jessica Oviedo, como la vicepresidenta.

También la Empresa Asesoría, Consultoría y Formación Integral SAC (ACFI), que tiene inscritos como socios fundadores a Jessica Oviedo y a su prima Rosa Mercedes Villalba Oviedo.

La información registral sobre el patrimonio acumulado de Jessica Karina Oviedo Alcázar, entre bienes inmuebles y vehiculares, asciende a un monto aproximado de S/. 507 000.00 más US$ 380 000.00, cifras que una modesta chica de Villa El Salvador tendrá que justificar. 

Fuente: Noticia Local - Diario 16 - Diario La Primera

Trabajadores de Ripley denuncian abusos

Denuncian que televisora difundió propaganda electoral en Ica

El canal de propiedad del presidente del Gobierno Regional de Ica, Rómulo Triveño, habría difundido propaganda electoral esta mañana, a pesar de las prohibiciones dictadas por las autoridades.

Así lo denunció Néstro Morón, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) quien en declaraciones a CODEHICA indicó que la propaganda se emitió a través del canal 59.

El funcionario señaló que, al conocer de la supuesta infracción, desplegó al personal de fiscalización, el cual emitirá el informe respectivo. Luego, se convocará a los responsables de la televisora para que efectúen los descargos respectivos.

En ese sentido, Morón Chávez recordó a los aspirantes que tienen el compromiso de cumplir con las normas electorales, más aún por tratarse de futuras autoridades. "No se puede pisotear la ley", acotó.

Fuente: Noticia Local - CODEHICA

Presidente regional de Loreto denuncia penalmente a Pluspetrol

El presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, presentó una denuncia penal contra la empresa Pluspetrol por delito contra la ecología, tras comprobarse las consecuencias negativas del derrame de petróleo ocurrido en la zona de Saramuro.

El documento está dirigido al fiscal provincial especializado en materia ambiental de Loreto. Además de Pluspetrol Norte, la denuncia también implica al gerente general de la empresa "Transportes y Servicios Challenger", responsable del traslado del petróleo crudo el día que ocurrieron los hechos.

La denuncia, que lleva la firma del abogado Germán De La Cruz, hace referencia al derrame de petróleo que ocurrió en la bahía de Tiwinza, en San José de Saramuro. Señalan que las poblaciones aledañas también han sufrido los impactos del agua contaminada y la desaparición de los peces para su subsistencia.

Como se recuerda, el pasado 19 de junio la barcaza "Sanam III", de propiedad de la empresa "Transportes y Servicios Challenger", sufrió una fisura en el tanque N°4 de la banda de estribor, que originó el derrame de crudo en el río Marañón.

Fuente: Noticia Local - CNR - Agencias

Alcalde de SJL podría ser denunciado por impedir mítines de candidatos opositores

La prohibición de las actividades propias de una campaña electoral, como son los mítines, en el distrito de San Juan de Lurigancho, colisiona contra el derecho constitucional de todos los peruanos a la libre reunión y podría ser motivo de una denuncia penal contra el alcalde de esa jurisdicción, Carlos Burgos.

Así lo advirtió el director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), Marco Tulio Gutiérrez, quien explicó que Burgos estaría incurriendo en perturbación o impedimento de proceso electoral que, de acuerdo con el Código Penal, le podría acarrear pena de cárcel de hasta 10 años, con la consiguiente vacancia del cargo.

Los serenos del mencionado distrito impidieron la realización de mítines de Perú Posible y de Somos Perú.

Gutiérrez sostuvo que la Ordenanza 124-2007 que la comuna de San Juan de Lurigancho invoca como justificación, regula los espectáculos públicos no deportivos en esa jurisdicción, “norma que no es aplicable al hecho de que en un mitin partidario actúen artistas, sea previamente o con posterioridad a los discursos de los candidatos”.

Gutiérrez afirmó que calificar un mitin político por la presencia de artistas como un espectáculo público, constituye una maniobra orientada a exigir la obtención de una autorización municipal.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Veinte muertos por bajas temperaturas en Puno

Ya suman veinte las víctimas mortales por las bajas temperaturas que azotan la región Puno, a pesar de que todavía no ha comenzado el invierno en esa zona de nuestro país.

Lo dio a conocer el director del Colectivo Civil Emergencia, José Ignacio Carrión, quien señaló que es en las zonas altas, y no en las ciudades, donde la infraestructura hospitalaria es precaria.

El activista lamentó que en zonas como Orcopampa, Condorini, o La Rinconada, no se hayan tomado las previsiones contra las heladas de todos los años.

En ese sentido, lamentó que la vacunación en las zonas rurales sólo se haya implementado en un 10%, y que las brigadas de salud no vayan a ser efectivas hasta junio, habiendo ya víctimas mortales.

Fuente: Noticia Local - CPN

Piden declaratoria de emergencia para hospital en Tacna

El congresista Juan Pari solicitó Gobierno Regional de Tacna la declaratoria en emergencia del Hospital Regional Hipólito Unanue, debido al colapso de su infraestructura, agravada por el reciente sismo que sacudió la región.

Ayer, el parlamentario realizó una inspección al nosocomio junto al representantes de Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el director del hospital, Jaime Miranda.

Durante el recorrido, Pari Choquecota constató innumerables grietas y rajaduras en los muros del edificio, así como algunas otras que se habrían reabierto después del sismo que remeció Tacna.

"Es una calamidad. Hemos visto cómo han estado maquillando el hospital para esconder lo que realmente es. Aquí hay responsabilidad de dos gobiernos regionales desde el terremoto del 2001: el gobierno de Alva Centurión y de Hugo Ordóñez", afirmó el legislador nacionalista.

Por su parte, trabajadores y pacientes del nosocomio regional dieron a conocer sus reclamos por exponer sus vidas en constante peligro al tener que ingresar en estos ambientes.

Otro sector crítico fue la zona aledaña al auditorio del hospital Unanue, donde se hallaron grietas de hasta tres centímetros, lo que fue tomado en consideración por los funcionarios de INDECI y el propio congresista..

Finalmente, Miranda señaló que la comunidad de Tacna necesita urgentemente de un nuevo hospital para poder atender como corresponde a los pacientes que acuden al centro hospitalario, ya que esta edificación tiene 50 años de antigüedad.

Fuente: Noticia Local - Radio Uno - CNR