DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE GARANTIZARSE INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN RETORNO A SISTEMA PRESENCIAL

Colegios deben ser accesibles, contar con docentes capacitados, intérpretes de lengua de señas calificados, entre otras medidas.

Ante el anuncio del Ministerio de Educación (Minedu) sobre el retorno a clases de forma semipresencial, la Defensoría del Pueblo en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD) reitera la importancia de priorizar la eliminación de las barreras educativas que enfrentan las y los estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas especiales, cuya situación se agravó con la pandemia por el COVID-19.

Al respecto, Malena Pineda, jefa del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad indicó que, de acuerdo a la programación del Ministerio de Salud (Minsa), los días 24 y 25 de julio se aplicarán la primera dosis de la vacuna a personas de 12 a 17 años, incluyendo a las personas con discapacidad con comorbilidades priorizadas en edad escolar, lo cual favorecerá el proceso de tránsito a la educación semipresencial y presencial de forma gradual.

En esa línea, manifestó que, si bien es importante que las y los estudiantes reciban la educación en sus escuelas, igual de relevante es priorizar la atención de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por condición de discapacidad, toda vez que este grupo de estudiantes ha sido uno de los más perjudicados debido a las múltiples barreras que se han advertido en la educación no presencial, tales como la falta de conectividad, la ausencia de adaptaciones necesarias para cubrir sus diversas necesidades educativas, entre otras.

Considerando estas condiciones, la Defensoría del Pueblo solicita al Minedu asegurar la accesibilidad física de las instituciones educativas, la disponibilidad de docentes capacitados, la adaptación de las plataformas de aprendizaje y la asignación de intérpretes de lengua de señas calificados que permitan garantizar una educación de calidad.

De acuerdo al Censo 2017, existen 756 499 personas con discapacidad en edad escolar (0-29 años), no obstante, la cantidad de estudiantes con discapacidad registrados en el 2020 de acuerdo al Minedu fue de 83 221 en alguna modalidad de educación básica y técnico productiva, con lo cual la brecha de personas con discapacidad que no accede a la educación equivale al 88,9 % de esta población.

En el 2020, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe “El Derecho a la Educación Inclusiva en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19” para determinar los alcances y limitaciones en el servicio educativo no presencial para estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas especiales en la Educación Básica. 

El documento señala que el presupuesto que se destina para la atención de los estudiantes con discapacidad equivale a apenas el 4,1 % del Programa Presupuestal 106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva". Esta desproporción constituye una vulneración al derecho a la educación y revela que la educación inclusiva no es aún un asunto de interés público. Por ello, el MICDPD reitera la recomendación dirigida al Minedu y al Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido de aprobar un Programa Presupuestal para la Atención a la diversidad de niñas, niños y jóvenes en la Educación Básica Regular.

Defensoría del Pueblo: 205 conflictos sociales en el mes de agosto

205 conflictos sociales fueron registrados en la Defensoría del Pueblo solo en el mes de agosto. De la alarmante cifra, 162 casos se encuentran activos y 43 permanecen en estado latente. 

En tanto, la Defensoría reveló en su último reporte que Apurímac continúa encabezando la lista de zonas con el mayor número de conflictos, con 23 casos. En la lista, le siguen Cusco (14), Ayacucho, Junín y Piura (13).

Según el seguimiento correspondiente, los conflictos socio ambientales son los más numerosos por séptimo mes consecutivo (132 casos). La actividad minera es la más involucrada en la conflictividad social con el 70.5%, mientras que las actividades hidrocarburíferas registran el 12.9% de casos.

En Arequipa, pobladores de Congata levantan protesta y dan tregua de 4 días, dicho reporte revela que durante agosto se presentaron seis conflictos nuevos en las regiones Áncash, Arequipa, Cusco, Ica y Junín. También se ejecutaron 140 acciones de protesta colectiva, ocho menos que durante el mes anterior.

Durante el mes anterior se resolvieron tres conflictos: en Áncash (caso de la minera California con la comunidad campesina de Tuma), Junín (caso por demarcación territorial entre los distritos de Chupaca y Huancayo) y Puno (cuestionamiento al alcalde de Huancané por parte de la población).

Por último, la Defensoría del Pueblo pidió especial atención a dos casos nuevos que se encuentran en etapa de crisis: en Áncash, pobladores del distrito de Ticapampa tienen problemas con la empresa Huinac; y en Junín, la comunidad campesina de Pachachaca se opone a la construcción de una planta de la empresa Cal del Centro.

Fuente: Noticia Local - La República

Congreso anula designación de magistrados del TC, Defensoría y BCR

El pleno del Congreso acordó esta mañana anular las resoluciones legislativas que designaron a los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la defensora del Pueblo y directores del Banco Central de Reserva (BCR).

La designación de Francisco Eguiguren, Cayo Galindo, Víctor Mayor, Rolando Sousa, José Luis Sardón y Ernesto Blume, como magistrados del TC fue anulada por 107 votos a favor.

La de Pilar Freitas como defensora del Pueblo se dejó sin efecto con 108 votos; mientras que la de los directores del BCR con 99 votos.

Esta decisión, que había sido reclamada por diversos sectores políticos y ciudadanos ante cuestionamientos a estos nombramientos, fue adoptada luego de instalarse una legislatura extraordinaria que apenas duró 15 minutos, ya que la plenaria se hizo sin debate.

De esta manera, el Congreso tiene el camino libre para realizar un nuevo proceso de elección de estos altos funcionarios, tras las duras críticas a la forma en que fueron elegidas estas autoridades y la renuncia de varios de ellos.

Concluida la votación, el presidente del Congreso, Víctor Isla, levantó  la sesión convocada por acuerdo de la Junta de Portavoces del Congreso.

En todos los casos, la votación que declara nulo estos nombramientos, fue mayor al número de votos que obtuvieron estas autoridades el pasado miércoles 17 en el pleno del Congreso.

Fuente: Noticia Local - Andina

Transparencia: “El Congreso puede hoy reivindicarse con el país”

El Congreso tiene hoy la oportunidad de “reivindicarse con el país”, al corregir la cuestionada elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva y Defensoría del Pueblo, según opinó la Asociación Civil Transparencia.

Gerardo Távara, secretario general de la asociación, sostuvo que en la sesión extraordinaria del pleno legislativo, prevista para hoy, debe materializarse la rectificación que el país demanda y dejar sin efecto lo actuado, tras la elección y declinación de dichos funcionarios.

“Esperamos una corrección saludable, firme y sin ambigüedades para devolverle al país la tranquilidad que necesitamos. Hoy el Congreso puede dar un paso importante en ese sentido y demostrar que tiene la capacidad de rectificarse”, señaló Távara.

De esta manera, añadió, el país podrá esperar con mayor tranquilidad el Mensaje a la Nación que emitirá este 28 de julio el jefe del Estado, Ollanta Humala.

Hoy se realizará una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para tratar lo relacionado con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), la Defensoría del Pueblo (DP) y los integrantes del directorio de Banco Central de Reserva (BCR).

Fuente: Noticia Local - Andina

Dos colegios del Callao presentan deficiencias

La Jefa de la Oficina Defensorial del Callao, Yolanda Falcón, informó hoy, miércoles, al término de una supervisión efectuada en algunas instituciones educativas (IE) de dicha jurisdicción, que se detectaron problemas de seguridad en las conexiones de electricidad, así como de infraestructura.

La funcionaria detalló que en la IE “Politécnico Nacional del Callao”, el sistema de electricidad es obsoleto, por lo que urge disponer su renovación, debido a que en 30 años de funcionamiento no se ha realizado acción alguna con dicha finalidad. Además, al advertir que las ventanas de las rutas de evacuación en el referido plantel son de vidrio simple, lo cual podría provocar algún accidente en caso de sismo, recomendó que sean cambiadas por vidrio doble o mica.

“Sabemos que la directora del plantel ha solicitado al Gobierno Regional del Callao la revisión y el arreglo total de las instalaciones eléctricas y sanitarias, por lo que invocamos a las autoridades del Gobierno Regional a atender dicho pedido lo más pronto posible por ser prioritario", sostuvo Yolanda Falcón.

Asimismo dijo que en la IE Inicial “Cuna Santa Clara” se encontró una situación similar, debido a que, en su mayoría, las ventanas (que también son de vidrio simple) han sido cubiertas con cintas de embalaje, formando una cruz sobre el vidrio, con la intención de protegerlas ante probables movimientos telúricos.

“Además, en razón de que dicha cuna funciona dentro de las instalaciones de la Dirección Regional de Salud, el patio es utilizado como estacionamiento de vehículos, lo que pone en peligro la integridad de los niños”, subrayó.

Por ello exhortó al Gobierno Regional del Callao, a la Dirección Regional de Educación y al hospital Daniel Alcides Carrión a asumir las acciones que les corresponda, a la brevedad posible, a fin de garantizar la seguridad necesaria a la infraestructura de las IE supervisadas por la Defensoría del Pueblo.

Fuente: Noticia Local - La República

Conflictos sociales crecieron en el Perú

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, el número de conflictos sociales sigue en crecimiento en el país, registrándose 14 nuevos casos, de un total de 260 ocurridos en el mes de abril.

La mitad de los nuevos casos son conflictos socioambientales, de los cuales dos están ubicados en Cajamarca, y el resto en Cusco, La Libertad, Lima, Pasco y Puno. Así mismo, el Reporte de Conflictos Sociales Nº 74 de la Defensoría del Pueblo, señala que la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en el departamento de Cusco (21 casos), seguido de Puno y Lima cada uno con 20 casos; y luego están los departamentos de Junín y Piura, con 18 casos cada uno.

El mismo documento señala que del total de conflictos sociales registrados en abril último, 179 se encuentran activos (69%), en tanto que 81 están en estado latente (31%). Además, se da cuenta de 42 acciones colectivas de protesta en todo el ámbito nacional y de siete acciones de violencia subversiva.

En cuanto a los conflictos activos, 93 se encuentran en proceso de diálogo, sin embargo, este diálogo se dio después de producirse un hecho de violencia, en un 55% de los casos, según dicho reporte.

El reporte elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, precisa que del total de conflictos registrados este mes, 132 casos (el 50%) son socioambientales, 36 corresponden a asuntos de gobierno local (14%), y 29 casos son de naturaleza laboral (11%).

Cabe mencionar que, en marzo, la Defensoría del Pueblo registro 255 conflictos sociales, cinco menos con respecto a abril.

Fuente: Noticia Local - CNR

Portales de regiones y municipios no actualizan información

La Defensoría del Pueblo informó que los gobiernos regionales y los concejos provinciales del país no registraron mayores avances, durante 2009, en la actualización de la información publicada en sus portales de transparencia.

En conferencia conjunta del primer defensor adjunto, Eduardo Vega, señaló que esta situación difiere de las actuales exigencias legales e implica el incumplimiento de las prácticas de buen gobierno en el país.

Lo acompañaron en la presentación la defensora adjunta para la Administración Estatal, Susana Silva; y la jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno, Kantuta Vallenas.

De acuerdo con la información contenida en el reporte, el nivel de cumplimiento entre los gobiernos regionales fue superior al de las municipalidades provinciales localizadas en capitales de departamento.

Los gobiernos regionales alcanzaron en conjunto el 68 por ciento de nivel de cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública; en tanto que las municipalidades provinciales supervisadas sólo obtuvieron 42 por ciento de cumplimiento.

Esta situación fue advertida al término de las cuatro supervisiones trimestrales realizadas por el Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo.

El nivel más alto de cumplimiento en los gobiernos regionales lo obtuvo Amazonas con 91 por ciento, seguido de Huancavelica y San Martín con 87 y 85 por ciento de cumplimiento, respectivamente; mientras que el registro más bajo lo experimentó Áncash con 42 por ciento de cumplimiento.

El gobierno regional de Pasco, que alcanzó un mayor incremento en su nivel de cumplimiento, del 38 por ciento obtenido en 2008, el más bajo durante ese período, pasó a 81 por ciento durante 2009.

En el caso de las municipalidades provinciales supervisadas, el nivel más alto de cumplimiento se registra en los municipios de Huamanga con 68 por ciento y en Lima con 66 por ciento.

Los portales de transparencia más deficientes son los que corresponden a las municipalidades provinciales de Ica con 13 por ciento y Huánuco con 17. Ambos registran los más bajos niveles de cumplimiento tanto en 2008 como en 2009.

Según el reporte anual de la Defensoría del Pueblo, la información con menos difusión en los portales de transparencia es la que corresponde a las agendas y las actas de las sesiones del consejo regional y el concejo municipal.

Le siguen en orden los beneficios del presidente regional o del alcalde, las convocatorias y los resultados de los procesos de adquisición y contrataciones, las actividades oficiales del presidente alcalde, y las actas de las sesiones del consejo de coordinación regional y el consejo de coordinación local.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo exhortó a los gobiernos regionales y locales a realizar sus mayores esfuerzos para difundir información sobre su gestión; así como actualizar continuamente sus portales de transparencia, conforme a las normas legales vigentes.

Durante 2010, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando los portales de transparencia de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, en aras de coadyuvar a la promoción de una gestión pública transparente.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Defensoría encuentra irregularidades en 29 colegios de Lima

Lima, 15 / 01 / 2010

Comisionados de la Defensoría del Pueblo supervisaron 62 instituciones educativas estatales de Lima y encontraron en 29 de ellas (46%) una serie de irregularidades, como condicionar la matrícula al pago de la cuota de la Apafa u obligar a comprar determinado uniforme escolar.

Así lo informó esta mañana la jefa de la Oficina Defensorial de Lima, Eliana Revollar, quien en conferencia de prensa refirió que la matrícula no se supedita a pago alguno.

También, dijo, se constataron cobros indebidos con sumas ascendentes a 80 nuevos soles, cuando el máximo legal por concepto de Asociación de Padres de Familia (Apafa) es de 54 soles.

Otras de las deficiencias encontradas dan cuenta de la obligación de compra del uniforme escolar, ratificación de matrícula (cuando esta debe ser automática), pago por nivelación académica (que asciende en algunos casos a 100 soles), paquete o kid escolar, cursos diversos, mantenimiento y mobiliario e imprevistos o gastos varios.

“El condicionamiento es algo que existe, está generalizado. Uno encuentra en estos colegios un doble discurso, cuando se supervisó te dicen cuál es la normativa legal pero cuando va el padre de familia le presentan una serie de conceptos, requisitos que debe pagar, y cuando el padre de familia se queja es siempre víctima de represalias para ellos o sus hijos”, explicó Revollar.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Policía es acusada de torturar a comuneros piuranos

Lima, 13 / 11 / 2009

El alcalde del distrito de El Carmen de la Frontera, Ismael Huayama, denunció actos de hostigamiento y amedrentamiento que la Policía Nacional ejercería sobre los campesinos de la zona, luego del extraño ataque al campamento de la minera Río Blanco Copper.

El burgomaestre aseveró que agentes de la División de Investigación Criminal (DIRINCRI) han arrestado a comuneros sin motivo alguno. "Ingresan a sus casas a buscarles sus pertenencias, los capturan, los esposan, los golpean, les apuntan con la armas y los amenazan a que declararen sobre los muertos en el campamento minero”.

Informó que ayer por la tarde, la Policía detuvo a tres pobladores de su comunidad. Se trata de los hermanos Filomeno y Hugo Ibáñez Clementes, así como Porfirio Campos, quienes son dueños de un negocio de abarrotes y de dos camiones Canter.

“La policía los capturaron. Les indagaron de dónde obtuvieron el dinero para adquirir los camiones, les han dicho que son narcotraficantes; a Porfirio lo capturaron, lo llevaron a Huancabamba, ingresaron a su vivienda y manosearon a su esposa e hija”, relató Huayama.

En ese sentido, exhortó a las autoridades a investigar urgentemente el caso antes de apresurarse a culpar a los campesinos de la zona. “No es justo que abusen y manchen la honra de gente inocente”, remarcó.

En tanto, Rosa Quedena, abogada de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) aseveró que frente a la denuncia de vejaciones o hechos de tortura, su institución asumirá la representación de los casos y coordinara para denunciar los mismos antes el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que se investigue y sancione a los culpables.

Fuente: Noticia Local - CNR

Denuncian que policía tiene detenidas a 35 personas en la carretera y están impedidas de recibir agua y alimentos

Jaén- Cajamarca, 05/06/2009

El alcalde de la provincia cajamarquina de Jaén, Jaime Vílchez, así como los representantes de la Defensoría del Pueblo y los párrocos, se trasladaron hasta el sector de Siempre Viva para seguir apoyando a la población indígena, informó el director de Radio Visión, de Jaén, Ismael Burga.

Burga detalló que en medio de las refriegas con la policía, varios nativos fueron violentamente golpeados y trasladados con marrocas hasta Jaén, y que incluso vieron a un policía muerto por herida de bala.

Se recuerda que desde que se inició el paro, las parroquias de Bagua, Utcubamba y Jaen se pusieron de pie para apoyar el diálogo entre el gobierno y las comunidades amazónicas. Entre tanto, el párroco de Jaén está intermediando con las autoridades policiales para que se abra el paso en la carretera bloqueada.

El sacerdote explicó, sin embargo, que un coronel de la policía en la zona explicó que él cumplía órdenes, y que las autoridades habían ordenado el desalojo total de los nativos.

El periodista de Radio Visión precisó, en diálogo con la CNR, que hasta el momento los nativos siguen siendo perseguidos por la policía en los cerros, y los párrocos siguen atendiendo los heridos. Lo propio hace el alcalde de Jaén.

Por otro lado, Edgar Calle, del Vicariato de San Francisco Javier, quien presenció los hechos desde un cerro cercano, informó que la policía tiene al menos 35 detenidos. Estos indígenas se encuentran, según describe el religioso, tumbados boca a abajo en la carretera y las fuerzas policiales han impedido a los eclesiásticos poder darles agua.

Edgar Calle informó que una comisión integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, de autoridades locales y de la Iglesia quiso viajar a la zona desde El Reposo, a 4 km. de la Curva del Diablo, pero la policía no les permitió el paso y les amenazó con "meterles bala".

Fuente: CNR - Noticia Local - Agencias

Piden a alcaldes fortalecer Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente

Lima, 05 / 02 / 2009

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los alcaldes del país para que fortalezcan las Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente (Demuna), a fin de combatir con mayor eficacia el maltrato infantil y la violencia familiar.

El defensor adjunto Jorge Valencia señaló que las Demuna son el primer mecanismo de defensa legal y el primer canal de comunicación para formular una denuncia en caso de maltrato, pero al parecer ciertos gobiernos locales no le dan la importancia debida a esta institución.

“El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es el ente rector en este tema, pero son los municipios los que otorgan el presupuesto a las Demuna, y por ello deben tener presente en primer lugar a la niñez.”

Refirió que en nuestro país existen 754 Demuna, de las cuales 170 pertenecen a municipios provinciales y 584 a comunas distritales.

Más adelante, Valencia informó que según un estudio hecho por la ONG Save The Children en 2002, cinco de cada diez niños padecieron maltrato físico en su hogar; y dos de cada diez sufrieron agresión física en el colegio.

Indicó que si bien los datos no son actuales, a la Defensoría del Pueblo le preocupa que el castigo físico y humillante sea una finalidad educativa.

Por tal motivo, instó a los padres de familia y maestros a que cambien de actitud y orienten a los niños con métodos no violentos.

“Usar como método educativo el castigo físico y humillante va a producir no sólo lesiones en los niños, sino también baja autoestima, depresión, sentimiento de culpa y rabia; y lo más grave, que crean que la resolución de conflictos sólo debe darse a través de la violencia.”

Fuente: Noticia Local - Agencias

Defensoría llama la atención a comuna limeña por altos índices de accidentes de tránsito

Lima, 12 / 11 / 2008

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, hizo un enérgico llamado a la Municipalidad de Lima para que no permanezca indiferente frente al alto índice de accidentes de tránsito en la capital, y lamentó que esa comuna no tenga una participación activa en la educación en seguridad vial.

“Hace dos años que todos saben cuáles son los puntos negros de la ciudad. Por eso hablo de una manera enérgica, porque no es posible que se permanezca indiferente”, señaló al presentar el informe denominado “El transporte Urbano en Lima Metropolitana: un desafío en defensa de la vida”.

El documento, que brinda una serie de recomendaciones a las autoridades, identifica tres principales puntos negros de la capital donde ocurre la mayor cantidad de accidentes de tránsito (Panamericana Norte, avenida Alfredo Mendiola con Carlos Izaguirre y Puente Nuevo).

Merino recalcó que la mayoría de accidentes viales ocurren en las zonas periféricas de la capital, donde habita la población más pobre que suele movilizarse en combis o vehículos de transporte urbano para llegar a sus destinos.

“No deben seguir muriendo más ciudadanos. Lima no puede permanecer indiferente ante este problema. Es algo que afecta a todos y a diario, y tenemos el derecho de vivir en una ciudad donde nuestras autoridades cuiden de nuestra seguridad en el transporte urbano”, sostuvo.

Refirió que dicho informe será presentado al Concejo de Lima Metropolitana, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo, para su revisión.

Por otro lado Merino, exhortó al Ministro de Educación, José Antonio Chang, a incorporar la educación vial en la curricula escolar y en la formación de los docentes. Finalmente, la Defensora del Pueblo invocó a las autoridades en general a cumplir las recomendaciones defensoriales a fin de mejorar el servicio de seguridad en Lima Metropolitana.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Defensoría registra aumento de conflictos sociales en agosto

Lima, 06 / 09 / 2008

El número de conflictos sociales aumentó, con el reporte de 17 casos nuevos producidos en el mes de agosto, con lo cual la cifra llegó a 161, según el último reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.

Según el documento presentado en la víspera, 113 conflictos (70% del total) se encuentran activos, mientras que 48 están latentes en el país. Al igual que en meses anteriores, la mayoría de conflictos son producidos por problemas socioambientales y los relacionados con los gobiernos locales, con lo cual esta tendencia al aumento del número de conflictos se ve reforzada si se tiene en cuenta que el número de casos nuevos ha llegado a 61 en los últimos cuatro meses.

Estos casos, son atribuidos al temor de la población a una posible contaminación por actividades extractivas y a presuntas irregularidades en la gestión municipal, respectivamente.

En el Reporte de Conflictos Sociales Nº 54 se da cuenta de la aparición de un aspecto nuevo, en el mes de agosto, consistente en que los conflictos de resonancia nacional son por primera vez los más numerosos , alcanzando los 15 casos, seguidos de los hechos registrados en los departamentos de Puno y Cajamarca (14) y Ayacucho (13).

Entre los que alcanzaron resonancia nacional destacan el paro amazónico contra los decretos legislativos 1015 y 1073, las protestas de los trabajadores del Ministerio de Salud por el pago de asignaciones extraordinarias para el trabajo asistencial (AETAS) y el de los docentes universitarios por la homologación de sueldos.

Asimismo, el referido Reporte da a conocer 135 acciones colectivas de protesta y cuatro acciones de violencia subversiva. También señala que cuatro casos obtuvieron una solución. Con relación a los hechos de violencia, el Reporte consigna un total de 194 acciones de este tipo entre enfrentamientos, tomas de locales, daños a la propiedad y bloqueos de carreteras. No obstante, existen 43 casos encausados a través de procesos de diálogo, lo que representa el 27% del total de casos. El Reporte correspondiente a agosto incluye información especial acerca de las demandas por canon.

A raíz de lo sucedido durante el mes de julio, en Moquegua, se han hecho visibles, demandas y conflictos por un mayor porcentaje de distribuición del canon, ya sea para evitar aparentes recortes o para obtener una distribución más equitativa.

En el Reporte, la Unidad de Conflictos Sociales agrega un Mapa de demandas y conflictos sociales relacionados con el canon minero e hidrocarburífero en el que se visualizan nueve casos de demandas y/o conflictos sociales relacionados con el canon minero e hidrocarburífero registrados entre julio y agosto de este año.

Fuente: CNR - Noticia Local - Agencias

17 mil vehículos de transporte público circulan en Lima

Lima, 19 / 08 / 2008

Unos 17,000 vehículos de transporte público deben salir del mercado automotor en Lima Metropolitana por exceder el límite de antigüedad y ser los principales agentes contaminantes del aire y causantes de enfermedades respiratorias como rinitis, faringitis y asma en la capital, consideró hoy la Defensoría del Pueblo.

La titular de la institución, Beatriz Merino, señaló que esta medida -propuesta por el propio municipio capitalino como parte de su Plan de Chatarrización Vehicular- debe ejecutarse lo antes posible, para no seguir padeciendo el impacto de las partículas nocivas que emiten estas unidades cuya antigüedad supera los 15 años.

Al presentar el informe defensorial titulado "La contaminación del aire en Lima y su impacto en la salud y vida de sus habitantes: seguimiento de las recomendaciones defensoriales", refirió que el plan municipal contempla la reducción de los vehículos muy antiguos de forma progresiva, lo que culminaría en 2012.

Para ello, se pagarán bonos o incentivos que van de mil a tres mil dólares por vehículo retirado del mercado, añadió citando la información proporcionada por la municipalidad de Lima.

Según dijo, el municipio comunicó a la Defensoría que enfrenta en este caso la falta de financiamiento para el pago de los bonos o incentivos económicos, pero se le indicó que priorice este tema para que busque las opciones financieras que permitan su implementación.

Asimismo, la defensora del Pueblo afirmó que si bien el municipio dio un primer paso para el reordenamiento del transporte público con la puesta en marcha del proyecto denominado El Metropolitano, esta acción sólo atenderá al 7 por ciento de la demanda total de pasajeros en la capital, por lo que son necesarias medidas integrales a fin de descongestionar este servicio de transporte público, y con ello reducir los niveles de contaminación ambiental.

Entre estas medidas se encuentran la implementación de un Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y Callao, el diseño de mecanismos que incentiven la reconversión de las unidades de transporte a gas natural, así como un sistema que incentive el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP).

Fuente: Noticia Local - Agencias - Andina

Defensoría del Pueblo presenta Unidad Anticorrupción

Lima, 06 / 08 / 2008

La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó esta mañana su Unidad Anticorrupción y descartó que vaya a reemplazar a la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA).

Refirió que la flamante unidad identificará y denunciará aquellas acciones ilícitas que perjudiquen los derechos fundamentales de las personas al acceso a los servicios básicos que ofrece el Estado.

“La corrupción no es sólo un problema de transacciones económicas al margen de la ley. Lo grave es que éstas constituyen actuaciones que vulneran derechos ciudadanos, convirtiéndose en una práctica cotidiana, y que llegan a tomarse como tolerables y hasta habituales”, dijo.

“Por ello ha sido creada esta unidad. Existe una gran preocupación por el grado de indefensión que enfrenta el ciudadano, pues, no obstante ser afectado en sus derechos, no denuncia los actos de corrupción, porque teme salir perdiendo o porque no sabe dónde acudir para ejercer sus derechos”, agregó Merino.

Entre las estrategias de trabajo de la Unidad Anticorrupción figuran la generación de información sobre la corrupción, el análisis y la sistematización de prácticas de corrupción, y la revisión de quejas y denuncias.

Así, también, la promoción de la acción colectiva, es decir, la capacitación de la sociedad civil y de funcionarios, y la promoción de las quejas y denuncias; así como el seguimiento de las políticas anticorrupción de las instituciones públicas y las recomendaciones para fortalecer dicha labor.

La defensora del Pueblo aclaró, asimismo, que la Unidad Anticorrupción sólo atenderá las denuncias por corrupción que afecten el acceso de las personas a los servicios públicos, entre ellos salud, educación y otros, por lo que descartó que reemplace a la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA).

Por último, Merino informó que la Unidad Anticorrupción promoverá a nivel nacional la creación de redes que estarán conformadas por representantes de la sociedad civil y el Estado, los mismos que promoverán este trabajo defensorial.

La Unidad Anticorrupción está encabezada por la defensora del Pueblo, Beatriz Merino; y conformada además por el abogado Jorge Arbizu, la magíster Alison Hospina, el magíster Jaris Mujica y el filósofo Carlo Mario Velarde.

Fuente: Noticia Local - Agencias - Andina

147 conflictos sociales registró Defensoría del Pueblo en julio

Lima, 04 / 08 / 2008

En julio pasado se registraron 147 conflictos sociales en el país, de los cuales 97 se encuentran activos y 50 en estado latente, según el último reporte de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.

El informe -que contempla conflictos suscitados entre la población, las autoridades de diferentes entidades públicas y empresas- registra 74 acciones colectivas de protesta. También da cuenta de dos acciones de violencia subversiva.

Durante julio se observaron 16 casos nuevos, uno reactivado (de latente a activo) y cinco que pasaron de activos a latentes. Los casos nuevos se ubican en Arequipa (1), Ayacucho (2), Cusco (1), Junín (4), La Libertad (1), Lima (3), Loreto (1), Madre de Dios (1), Pasco (1) y uno a nivel nacional.

Del total de conflictos, 75 son de naturaleza socioambiental, 26 por asuntos de gobierno local, 11 por asuntos de gobierno nacional, nueve casos comunales ynueve laborales, seis casos electorales, cuatro casos por asuntos de gobierno regional y cuatro de demarcación territorial, y finalmente tres casos por cultivo ilegal de coca.

En el balance de los siete primeros meses del año, la Defensoría del Pueblo sostiene que se han presentado 74 conflictos sociales nuevos, de los cuales solamente tres se han resuelto.

Por otro lado, en el documento referido a julio se incluye también un reporte especial acerca de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales y regionales, que se realizará el domingo 7 de diciembre.

Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, declaró que todos los ciudadanos interesados en encontrar información detallada de acuerdo con cada tipo de conflicto pueden visitar la dirección web (www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales).

Fuente: Defensoría del Pueblo - Agencias

Defensoría del Pueblo considera injusto para víctimas que se permita conciliación con agresores

Lima, 18 / 07 / 2008

La Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo observar algunos extremos de la autógrafa de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar -aprobada por la Comisión Permanente del Congreso- al considerar que es injusto para las víctimas que se permita la conciliación con sus agresores, así como por no incorporar este delito como autónomo en la legislación penal.

La adjunta para los derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, expresó su especial preocupación con este nuevo dispositivo porque la autógrafa permite el uso de la conciliación en la sede policial y que la víctima tenga que solicitar la variación de la medida de su protección, en lugar de que ésta sea dispuesta de oficio por el juez.

Sostuvo que, al existir la posibilidad de una conciliación, se coloca en situación de desventaja a la víctima respecto a su agresor y esa situación no permite un acuerdo conciliatorio justo. Por ello, afirmó, la vulneración de los derechos fundamentales que se producen en este contexto merece un pronunciamiento estatal.

Según la especialista, si una resolución judicial establece como medida de protección el tratamiento del agresor y éste no cumple el mandato judicial, el juez puede variar dicha medida por una más rigurosa sólo de oficio y sin necesidad de solicitud de la víctima.

De otro lado, Fernán-Zegarra lamentó también que la norma aprobada por el Legislativo no haya incorporado la violencia familiar como delictivo autónomo y, por el contrario, dispone sancionarla mediante las figuras penales tradicionales como lesiones y faltas contra la persona.

Reiteró la recomendación defensorial de incorporar en la legislación penal la violencia familiar como un delito autónomo y, además, que no se exija ni la cuantificación del daño ni la habitualidad del acto violento para considerarlo como delito.

Recordó que estas recomendaciones se hicieron llegar en su momento al Congreso de la República, mediante los Informes Defensoriales N° 95 denominado ‘La protección penal frente a la violencia familiar en el Perú’, y N° 110 titulado: ‘Violencia Familiar: un análisis desde el derecho penal’.

De esta manera –dijo la adjunta de la Defensoría del Pueblo– se contribuirá eficazmente a garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas víctimas de violencia familiar, que en su mayoría son mujeres.

El Texto Único Ordenado de Ley de Protección frente a la Violencia Familiar fue aprobado el pasado 2 de julio, con el propósito de que el Estado cumpla con garantizar el derecho de toda persona a una vida libre de violencia. El Ejecutivo tiene un plazo de quince días hábiles para promulgar u observar la norma.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Un 33% de gobiernos regionales incumple con divulgar información en portal de transparencia

Lima, 04 / 07 / 2008

El 33 por ciento de gobiernos regionales y el 64 por ciento de gobiernos locales incumple con divulgar la información exigida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en sus portales web, reveló la Defensoría del Pueblo.

Las cifras son resultado de una supervisión de los 25 gobiernos regionales e igual número de municipalidades provinciales en capitales de departamento realizada en mayo y que se repetirá en septiembre y diciembre.

Con este trabajado, la Defensoría del Pueblo indicó que se busca contribuir a desarrollar los procesos de modernización y descentralización de la gestión pública en todo el territorio nacional y fomentar la transparencia en la gestión pública.

En el plano regional fueron Huancavelica y Junín las que alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100% en cada uno de los rubros supervisados. Los portales electrónicos más deficientes son los de Madre de Dios, La Libertad y San Martín.

En lo referente a las municipalidades, el nivel de cumplimiento sólo se limita al 36%. La municipalidad provincial de Tumbes alcanzó el nivel más alto de cumplimiento: 63%. Las municipalidades de Ica y Moyabamba sólo alcanzaron el 4%.

La Defensoría del Pueblo formuló una serie de recomendaciones, entre las que destaca la dirigida a los gobiernos regionales de Callao y Cusco, para que la información sobre las convocatorias a los procesos de adquisiciones y contrataciones sea publicada en forma completa y actualizada.

A los municipios provinciales de Moyabamba, Huánuco, Chiclayo, Tacna, Ica, Mariscal Nieto, Trujillo, Callao, Puno Tambopata, Maynas, Cusco, Huaraz, Abancay y Piura, se recomendó actualizar la información presupuestal en sus respectivos portales.

El reporte, elaborado por el Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, comprendió la revisión de los documentos normativos y de gestión; información presupuestal sobre adquisiciones y contrataciones, así como actividades oficiales de la máxima autoridad y datos del responsable del portal.

Además se verificó la presencia del “link” que permite la comunicación directa de las personas y la información sobre mecanismos de participación.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Inician campaña contra la contaminación por plomo en el callao

Lima, 10 / 04 / 2008

Una campaña destinada a solucionar en forma definitiva la grave contaminación que padece el Callao a consecuencia de los depósitos de plomo y su posterior transporte hacia el muelle portuario, inició ayer la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.

La defensora instó al Ejecutivo, al Congreso y a las autoridades públicas y privadas a decidir “en el menor tiempo posible” por la instalación de una faja transportadora de minerales o de un puerto de embarque de minerales ubicado fuera de Lima.

Merino señaló que desde hace más de 60 años las zonas aledañas al puerto del Callao se encuentran contaminadas con metales pesados, como el plomo, condenando a hombres y mujeres, niños y adolescentes a desarrollar sus actividades en un ambiente que amenazaba su salud y sus vidas

“Estas sustancias tóxicas están dañando seriamente la salud y afectando las posibilidades de desarrollo de nuestros compatriotas. Lo más grave de esta situación es que a estas personas se les ha privado del derecho fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida” afirmó.

Merino inició esta campaña visitando el colegio María Reiche, en la avenida Contralmirante Mora, ubicado en medio de depós1itos de minerales. Esta zona ha sido considerada como peligrosa por la alta concentración de plomo en el ambiente. “En este colegio los niños tiene un bajo coeficiente intelectual a consecuencia del plomo en la sangre de los escolares que les impide tener un desarrollo normal de su vida. Algunos de cuarto año de primaria no saben leer bien” dijo.

El transporte de los minerales del las minas a los almacenes ubicados en zonas urbanas del Callao como Puerto Nuevo y San Juan Bosco, ha producido una enorme contaminación que ha afectado a más de 80 mil pobladores de los asentamientos humanos mencionados y también de Santa Marina Sur, Santa Marina Norte, Barrio Fiscal 1 y 2, Centenario, Ciudadela Chalaca, Barrio Frigorífico y Chacarita.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Defensoria espera sanción por actos discriminatorios contra árbitro Silvia Reyes

Lima, 08 / 04 / 2008

La Defensoría del Pueblo consideró discriminatorios y denigrantes los actos cometidos por dos jugadores del Club Universidad San Martín de Porres en contra de Silvia Reyes, miembro activo de la Asociación Profesional de Árbitros de Fútbol.

En tal sentido, dijo esperar que éstos sean sancionados a fin de prevenir y erradicar un tipo de práctica que afecta no sólo a la referida profesional, sino a la mujer peruana. Mediante oficio enviado a Álvaro Barco, gerente deportivo del Club San Martín de Porres, la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, expresó que tanto las declaraciones de Mario Leguizamón como las de Roberto Silva contienen un sentido sexista, denigrante y violento que contribuye a perpetuar la discriminación por razón de sexo en todas sus formas y espacios.

“Preocupa de manera especial a la Defensoría del Pueblo que los escenarios deportivos se conviertan en espacios para violentar públicamente los derechos fundamentales de las mujeres. Sobre todo, en aquéllos que tradicionalmente han sido asignados a los hombres, como es el caso del arbitraje del fútbol”, se señala en el documento emitido por la funcionaria.

Al respecto, en dicho documento se sugirió a Barco adoptar las medidas correctivas para prevenir y erradicar este tipo de prácticas discriminatorias entre los jugadores de su club, así como imponer a los implicados la sanción correspondiente.

Asimismo se invocó a tener en cuenta que el fútbol es el deporte más popular de nuestro país y que, por lo tanto, los jugadores son líderes de opinión e imagen de prestigiosas instituciones educativas por lo que estos actos deben ser condenados.

Fuente: Noticia Local - Agencias