Ante el anuncio del Ministerio de Educación (Minedu) sobre el retorno a clases de forma semipresencial, la Defensoría del Pueblo en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD) reitera la importancia de priorizar la eliminación de las barreras educativas que enfrentan las y los estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas especiales, cuya situación se agravó con la pandemia por el COVID-19.
Al respecto, Malena Pineda, jefa del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad indicó que, de acuerdo a la programación del Ministerio de Salud (Minsa), los días 24 y 25 de julio se aplicarán la primera dosis de la vacuna a personas de 12 a 17 años, incluyendo a las personas con discapacidad con comorbilidades priorizadas en edad escolar, lo cual favorecerá el proceso de tránsito a la educación semipresencial y presencial de forma gradual.
En esa línea, manifestó que, si bien es importante que las y los estudiantes reciban la educación en sus escuelas, igual de relevante es priorizar la atención de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por condición de discapacidad, toda vez que este grupo de estudiantes ha sido uno de los más perjudicados debido a las múltiples barreras que se han advertido en la educación no presencial, tales como la falta de conectividad, la ausencia de adaptaciones necesarias para cubrir sus diversas necesidades educativas, entre otras.
Considerando estas condiciones, la Defensoría del Pueblo solicita al Minedu asegurar la accesibilidad física de las instituciones educativas, la disponibilidad de docentes capacitados, la adaptación de las plataformas de aprendizaje y la asignación de intérpretes de lengua de señas calificados que permitan garantizar una educación de calidad.
De acuerdo al Censo 2017, existen 756 499 personas con discapacidad en edad escolar (0-29 años), no obstante, la cantidad de estudiantes con discapacidad registrados en el 2020 de acuerdo al Minedu fue de 83 221 en alguna modalidad de educación básica y técnico productiva, con lo cual la brecha de personas con discapacidad que no accede a la educación equivale al 88,9 % de esta población.
En el 2020, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe “El Derecho a la Educación Inclusiva en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19” para determinar los alcances y limitaciones en el servicio educativo no presencial para estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas especiales en la Educación Básica.
El documento señala que el presupuesto que se destina para la atención de los estudiantes con discapacidad equivale a apenas el 4,1 % del Programa Presupuestal 106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva". Esta desproporción constituye una vulneración al derecho a la educación y revela que la educación inclusiva no es aún un asunto de interés público. Por ello, el MICDPD reitera la recomendación dirigida al Minedu y al Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido de aprobar un Programa Presupuestal para la Atención a la diversidad de niñas, niños y jóvenes en la Educación Básica Regular.
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