Demanda de alimentos 2026: Requisitos, plazos y cómo llenar el formulario del Poder Judicial

¿Sabías que una demanda de pensión de alimentos en el Perú puede iniciarse de forma 100 % gratuita e incluso sin el patrocinio obligatorio de un abogado? Aunque el marco del Código Civil permite este mecanismo legal para salvaguardar las necesidades básicas de salud, educación y subsistencia de menores (o dependientes), un expediente desordenado o incompleto puede convertirse en un laberinto burocrático. El abogado Luis Aguilar Zanabria advierte en Infobae Perú que el juzgado tiene la facultad de declarar la solicitud como inadmisible si detecta omisiones formales, otorgando un plazo estricto para subsanar los errores antes de paralizar el proceso.

El mapa del trámite: ¿Dónde acudir y cómo empezar?

Para activar este escudo legal, la demanda debe interponerse ante el órgano judicial de la residencia del demandante o del demandado, delegando la función a un Juzgado Mixto si la zona no cuenta con un despacho específico. La forma más dinámica de iniciar el trámite es mediante el formulario web digital del Poder Judicial (https://linktr.ee/poderjudicial), el cual requiere datos clave como los DNI, nombres, lugar de trabajo del obligado y el petitorio. El especialista Aguilar Zanabria aconseja registrar el nombre exacto del empleador del demandado; esta precisión funciona como una llave que permite al juez cruzar información directa sobre los ingresos reales del emplazado.

Los requisitos obligatorios que sostienen tu caso

El éxito de la solicitud no depende de la elocuencia, sino de las pruebas tangibles que actúan como el cimiento del expediente. Para blindar el proceso y evitar observaciones judiciales que dilaten el tiempo, se debe recopilar de manera obligatoria la siguiente documentación:

• Acreditación de vínculo: Partida de nacimiento original (esencial para probar la filiación con el progenitor demandado) junto con la copia del DNI del menor de edad.

• Sustento del gasto mensual: Medios probatorios físicos como constancias de matrícula escolar, recibos de pagos de estudios y comprobantes de desembolsos mensuales que contextualicen el nivel de vida del dependiente.

• Claridad en la pretensión: Un petitorio con un monto solicitado transparente, detallando quién demanda, a favor de quién se solicita y la pretensión económica concreta.

Del juzgado a la sentencia: Los plazos del proceso

Una vez que el juzgado admite a trámite el expediente, la maquinaria legal avanza hacia una Audiencia Única, una etapa crucial diseñada para buscar una conciliación inmediata entre ambas partes. Tras la notificación, el demandado dispone de un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo, donde puede argumentar aportes previos o cuestionar la demanda. Si no se logra un acuerdo voluntario en la audiencia, el juez dictará una resolución final fijando la pensión bajo dos modalidades: un monto fijo (común para ingresos informales) o un porcentaje que, según el Código Civil, puede alcanzar hasta el 60 % de los ingresos mensuales del demandado, evaluando su capacidad económica. Cabe precisar que, ante cualquier discrepancia con el fallo, el procedimiento admite el recurso de apelación para una revisión en una instancia superior.

Fuente: Infobae Perú.

Alcalde de Pasco demanda a minera Volcan ante el Poder Judicial por 30 años de contaminación

Fotos: EarthRights International / ONG Labor

¿Se imagina descubrir que el 100% de los niños de su localidad albergan en su organismo niveles de metales pesados que superan los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS)? Esta es la devastadora realidad científica identificada en Paragsha por la organización Source International, cuyos estudios asocian directamente esta condición con enfermedades, la reducción del desarrollo cerebral infantil e incluso la presencia de metales tóxicos en la carne de los animales de consumo local. Ante esta crisis que arrastra más de 30 años de denuncias por desechos tóxicos en suelos, ríos y lagunas, el alcalde provincial de Pasco, Julio César Rupay, llegó a Lima con un enfoque estrictamente periodístico y profesional para interponer una demanda de amparo contra Volcan Compañía Minera y sus subsidiarias. El burgomaestre aclaró firmemente que la provincia no se opone a la actividad minera, sino a la contaminación destructiva que amenaza con convertir el futuro regional en un desolador hospital de niños afectados por metales pesados.

El escudo legal: Los objetivos detrás de la demanda de amparo

La acción judicial, que actualmente se encuentra en manos del Primer Juzgado Constitucional de Lima, busca sentar un precedente definitivo de justicia ambiental para los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca. Con la asesoría legal de EarthRights International (ERI) y el respaldo de la Red de Jóvenes Interquorum Pasco junto a la Planametox, la iniciativa busca activar mecanismos urgentes para frenar el daño e iniciar el rescate de la población cerreña. Los puntos medulares exigidos en el recurso legal contemplan:

• Reconocimiento y freno: Que el Poder Judicial reconozca formalmente los graves daños ambientales causados por Volcan y ordene detener la continuidad de la contaminación.

• Reparación ambiental: Obligar a la empresa minera a reparar de forma integral las fuentes de agua y los suelos afectados por metales pesados.

• Intervención sanitaria: Realizar un diagnóstico exhaustivo de la salud de la población local y establecer un seguimiento médico riguroso para todos los afectados.

• Garantía de no repetición: Implementar medidas técnicas que aseguren que, mientras persista la actividad de la minera, no se vuelvan a ocasionar los impactos ambientales del pasado.

Ciencia y derechos humanos contra la impunidad en los Andes

La batalla legal cuenta con un sólido soporte técnico gracias a Source International, entidad que lleva 18 años estudiando minuciosamente la contaminación en Cerro de Pasco y cuyas evidencias científicas demandan una intervención sanitaria inmediata para proteger a los menores de edad. Por su parte, Itzel Silva, directora legal de EarthRights Latinoamérica, enfatizó de manera tajante que corporaciones como Volcan no pueden seguir operando en la impunidad ni lucrándose a costa del ambiente, la salud y la vida de los ciudadanos. La resolución de este amparo constitucional no solo determinará la responsabilidad de la empresa minera, sino que será el factor determinante para salvaguardar el derecho fundamental de las familias de Cerro de Pasco a desarrollarse y gozar plenamente de un ambiente sano.

Fuente: SPDA Actualidad Ambiental

Pescadores se movilizan a la PCM y Poder Judicial por derrame de Repsol a cuatro años del ecocidio

A casi cuatro años del derrame de más de 11.000 barriles de petróleo en Ventanilla, organizaciones de pescadores artesanales de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay anunciaron una nueva movilización para exigir justicia y reparación integral. La marcha está programada para este miércoles 10 de diciembre a las 9 a.m., y tendrá como destinos la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Poder Judicial. En esta última sede, las organizaciones presentarán una acción constitucional por vulneración de derechos humanos, la cual está siendo firmada por alrededor de 600 personas, según informó Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo Toma y Calla.

Mediante el recurso constitucional, los pescadores buscan conocer el estado real de la remediación ambiental, la situación socioeconómica actual de las familias afectadas, el avance de los compromisos asumidos por el Estado y el nivel de cumplimiento de Repsol frente a las medidas establecidas tras el derrame. Esta acción colectiva coincide con la difusión de un reportaje que revela acuerdos entre Repsol y el Estado, donde la empresa española, según documentos firmados, no admite ninguna responsabilidad por el derrame, y se habría comprometido a pagar S/ 9 millones adicionales para que la Fiscalía modificara la acusación penal de contaminación ambiental dolosa a culposa. Los pescadores rechazan estos acuerdos, e incluso Melchor informó que la movilización responde a que se habrían enterado de que el Gobierno ya negoció a nombre de los afectados y no habrá monitoreo en las zonas.

La situación ambiental en el litoral continúa siendo crítica, y Melchor cuestionó que el Estado sostenga que las playas están en óptimas condiciones mientras el OEFA sigue reportando contaminación. El dirigente señaló que la fauna marina sigue afectada, indicando que hace tres años que no desovan el pejerrey ni el calamar en Pasamayo. Además, informes de CooperAcción y Oxfam estiman que la petrolera adeuda más de S/ 2.600 millones en pagos pendientes a pescadores y trabajadores. Melchor enfatizó que la movilización es clave porque "No existe una respuesta integral ni reparadora. Nuestros derechos fueron vulnerados y no vamos a aceptar acuerdos injustos", esto en contraposición a un comunicado de Repsol de enero de este año donde asegura haber cumplido con las labores de limpieza, remediación y compensaciones, destinando más de S/1.000 millones.

TC anula sentencia que absolvía a implicados en el caso Petroaudios

El Tribunal Constitucional anuló la sentencia de la Corte Suprema que absolvía a Rómulo León Alegría, Alberto Químper, Rafael Fortunato Canaán, entre otros, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio en el caso Petroaudios. 

La Procuraduría Anticorrupción, mediante sus redes sociales, informó que el TC declaró fundada la demanda que interpuso contra el fallo de mayo del 2017 en que se ratificó la absolución de los implicados.

En esa línea, declaró nula la resolución y ordenó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que confirmó el fallo absolutorio emita un nuevo pronunciamiento.

El caso fue archivado definitivamente por el Poder Judicial, tras nueve años de proceso, decisión ante la cual la Procuraduría Anticorrupción nunca estuvo de acuerdo.

La procuraduría, en ejercicio de su función de defensa de los intereses del Estado, solicitó al TC declarar la nulidad de la sentencia que absolvió a los acusados de hechos de corrupción en el proceso de adjudicación de cuatro lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum International S.A. 

La Procuraduría Anticorrupción saludó la decisión del TC, ya que esta constituye una resolución paradigmática en la lucha contra la corrupción.

De igual forma, instó a la Corte Suprema de Justicia de la República a emitir un nuevo pronunciamiento de acuerdo con los fundamentos de la sentencia del TC, valorando criterios de objetividad e imparcialidad y el cuantioso material que prueba la responsabilidad penal de los procesados.

Fuente: Andina

Cancelarán sindicatos de construcción civil, si cometen actos delicuenciales

En los próximos días se dictará una serie de medidas para la cancelación de los sindicatos de construcción civil involucrados en actos delictivos, a fin de acabar con las mafias en el sector, anunció hoy el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredy Otárola Peñaranda. Además indicó que con esas medidas sustanciales se buscará la cancelación definitiva de los sindicatos de construcción civil que cometen actos delincuenciales.  

 “Nos hemos reunido ampliamente con Construcción Civil y hoy día también tenemos reunión con la Cámara Peruana de la Construcción, y ambos sectores están absolutamente de acuerdo (en las medidas)", indicó en entrevista concedida a radio San Borja.

Aseguró que en no más de 10 días se anunciarán las medidas que irán hacia la suspensión administrativa temporal del sindicato. Luego se acudirá al Poder Judicial a efectos de que, de manera  precautelatoria, se ratifique la suspensión "y, obviamente, el pedido sería de cancelación definitiva”.

“El presidente de la República me ha pedido iniciar una dura y real batalla contra estas mafias;  mientras estas permanezcan no vamos a poder hablar de crecimiento económico. La construcción civil va a ser uno de los motores que mantendrá el crecimiento del Perú, a pesar del enfriamiento económico”, añadió.

Fuente: Noticia Local / Andina

César Álvarez en la Dirincri tras entregarse a la justicia

El presidente regional de Áncash, César Álvarez, se entregó esta tarde a la justicia, tras la orden de detención preventiva dictada en su contra por el Poder Judicial, por el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco.

Álvarez, quien horas antes había expresado su disposición de ponerse a derecho, llegó en taxi a las inmediaciones de la Sala Penal Nacional, pero fue intervenido por agentes policiales, quienes lo introdujeron en un vehículo para derivarlo a la Dirincri.

En medio del asedio de la prensa, el presidente regional ancashino simplemente expresó tener fe en Dios y en que se haga justicia. "Me pongo a derecho", añadió.

A esta hora, Álvarez se encuentra en uno de los ambientes del sótano de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dirincri), donde en compañía de sus abogados se registra la intervención y se le toman sus generales de ley.

La Sala Penal Nacional, presidida por el juez Marco Aurelio Tejada Ortiz, ordenó la detención preliminar de Álvarez y de otras 28 personas por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, a propósito de las pesquisas por la muerte de Nolasco.

La hija del ex consejero asesinado, Fiorella Nolasco, aseguró que aún teme por su vida y que la decisión de César Álvarez de entregarse a la justicia no la deja sin preocupaciones.

“Él tenía orden de captura y debió entregarse ayer. Ha hecho un show mediático y no confío en lo que expresa su rostro. No me siento tranquilo. Estaré más calmada cuando lo sentencien", dijo.

"Falta (investigar y capturar a) mucho más personas que trabajaron para ese señor", agregó Fiorella Nolasco, quien ayer pidió resguardo policial de manera urgente porque temía por su vida.

Fuente: Noticia Local - Canal N - Andina - La República

Poder Judicial abrió proceso penal contra Carlos Burgos

El Segundo Juzgado Penal de Lima abrió proceso contra el alcalde Carlos Burgos por el caso de la falsa declaración en su hoja de vida y uso de documentos falsos durante el proceso electoral del 2010.

De acuerdo al comunicado, la instancia del Poder Judicial decidió abrir proceso recogiendo las denuncias planteadas por el Jurado Nacional de Elecciones, en torno a que habría mentido al dar información relacionada a su educación.

"En mérito a la denuncia formulada por el Jurado Nacional de Elección, el Segundo Juzgado Penal para Reos Libres de Lima abrió proceso penal con mandato de comparecencia restringida contra el alcalde de San Juan de Lurigancho", dice el comunicado citado por Canal N.

La orden dada por el juez Luis Sánchez Gonzales también dispuso el embargo preventivo de los bienes del alcalde y el impedimento de salida del país.

Canal N indicó que el alcalde no habría culminado sus estudios secundarios en el colegio Carlos Gutiérrez de Chepén  (La Libertad) ni en el colegio Juan José  Crespo y Castillo razón por la cual los certificados de la Universidad Inca Garcilaso también serían falsos.

Fuente: Noticia Local – El Comercio

Abimael Guzmán recibirá nuevas condenas por casos Tarata y Soras

Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso (SL) recibirán dos nuevas condenas más en el Poder Judicial por el crimen de 117 campesinos en Soras, Ayacucho, y por el ‘coche bomba’ en la calle Tarata, según informó el procurador antiterrorista Julio Galindo al cumplirse 21 años de la captura del líder terrorista.

El defensor del Estado refirió que en ambos casos hay "pruebas suficientes" que acreditan la responsabilidad de Guzmán y los demás procesados en los delitos de terrorismo y lesa humanidad.

"Los líderes subversivos están en condición de autores mediatos. En un comité central de esa organización evaluaron la matanza de Soras y concluyeron en que fue una 'acción ejemplificadora' contra los campesinos que decidieron enfrentarlos", dijo Galindo.

En el caso de Tarata, atentado en el cual murieron 25 personas, el procurador señaló que esta acción terrorista también fue abordada por los cabecillas senderistas, quienes la reconocieron como un "error".

Por ello, aseguró que para la Procuraduría no queda duda de que en ambos casos los subversivos recibirán también una sentencia condenatoria.

La matanza de Soras se produjo el 16 de julio de 1984 cuando un comando de SL, liderado por Víctor Quispe Palomino "José", actual cabecilla senderista en el Vraem, secuestró un ómnibus en su ruta a Soras y recorrió varias comunidades asesinando a más de un centenar de pobladores.

Junto a Guzmán son procesados por ambos casos Elena Iparraguirre Revoredo, su esposa y número dos de SL; y Osmán Morote Barrionuevo, entre otros integrantes capturados del Comité Central.

Fuente: Noticia Local – La República

Municipalidad de Lima y Poder Judicial implementarán juzgados de Tránsito y Seguridad Vial

El 15 de junio próximo funcionaran los primeros tres juzgados de Tránsito y Seguridad Vial en el ámbito de la Corte Superior de Justicia, con lo cual se busca que las víctimas de accidentes vehiculares encuentren un servicio de justicia rápido y eficiente.

Esto será posible en virtud a un convenio suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Poder Judicial, el cual contempla que dichos juzgados también se implementarán en los distritos judiciales de Lima Norte y Sur, según las necesidades y requerimientos de la población.

Los primeros tres juzgados, que estarán ubicados en el jirón Puno, en el Cercado de Lima, beneficiarán a los 14 distritos de Lima Centro como Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Breña, Lima, San Isidro, Lince, Miraflores, entre otros, y los situados en la zona este como Ate y San Juan de Lurigancho.

En dichos juzgados se conocerán los procesos penales, civiles y contenciosos administrativos que se originen o deriven única y exclusivamente de accidentes y atropellos ocurridos en el tránsito vehicular en la capital, de acuerdo a la Ley 29391, dictada por el Congreso en julio de 2009.

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, manifestó que se trata de una iniciativa importante, por cuanto permitirá atender los asuntos de tránsito de manera rápida, efectiva y fácil, y de esa forma no ejercer decisiones judiciales a través de procesos largos sino breves dentro de lo posible.

Fuente: Noticia Local – Prensa Municipalidad de Lima

Poder Judicial suspende por 30 días a Juez Malzón Urbina

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso la suspensión efectiva por 30 días sin goce de haber del juez provisional Malzón Urbina La Torre al concluir una investigación en su contra por su desempeño como juez superior provisional de Lima.

La sanción hace referencia a su actuación como juez de la Tercera Sala Superior Penal para Reos Libres de Lima junto a Jorge Aguinaga Moreno. Según informó el PJ en un comunicado, Urbina “declaró nula su propia resolución aduciendo que carecía de motivación suficiente, y haber dilatado innecesariamente la tramitación de un proceso penal, vulnerando lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Urbina, que es seriamente cuestionado por un polémico fallo en favor de los comerciantes del Mercado La Parada, tendrá que cumplir la sanción disciplinaria una vez que sea notificada la resolución.

“El CEPJ estimó que los jueces Urbina La Torre y Aguinaga Moreno incurrieron en irregularidad funcional en el ejercicio de su cargo, por lo que acordó confirmar la medida de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y hacer efectiva la suspensión”, indica un documento del PJ. El órgano de gobierno adoptó esta decisión por unanimidad.

Fuente: Noticia Local – El Comercio

Juez ordena detener a chofer por la muerte de Ivo Dutra

El Noveno Juzgado Penal para Reos Libres abrió proceso con medida de detención contra Weimer Huamán Sánchez, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de homicidio simple, por la muerte del fotógrafo Ivo Dutra Camargo.

A pocos días de recibir la denuncia, el magistrado Rómulo Chira Cabezas notificó a la Policía Judicial para que de manera inmediata ubique y capture al encausado Huamán Sánchez.

El juez comprendió como terceros civilmentes responsables a la empresa Orión, debido a que el inculpado utilizaba el logo, el permiso y la licencia de ruta de dicha empresa, así como al Banco Interbank, que resulta ser propietario del vehículo.

En la resolución se ordena el embargo de todos los bienes propios del procesado para cubrir la posible reparación civil, así como traba embargo sobre el ómnibus placa VI- 1469, para garantizar preventivamente una futura indemnización para los deudos.

Fuente: La República - Noticia Local

Presidente del PJ pide estudiar defectos del sistema de seguridad ciudadana

El presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, afirmó que es el momento de estudiar con seriedad las causas y los defectos del sistema de seguridad ciudadana, para enfrentar el clima de violencia que viven Lima y algunas provincias del interior del país.

 Refirió que casos como el ataque que sufrió la hija del congresista Renzo Reggiardo, quien fue herida de bala por delincuentes, “obligan a repensar las cosas pero siempre con serenidad, prudencia y rigor”, y reflexionar atentamente acerca de las pautas, los procedimientos y protocolos de investigación, juzgamiento y sanción que deben existir.

Añadió que “si hay que hacer y ordenar algo, debe hacerse, pero siempre respetando las formas de una democracia, porque esa es la única manera en que tendremos éxito de modo permanente en la lucha contra el crimen”.

Recordó que la legislación en materia de delitos graves en Perú es una de las más drásticas del mundo.

“El problema tiene que ver con los sistemas de prevención represiva, de inteligencia, de investigación y criterios de juzgamiento”, añadió.

La autoridad judicial acotó que si bien no se puede obligar a un juez a condenar por condenar, “eso no quiere decir que la sociedad se vuelva inerme o no se le brinden los instrumentos necesarios para enfrentar la criminalidad”.

Fuente: Noticia Local - Andina

Poder Judicial rechazó pedido del Grupo Colina tras derogatoria del DL 1097

El Tribunal presidido por la jueza superior Inés Villa Bonilla descartó así la solicitud de 21 militares, quienes buscaban el sobreseimiento del juicio que afrontan por los casos Barrios Altos, El Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri.

Según informó RPP, la Sala consideró que la aplicación de este Decreto sería un acto de discriminación en procesos de militares y policías frente a civiles; lo que generaría una grave contradicción en los acuerdos suscritos por nuestro país con organismos internacionales de derechos humanos.

De igual manera, se argumentó que el archivo de estos casos constituiría la negación del derecho a conocer la verdad. Es decir, el sobreseimiento no procede en casos de violaciones a los derechos humanos.

En tanto, la defensa legal de los militares presentó un recurso de nulidad sobre este fallo, a fin de que el mismo sea revisado por la Corte Suprema y se emita un veredicto definitivo al respecto.

Fuente: Noticia Local - La República

Poder Judicial liberó a 30 terroristas en menos de dos años

En los últimos 20 meses, 25 terroristas de Sendero Luminoso (SL) y cinco del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) han sido excarcelados por el Poder Judicial bajo la fórmula de liberación condicional luego que estos se acogieran a los beneficios penitenciarios durante la vigencia de la modificación del Decreto Legislativo 985, el cual otorgaba días de redención por días de estudio o trabajo.

De estas 30 personas condenadas por terrorismo, 26 consignaron en sus expedientes del Poder Judicial las direcciones de sus respectivos domicilios; los otros cuatro subversivos excarcelados no cuentan con un domicilio identificado, lo cual es considerado como de muy grave para la seguridad del país por el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante (r) Jorge Montoya.

Según Montoya también resulta muy peligroso que estos miembros de SL y MRTA domicilien tan cerca uno de otro en diversos distritos de la ciudad de Lima, pues cuatro de ellos consignaron domicilio en San Juan de Lurigancho; igual número en Villa El Salvador; tres en San Martín de Porres; dos en el Rímac; dos en el Cercado de Lima; y los restantes se encuentran repartidos en Comas, Independencia, Chorrillos, Villa María del Triunfo, y San Juan de Miraflores; además de tres en Ventanilla y Santa Rosa (Callao).

Así mismo, dos de los subversivos consignaron como domicilio una vivienda en Huaral (Lima) y otra en Nuevo Chimbote (Áncash).

Cabe señalar que, por las direcciones consignadas, la mayoría de las casas se ubican en zonas marginales, tugurizadas y de difícil acceso para la policía, aspectos que para el Ministerio Público debieron ser tomados en cuenta por los juzgados supraprovinciales antes de otorgarle la libertad condicional a estas personas.

El Ministerio Público también cuestiona que antes no se haya tomado en cuenta la existencia de informes psicológicos desfavorables a algunos de los terroristas excarcelados, lo cual para Montoya resulta casi una negligencia judicial considerando que entre ellos se encuentran asesinos de policías, secuestradores de empresarios y quienes atentaron contra alcaldes, mineras, bancos y diversos establecimientos comerciales que y que, por tales delitos, fueron condenados a 20, 15 y 10 años de prisión.

Los senderistas excarcelados son Juan Valencia Moore (Emilio), Rosa María Contreras Serrano (Verónica), Marilú Cárdenas Cáceres (Patty), Carlos Leandro Ramírez (Ramiro o Lalo) , Edwin Elías Genovés Canchari (David), Víctor Eliseo Jorge Guifra (Ricardo), Luis Enrique Rojas Álvarez (José), Rubén Orlando Ríos Fernández (Leonardo o Abelardo) y Hugo Moya Flores (Renato).

También, Esther Giovanna Palacios Valenzuela, Alex Marcial García Coca (Douglas), Roberto Asencio Palomino Quispe (Carlos), Nérida Palomino Tambra (Martina), Sandro Meléndez León (Cristian), José Amalfi Vizcardo Cerrutto (Pedro) y Óscar Elías Dámaso Tarazona (Negro).

Igualmente, César Herrera Gutiérrez (Omar), María Victoria Fajardo Cuadros (Rosmery), Carlos Guillermo Bardales Peña (Róger), David Tobías Huerta Regalado (Javier), César Augusto Chávez Huanaco (Antonio), Qespiq Chachi Espino Bravo (Manuel), Pedro Ruiz Canales (Arturo), Hortensia Basilia Hernández Bautista (Karina) y Aníbal Castro Palomino (Joselo).

Los cinco emerretistas liberados son, Lautaro Enrique Mellado Saavedra ( Taro), Dominga Mamani Apaza (Ely), Fortunata Leyva Quispe (Vicky), Gregorio Benigno Cuba Vega (Arturo) y Sergio Morillo Rojas (David).

La Procuraduría para delitos de Terrorismo, a cargo de Julio César Galindo Vásquez, ha interpuesto diversos recursos de apelación contra las liberaciones condicionales otorgadas por el 1, 2, 3 y 4 Juzgado Penal Supraprovincial en los últimos 20 meses.

Fuente: Noticia Local - CNR

Poder Judicial reconoce funciones jurisdiccionales de Rondas Campesinas

Lima, 07 / 01 / 2010

El 13 de noviembre del 2009, el Poder Judicial realizó el V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias a fin de tratar el asunto “Rondas Campesinas y Derecho Penal”. En síntesis, la decisión adoptada es reconocer las funciones jurisdiccionales que realizan las Rondas Campesinas siempre que éstas respeten los derechos fundamentales.

Los jueces supremos para sustentar este acuerdo, invocaron tanto la Constitución Política así como el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los Pueblos Indígenas, la Ley de Rondas Campesinas y su reglamento, así como las diversas ejecutorias que desde la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional del Perú y de Colombia se han resuelto. Igualmente, se basaron en diversas normas del Código Penal vigente y en documentos de especialistas en la materia, lo que fue sometido a debate entre los jueces supremos.

El acuerdo se sustenta en el derecho a la identidad étnica y cultural de las personas reconocidas en el artículo 2.19 de la Constitución Política, así como en los artículos 89 del mismo cuerpo legal, el cual reconoce la existencia legal, personería jurídica y autonomía dentro de la ley de las comunidades campesinas y nativas, y el artículo 149 que reconoce la jurisdicción especial o comunal o indígena o de derecho propio. Igualmente, el Convenio 169 OIT sirvió de sustento teniendo en cuenta lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el caso Cordillera Escalera de febrero 2009, San Martín.

El acuerdo señala que del artículo 149 de la Constitución se debe hacer “una lectura integradora y en armonía con los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica y corrección funcional”. Así, manifiestan que las Rondas Campesinas “(…) forman parte de un sistema comunal propio y, en rigor, constituyen una forma de autoridad comunal en los lugares o espacios rurales del país en que existen – estén o no integradas a Comunidades Campesinas y Nativas preexistentes-“Añaden también, que las Rondas Campesinas son una respuesta comunal ante el problema de la falta de acceso a la justicia, derecho fundamental que integra el núcleo duro de los derechos fundamentales.

Sin embargo, el acuerdo plenario también enfatiza que las funciones jurisdiccionales de las Rondas Campesinas en aplicación del derecho consuetudinario, no pueden vulnerar los derechos fundamentales de la persona, esto señalan, es una condición de legitimidad y límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal- ronderil.

También se establecen diversas pautas para que la justicia penal ordinaria resuelva situaciones en las que los ronderos se vieran denunciados y procesados.

ste Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116, también ha señalado que constituye como doctrina legal los fundamentos jurídicos expuestos en los fundamentos jurídicos del 7 al 17, y que los principios jurisdiccionales que contiene la doctrina legal referida debe ser invocada por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción establecida en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, en caso algún magistrado decida apartarse del precedente obligatorio establecido, deberá motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente que desestiman y de los fundamentos que invocan.

Fuente: Noticia Local

Abren proceso penal a presidente regional de Ancash

Huaraz, 09 / 12 / 2009

El Poder Judicial abrió proceso contra el presidente regional Cesar Álvarez Aguilar por presuntas irregularidades funcionales en agravio de los trabajadores del magisterio, informó Basilio Lazara Barreto, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos del Sector Educación de Huaraz.

Precisó que fue titular del Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash, David Ramos Muñante, quien ventilará el proceso en la vía sumaria.

“Tanto César Álvarez, el procurador público Rolando Jara Alva y el sub gerente de Recursos Humanos Lindon Pérez Jiménez fueron acusados por los presuntos delitos contra la administración publica, abuso de autoridad, omisión y retardo en los actos funcionales”, precisó.

“Se perjudicó a diez trabajadores administrativos del sector educación, por no considerarlos en la resolución ejecutiva regional 0499-2008 que resuelve aprobar el pago de su bonificación”, declaró.

El dirigente sostuvo que las autoridades regionales favorecieron a un grupo de trabajadores con intenciones políticas partidarias, dejando de lado a otros servidores y avalando padrones que no consideraron al 100% a todos los empleados.

Fuente: Ideele Radio - Noticia Local

En Arequipa se ventilan más de 500 procesos judiciales por corrupción

Arequipa, 09/12/2009

En la Ciudad Blanca hay más de 500 procesos judiciales en materia de corrupción, reveló Walter Díaz Pérez, presidente de la Mesa de Lucha contra la Corrupción.

Detalló que, sólo en 2009, se comenzaron a tramitar 90 nuevos casos, la mayoría referidos a la malversación de fondos, uso indebido de recursos, tráfico de influencias, lavado de activos, colusión y peculado, entre otros.

Díaz Pérez mencionó que la carga procesal que maneja la Procuraduría de Arequipa se ha incrementado notablemente en los últimos tres años. Y es que cuando se creó la mesa que preside, apenas habían cuatro procesos por atender; a la fecha, son más de medio millar, que se distribuyen en etapa de investigación.

Agregó que, a nivel mundial Perú ocupa el puesto 72 de 180 países que integran el ranking de corrupción. "Significa que no estamos mal, pero tampoco bien", comentó.

En ese sentido, destacó el trabajo de prevención que hace la propia ciudadanía al denunciar y enfrentar cualquier acto de corrupción. Por ello, invitó a los arequipeños a sumarse a la marcha de hoy, con motivo del Dia Internacional de Lucha contra la Corrupción, y expresar así su rechazo a esta lacra que afecta al país.

De igual manera, anunció que el viernes 18 de diciembre se desarrollará la primera jornada contra la corrupción, donde los residentes de Arequipa podrán exponer sus denuncias y debatir directamente casos específicos en las entidades públicas y privadas.

Fuente: Radio Yaraví- CNR - Noticia Local

Poder Judicial reabre discoteca clausurada por la Municipalidad de Lima

Lima, 18 / 02 / 2009

La Municipalidad de Lima tapió un controversial night club boite ubicado en la avenida Nicolás de Piérola 722, que funcionaba en pésimas condiciones higiénicas y de seguridad. Sin embargo, el Poder Judicial ordenó su reapertura y funcionamiento.

En vista de sus constantes faltas a las normas, la comuna metropolitana clausuró el local y tapió de sus puertas de acceso, pero esas medidas resultaron insuficientes porque los dueños y trabajadores del local ingresaban y salían por la parte posterior del local, a través de una ventana que da al jirón Cailloma.

Según la comuna, este detalle no había sido tomado en cuenta por las autoridades judiciales del Sétimo Juzgado Penal quienes ordenaron la reapertura del inmueble bajo el argumento de que "habían personas en el interior del establecimiento".

Funcionarios de la gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Lima lamentaron la decisión judicial e indicaron que continuarán combatiendo la informalidad y el delito, porque en el local fueron encontrados preservativos y demás elementos que indican que allí se practica la prostitución clandestina.

Fuente: Noticia Local - Andina- Agencias

Municipalidad de Miraflores entregará predio a hopital Casimiro Ulloa

Lima, 27 / 01 / 2009

La Municipalidad de Miraflores acatará la decisión del Poder Judicial que la obliga a entregar el terreno colindante al hospital Casimiro Ulloa, que actualmente ocupa, al Ministerio de Salud.

En un comunicado hecho público luego que el Minsa diera conocer el fallo judicial, la comuna miraflorina señaló que “respetuosa del Estado de Derecho y del Poder Judicial, respetará las decisiones que emanen de los procesos judiciales en curso”.

Sin embargo, insistió en que el inmueble en cuestión donde actualmente funciona el Centro Médico de Miraflores, es de su propiedad, ya que le fue donado por el Club de Leones de Miraflores mediante Escritura Pública de Donación de fecha 25 de Mayo de 1961.

Asimismo, afirmó que, con apoyo y colaboración de la comunidad miraflorina, construyó con recursos propios ese centro médico en el predio donado a su favor, específicamente para ese fin.

El comunicado indica que en 1956, el Club de Leones dejó constancia con una placa que la Gran Unidad Sanitaria de Miraflores había sido construida con la contribución del vecindario.

Destacó que desde enero de 1961, el Centro Médico Municipal ha brindado atención médica, de modo ininterrumpido, a más de un millón de ciudadanos, fundamentalmente del segmento de menores recursos del distrito.

Finalmente, anotó que desde mayo del año 2008, en virtud de un convenio suscrito con Essalud, el Centro Médico Municipal de Miraflores brinda prestaciones de salud a vecinos asegurados (de forma gratuita), y no asegurados que hoy tienen acceso a diversas consultas médicas a bajos costos.

Cabe anotar que la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud informó que la Sétima Sala Civil de Lima, en última instancia, resolvió que la comuna devolviera el predio al portafolio de Salud.

Fuente: Noticia Local - Agencias - Andina

Absuelven a alcalde de Cajamarca en caso de desaparición de petróleo

Cajamarca, 26 / 01 / 2009

La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca absolvió al alcalde provincial Marco la Torre Sánchez, en el caso de la desaparición de petróleo donado por la Aduana de Tumbes, que iba a ser distribuido entre los damnificados del friaje.

Se informó que los vocales Sáenz Pascual, Vásquez Arana y Valencia Pinto –de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca- no encontraron elementos de juicio que justifiquen una sanción contra la autoridad edil, porque la autoridad no habría tenido una participación directa en este tema.

La Torre Sánchez fue denunciado -el año pasado- por la Primera Fiscalía Provincial de Cajamarca, como responsable de los hechos. En esa oportunidad se perdieron más de mil galones de petróleo.

Fuente: Ideele Radio - Noticia Local - Agencias