Peligro en Loreto: El agua de 500 mil personas bajo la amenaza de nuevas concesiones mineras

¿Cómo es posible que la fuente de agua que da vida a medio millón de personas esté en trámite para convertirse en una zona de explotación minera? El río Nanay, el vital recurso hídrico que abastece de agua potable a la población de Loreto, se encuentra bajo una severa amenaza. El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) alertó que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos nuevas solicitudes de concesión minera en esta cuenca, un hecho que funciona como una alarmante contradicción legal, ya que el Decreto Supremo 022-2024-EM suspende explícitamente el otorgamiento de petitorios mineros en esta zona hasta noviembre de 2026. Esta polémica decisión ha despertado la indignación de organizaciones y ciudadanos que defienden la cuenca frente a la minería ilegal de dragas que ya destruye la biodiversidad local, llevando a líderes sociales como Jose Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, a calificar el acto como una burla increíble a la salud pública y a la normativa estatal.

Los petitorios de la discordia: nombres, responsables y el marco legal vulnerado

El desglose técnico de los trámites admitidos y los antecedentes judiciales

La cuenca del Nanay no es un terreno libre para la explotación; se trata de un ecosistema protegido por leyes regionales y nacionales orientadas a salvaguardar áreas naturales frágiles como la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Los detalles específicos de los petitorios admitidos y el historial de lucha legal de la comunidad se resumen a continuación:

• Los proyectos cuestionados: Se trata de las solicitudes denominadas "Achuny", ingresada en noviembre de 2025 por Leslie Lizelt Gutiérrez Latorre (natural de Madre de Dios), y "Jaguar Dorado", solicitada en la misma fecha por Edwin Whilmer Bastidas Quispe (natural de Lima).

• Un río blindado por norma: La Ordenanza Regional 006-2003-CR/RL declara expresamente al Nanay como una zona de exclusión total para actividades de extracción minera.

• Precedentes en el Poder Judicial: En agosto de 2024, el Primer Juzgado Civil de Loreto declaró fundada en parte una demanda de amparo de los ciudadanos de Iquitos, criterio que fue confirmado en enero de 2025 por la Sala Civil de Loreto al reconocer el riesgo real sobre el derecho al agua potable.

• Emergencia en espera: La admisión de estos trámites ocurre mientras la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto espera que el Gobierno central apruebe una ampliación del estado de emergencia para frenar la minería en la zona.

Ofensiva legal: colectivos ambientales exigen la nulidad inmediata de los trámites

Frente a lo que se considera una grave vulneración del marco jurídico, el OMI informó que ya se ha presentado una oposición administrativa formal para solicitar la nulidad absoluta de ambos procedimientos. De acuerdo con Karina Garay, abogada especializada en temas ambientales y vocera del colectivo, la normativa vigente establece una prohibición tajante por razones estrictas de seguridad y salud de la población loretana. Por este motivo, que una entidad del propio Estado dé luz verde al avance de estos expedientes representa un precedente sumamente preocupante que tiñe de ilegalidad cualquier futura autorización. La autoridad competente tendrá ahora un plazo de 30 días calendario para evaluar esta solicitud de nulidad y determinar si se respeta el decreto supremo de suspensión.

Un futuro determinante para la seguridad hídrica de Loreto

Finalmente, el Observatorio de Minería Ilegal advirtió que la resolución final que adopten las autoridades en este caso específico será un hito determinante para medir la aplicación efectiva y real de las normas de protección ambiental en el Perú. No se trata únicamente de un debate de papeles o burocracia, sino de salvaguardar la integridad de una de las principales arterias de agua de la Amazonía peruana frente al avance de actividades extractivas que comprometen directamente la vida humana. La ciudadanía de Iquitos y las organizaciones aliadas permanecerán vigilantes durante el próximo mes, con la firme convicción de que el Estado debe rectificar sus funciones para garantizar un ambiente sano y asegurar que el agua limpia siga llegando a los hogares de las miles de familias loretanas.

Alerta ambiental en Lambayeque: 609 hectáreas sepultadas por la basura

Foto: OEFA

¿Puede el suelo que pisamos convertirse en una bomba de tiempo para nuestra propia salud? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, ha encendido las alarmas en el norte del país al identificar 36 Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales (ADRSM) —conocidas comúnmente como botaderos— que operan muy por debajo de los estándares mínimos permitidos. Esta preocupante radiografía ambiental abarca un total aproximado de 609 hectáreas severamente afectadas por la disposición inadecuada de los desechos urbanos. Glendy Paola Zabarburú Belloso, jefa de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Lambayeque, detalló que estos focos críticos se encuentran distribuidos en las tres provincias de la región: 17 se ubican en Chiclayo, 14 en Lambayeque y 5 en Ferreñafe. Las supervisiones técnicas revelaron situaciones de riesgo latente que podrían desencadenar afectaciones graves e irreversibles tanto en los recursos naturales como en la salud de la población local.

El mapa del incumplimiento y las sanciones del organismo regulador

Municipios en la mira y estado de las medidas preventivas

Ante la inacción de las autoridades locales para mitigar los impactos, el OEFA ha tenido que intervenir con mano dura mediante el uso de herramientas legales y punitivas. El balance de la fiscalización estatal y la respuesta de los gobiernos locales se resume en los siguientes puntos clave:

• Sanciones económicas en marcha: El organismo fiscalizador ya ha impuesto multas coercitivas que suman un total de 82 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) como un mecanismo drástico para exigir que se acaten las órdenes dictadas.

• Medidas preventivas emitidas: Hasta la fecha, la entidad ha dictado 69 medidas de carácter preventivo en 16 unidades fiscalizables que son administradas por un grupo de 20 municipalidades de la región.

• Bajo nivel de acreditación: De todo el bloque intervenido, solo siete unidades fiscalizables (que corresponden a diez gobiernos locales) han logrado acreditar el cumplimiento real de las disposiciones de seguridad emitidas.

• Lista de municipalidades infractoras: Entre las comunas que todavía registran incumplimientos vigentes y desacatos ante el regulador figuran Monsefú, Pimentel, Ciudad Eten, Puerto Eten, Santa Rosa, Olmos, Pucalá, Pomalca y Pátapo.

La receta de emergencia para mitigar el impacto en las comunidades

La OEFA ha sido enfática al recordar que estas áreas degradadas en proceso de recuperación no pueden operar como tierras de nadie; por el contrario, deben cumplir estrictamente con criterios mínimos de operación mientras se diseñan e implementan proyectos integrales de gestión de residuos. El cumplimiento de estas pautas técnicas básicas funciona como un escudo protector indispensable para prevenir desastres ambientales comunes en los botaderos, tales como incendios espontáneos, la proliferación masiva de vectores de enfermedades —como moscas y roedores— y el daño silencioso que causa la contaminación del suelo, el aire y las valiosas fuentes de aguas subterráneas de la zona.

Un compromiso firme con el futuro y la salud pública del norte

La solución a este problema de gestión pública no admite más prórrogas ni papeles archivados. Al cerrar su informe, la entidad reguladora reafirmó con firmeza su compromiso institucional con la fiscalización ambiental estratégica en todo el territorio nacional, anunciando que continuará supervisando de manera muy rigurosa el desempeño diario de las municipalidades que tienen la responsabilidad directa sobre estas áreas críticas. Asimismo, el organismo reiteró un llamado urgente e instó a los nuevos alcaldes y autoridades locales a priorizar de forma inmediata la recuperación física de estos espacios públicos, entendiendo que el ordenamiento de los residuos es la única vía real para salvaguardar la salud pública y preservar el patrimonio ambiental de la región Lambayeque.

Fuente: TV Perú.

Defensores ambientales de 5 países crean red de apoyo ante ola de asesinatos en la región

¿Puede un lazo comunitario invisible sostener la vida donde los Estados no llegan? Los días 27 y 28 de mayo, la ciudad de Lima se convirtió en el epicentro del Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales, una cita organizada por la institución CooperAcción que reunió a 40 líderes de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú (con la ausencia forzada de Bolivia debido a sus conflictos internos). El evento sirvió para canalizar testimonios desgarradores y transformarlos en una estrategia de resistencia colectiva a través de la creación de una red latinoamericana de coordinación y protección mutua. En su declaración final, los participantes articularon un firme llamado a los Gobiernos de la región para robustecer las garantías de seguridad y frenar una crisis humanitaria que se agrava bajo un contexto extractivista, donde las comunidades denuncian ser sometidas a dinámicas de contaminación, persecución judicial, amenazas y desplazamientos forzados.

La radiografía de una región bajo riesgo inminente

Estadísticas e impactos territoriales en el mapa latinoamericano

La urgencia de tejer una red internacional responde a un escenario donde proteger la naturaleza se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Los datos globales y locales compartidos en el encuentro exponen una crisis estructural que se divide en los siguientes puntos clave:

• El foco rojo del planeta: El último informe de Global Witness revela que Latinoamérica se mantiene como la región más letal del mundo para el activismo ecológico, registrando al menos 120 personas asesinadas o desaparecidas en 2024, lo que representa el 82 % de las agresiones globales.

• El desglose de la violencia por países: Colombia lidera el trágico registro regional con 48 casos; seguido por Guatemala con 20; México con 18 homicidios y una desaparición; Brasil con 12; Honduras con 5; Nicaragua y Perú con 4 casos cada uno; Ecuador con 3; y finalmente Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana con un deceso reportado por nación.

• Criminalización en Ecuador: Isaías Quinatoa, dirigente de la organización Ecuarunari, alertó que en su país existen por lo menos 300 personas criminalizadas judicialmente por la defensa de sus territorios y la conservación del agua.

• El peligro del fracking en Colombia: Yuvelis Morales, ganadora del Premio Goldman 2026, advirtió que la fractura hidráulica en el Magdalena Medio contamina acuíferos y suelos mediante el uso masivo de químicos, convirtiendo los entornos en "territorios de sacrificio" y vulnerando el acceso al agua potable de la niñez.

• Metales pesados en los Andes peruanos: Marcela González Yanqui, lideresa de Puno, denunció que la polvareda de la gran minería contamina los pastizales, la ganadería y los peces de consumo local (como el carachi, mauri, suche y pejerrey), provocando que niños y adultos acumulen arsénico en sus organismos.

Del dolor territorial a la construcción del refugio comunitario

La conversación entre los líderes —como la defensora diaguita de Chile, Cecilia Aguilera, o el dirigente indígena tremembé de Brasil, Ezequiel— evidenció que, a pesar de las fronteras geográficas, las comunidades padecen patrones de agresión idénticos que incluyen la trata de mujeres, el feminicidio y la desposesión cultural. Ezequiel relató cómo su propia familia enfrenta procesos judiciales por defender sus tierras, rememorando que en 2014 tuvo que huir de su territorio debido a amenazas directas cuando aún era muy joven. Ante la falta de amparo por parte de las fuerzas del orden y las administraciones públicas, los activistas determinaron que la única vía para contrarrestar la asimetría de poder es emular la conectividad que manejan los Gobiernos. Esta alianza transfronteriza busca no solo mapear los desafíos colectivos, sino servir como un canal activo de apoyo y monitoreo logístico en situaciones de crisis, como las recientes movilizaciones sociales en Bolivia.

El tejido social internacional y la apuesta por el autocuidado

La consolidación de esta red internacional marca el inicio de una doctrina de autocuidado y soporte humanitario diseñada por y para los propios defensores de la cuenca amazónica y el cordón andino. Líderes como Erika Quilumba, del pueblo kitu kara de Ecuador, explicaron que el objetivo es replicar a escala continental el modelo de monitoreo provincial que ya aplican en su país, asegurando que la información fluya en tiempo real para activar alertas tempranas. El proyecto a largo plazo contempla la gestión coordinada de asilos políticos dentro de la propia geografía latinoamericana para aquellos dirigentes que deban escapar de sus países de origen debido a riesgos inminentes contra su integridad. Al cerrar el encuentro, los participantes reafirmaron que ante la inacción estatal y la continua entrega de concesiones extractivas, la unidad del tejido social se posiciona como la única herramienta capaz de garantizar su permanencia en los territorios.

Fuente: Mongabay.

Alcalde de Pasco demanda a minera Volcan ante el Poder Judicial por 30 años de contaminación

Fotos: EarthRights International / ONG Labor

¿Se imagina descubrir que el 100% de los niños de su localidad albergan en su organismo niveles de metales pesados que superan los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS)? Esta es la devastadora realidad científica identificada en Paragsha por la organización Source International, cuyos estudios asocian directamente esta condición con enfermedades, la reducción del desarrollo cerebral infantil e incluso la presencia de metales tóxicos en la carne de los animales de consumo local. Ante esta crisis que arrastra más de 30 años de denuncias por desechos tóxicos en suelos, ríos y lagunas, el alcalde provincial de Pasco, Julio César Rupay, llegó a Lima con un enfoque estrictamente periodístico y profesional para interponer una demanda de amparo contra Volcan Compañía Minera y sus subsidiarias. El burgomaestre aclaró firmemente que la provincia no se opone a la actividad minera, sino a la contaminación destructiva que amenaza con convertir el futuro regional en un desolador hospital de niños afectados por metales pesados.

El escudo legal: Los objetivos detrás de la demanda de amparo

La acción judicial, que actualmente se encuentra en manos del Primer Juzgado Constitucional de Lima, busca sentar un precedente definitivo de justicia ambiental para los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca. Con la asesoría legal de EarthRights International (ERI) y el respaldo de la Red de Jóvenes Interquorum Pasco junto a la Planametox, la iniciativa busca activar mecanismos urgentes para frenar el daño e iniciar el rescate de la población cerreña. Los puntos medulares exigidos en el recurso legal contemplan:

• Reconocimiento y freno: Que el Poder Judicial reconozca formalmente los graves daños ambientales causados por Volcan y ordene detener la continuidad de la contaminación.

• Reparación ambiental: Obligar a la empresa minera a reparar de forma integral las fuentes de agua y los suelos afectados por metales pesados.

• Intervención sanitaria: Realizar un diagnóstico exhaustivo de la salud de la población local y establecer un seguimiento médico riguroso para todos los afectados.

• Garantía de no repetición: Implementar medidas técnicas que aseguren que, mientras persista la actividad de la minera, no se vuelvan a ocasionar los impactos ambientales del pasado.

Ciencia y derechos humanos contra la impunidad en los Andes

La batalla legal cuenta con un sólido soporte técnico gracias a Source International, entidad que lleva 18 años estudiando minuciosamente la contaminación en Cerro de Pasco y cuyas evidencias científicas demandan una intervención sanitaria inmediata para proteger a los menores de edad. Por su parte, Itzel Silva, directora legal de EarthRights Latinoamérica, enfatizó de manera tajante que corporaciones como Volcan no pueden seguir operando en la impunidad ni lucrándose a costa del ambiente, la salud y la vida de los ciudadanos. La resolución de este amparo constitucional no solo determinará la responsabilidad de la empresa minera, sino que será el factor determinante para salvaguardar el derecho fundamental de las familias de Cerro de Pasco a desarrollarse y gozar plenamente de un ambiente sano.

Fuente: SPDA Actualidad Ambiental

El crimen organizado pone en riesgo de colapso ecológico al 25% de la Amazonía, alerta informe

El avance del crimen organizado se ha consolidado como el principal obstáculo para la conservación de la Amazonía, situando a un cuarto de la superficie del mayor bosque tropical del mundo al borde de un colapso ecológico irreversible. Según el reciente informe “El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado”, publicado por la organización internacional Crisis Group, las redes delictivas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal operan formalmente en al menos el 67% de los municipios amazónicos distribuidos entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La investigación advierte que la pérdida de entre el 20% y el 25% de la cobertura boscosa anulará de forma definitiva la capacidad de regeneración natural del ecosistema, acelerando la deforestación mediante la reinversión de ganancias ilícitas en el acaparamiento de tierras y la ganadería expansiva.

La dinámica delictiva en la región responde a cambios en los patrones de consumo global y a variables económicas de alto impacto, como la cotización histórica del oro, que alcanzó un récord de 170 dólares por gramo. Esta rentabilidad ha empujado a grandes organizaciones criminales a estructurar cadenas de suministro transnacionales que utilizan las redes fluviales amazónicas como vías principales de transporte. En Brasil, facciones como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC) controlan rutas estratégicas hacia los terminales marítimos de exportación, extendiendo su influencia hacia el territorio peruano en actividades de minería ilegal en Madre de Dios y extracción maderera en Loreto y Ucayali. En paralelo, en la frontera norte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Comandos de la Frontera coordinan el flujo de minerales y pasta base de cocaína en alianza con bandas ecuatorianas como Los Lobos y Los Choneros, cuya disputa armada elevó la tasa de homicidios en la Amazonía de Ecuador de 10 a más de 50 por cada 100,000 habitantes en los últimos tres años.

El impacto de estas economías ilícitas trasciende el daño ambiental y genera graves crisis humanitarias, sanitarias y de gobernabilidad en las zonas afectadas. En el estado brasileño de Roraima, las excavaciones de la minería ilegal alteraron los cursos de agua, provocando un incremento del 233% en los casos de malaria y la muerte de 570 niños del pueblo indígena yanomami en un periodo de cuatro años. Asimismo, la capacidad de penetración institucional de estas mafias debilita el control estatal; en el caso de Perú, el informe señala que el 80% de las autoridades locales electas en cinco regiones amazónicas clave han enfrentado investigaciones penales por parte del Ministerio Público. Esta situación se complejiza debido a la porosidad de las fronteras comerciales, donde empresas del sector formal blanquean el oro extraído ilegalmente en reservas protegidas para introducirlo en el mercado internacional de materias primas.

Propuestas de mitigación y gobernanza transfronteriza

Ante la ineficacia de las intervenciones policiales aisladas, el documento técnico subraya la necesidad urgente de reformular las estrategias de seguridad mediante la cooperación multilateral y el desarrollo socioeconómico. Las recomendaciones se orientan a fortalecer la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) como el eje central de inteligencia y planificación conjunta entre los países miembros, además de armonizar las legislaciones nacionales para eliminar los vacíos legales que aprovechan las organizaciones criminales. Finalmente, los especialistas plantean que los Estados deben reorientar los subsidios dirigidos a la agricultura industrial hacia el financiamiento de economías agrosostenibles y el ecoturismo, exigiendo a su vez una fiscalización estricta de la cadena de custodia a los compradores globales para frenar el flujo de capitales que sostiene el deterioro del ecosistema.

Fuente: Mongabay.

Alerta ambiental en Huánuco: Defensoría advierte colapso de celdas de basura en Leoncio Prado

La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación por el grave riesgo de contaminación ambiental en el sector de Santa Rosa de Shapajilla, donde las celdas transitorias de residuos sólidos han colapsado. Esta infraestructura, diseñada para recibir los desechos de Tingo María y otros cuatro distritos por un máximo de tres años, ha excedido su vida útil por más de un año. Según Jorge Mendoza, coordinador defensorial en la zona, la falta de una alternativa operativa representa un peligro inminente para la salud de la población local y vulnera el derecho constitucional a un ambiente equilibrado.

Ante esta situación crítica, los pobladores del sector han reactivado medidas de protesta para exigir soluciones inmediatas. La Defensoría recordó que estas celdas fueron una solución provisional implementada tras la emergencia ambiental de 2018 provocada por el botadero La Muyuna. Sin embargo, la prolongación indebida de este espacio desnaturaliza su finalidad temporal y contraviene la Ley General del Ambiente, configurando un incumplimiento de funciones por parte del Ministerio del Ambiente (Minam) y el gobierno local de Leoncio Prado.

En una reunión sostenida este viernes, la Defensoría exhortó al Minam a entregar formalmente el nuevo relleno sanitario provincial, el cual ya estaría concluido al 100 %. La institución exige que la entrega se realice a más tardar este 16 de enero, junto con el cierre definitivo de las celdas actuales para evitar nuevos pasivos ambientales. Con este llamado, se busca proteger la salud pública, garantizar la paz social y evitar que el conflicto existente se profundice debido a la falta de acciones por parte de las entidades competentes.