Mediante el recurso constitucional, los pescadores buscan conocer el estado real de la remediación ambiental, la situación socioeconómica actual de las familias afectadas, el avance de los compromisos asumidos por el Estado y el nivel de cumplimiento de Repsol frente a las medidas establecidas tras el derrame. Esta acción colectiva coincide con la difusión de un reportaje que revela acuerdos entre Repsol y el Estado, donde la empresa española, según documentos firmados, no admite ninguna responsabilidad por el derrame, y se habría comprometido a pagar S/ 9 millones adicionales para que la Fiscalía modificara la acusación penal de contaminación ambiental dolosa a culposa. Los pescadores rechazan estos acuerdos, e incluso Melchor informó que la movilización responde a que se habrían enterado de que el Gobierno ya negoció a nombre de los afectados y no habrá monitoreo en las zonas.
La situación ambiental en el litoral continúa siendo crítica, y Melchor cuestionó que el Estado sostenga que las playas están en óptimas condiciones mientras el OEFA sigue reportando contaminación. El dirigente señaló que la fauna marina sigue afectada, indicando que hace tres años que no desovan el pejerrey ni el calamar en Pasamayo. Además, informes de CooperAcción y Oxfam estiman que la petrolera adeuda más de S/ 2.600 millones en pagos pendientes a pescadores y trabajadores. Melchor enfatizó que la movilización es clave porque "No existe una respuesta integral ni reparadora. Nuestros derechos fueron vulnerados y no vamos a aceptar acuerdos injustos", esto en contraposición a un comunicado de Repsol de enero de este año donde asegura haber cumplido con las labores de limpieza, remediación y compensaciones, destinando más de S/1.000 millones.
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