El exministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, fue condenado a 4 años y 6 meses de presión, inhabilitación en el desempeño público durante este tiempo.y una multa de 100 mil soles. El juez Jorge Barreto Herrera consideró que Aurelio Pastor es culpable de haber insinuado influenciar en el Jurado Nacional de Elecciones y la Fiscalía Suprema. Sin embargo la sentencia será supendidad pues el exministro apeló. Barreto considera que la condena se cumplirá tras ser retificada en segunda instancia.
Javier Cornejo, candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana por el Partido Aprista Peruano criticó que Luis Castañeda, quien sería el favorito en las encuestas electorales, “no haga planteamientos” concretos y declaró como “inviable” la propuesta del monorriel sobre el transporte.
Frente a la campaña electoral sostuvo que sus contendores estarían presentando propuestas muy generales sin precisar la viabilidad de estas. "Lo único que dice es que como ya fue alcalde hay que votar por él", manifestó Cornejo aludiendo a Castañeda y Villarán.
En tanto, Castañeda propone construir un monorriel para el transporte público de pasajeros, Cornejo, quien es exministro aprista de Transportes, sostuvo que dicha iniciativa es la más concreta que ha presentado; sin embargo, aplicada a Lima, “es técnica, política y económicamente adecuada”
Además, se cuestionó la originalidad de la propuesta ya que -dijo- el recorrido del referido monorriel coincide con una de las del Metro de Lima. A ello le sumó, el elevado costo, que asciende a dos millones de dólares, que dicho proyecto tendría.
De acuerdo a la reforma del transporte en Lima, Cornejo afirmó que el proceso desarrollado por la municipalidad de Lima se enfoca solo en un aspecto del problema total. La necesidad existe; sin embargo, se debe desarrollar de manera global e integrada.
"Este tema requiere que se actúe junto al gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que no es una tarea que la pueda hacer solo el alcalde de la capital", explicó.
"Sin acuerdos, todo vuelve a ser un problema más adelante", afirmó. Dicha reforma debe suponer también sumar esfuerzos con los municipios del Callao y de Huarochirí. "Tenemos que tener claramente diseñado el sistema para que en los próximos 50 años este tema esté plenamente manejado, con la eficiencia y seguridad necesarias", anotó.
La "megacomisión" del Congreso identificó 80 aportes al Partido Aprista Peruano provenientes de favorecidos por los "narcoindultos" realizados durante el último gobierno de Alan García, informó el titular de dicho grupo de trabajo, Sergio Tejada.
Sostuvo que si bien se trata de montos simbólicos, estos deben ser investigados ya que provienen de personas que habían sido sentenciadas por tráfico ilícito de drogas y, en algunos casos, por robo agravado.
Citó, como ejemplo, los casos de Amelia Emperatriz Alfaro y Víctor Apaza Quispe, entre otros, con sentencia por tráfico ilícito de drogas.
Según explicó en Ideeleradio, la lista es de 80 aportes, pero quienes los entregan son menos, pues algunos hacen varios "aportes simbólicos muy curiosos", que van de los dos, tres y cinco nuevos soles.
Tejada indicó que estos casos son también materia de investigación en el Ministerio Público.
“Sé que el fiscal hace una excelente labor, se encuentra investigando el caso y este quizás podría ser un elemento a incorporar: los aportes de conmutados por el anterior gobierno al Partido Aprista”, puntualizó.
Para el legislador, el expresidente de la República y líder del Partido Aprista Peruano, Alan García, tiene la intencionalidad política de desviar la atención del caso de los "narcoindultos".
En julio, Tejada dijo que están en la fase final del caso "narcoindultos" y consideró que sería grave si procede en el Poder Judicial la acción de amparo presentada por Alan García para ser excluido de las pesquisas.
La “megacomisión” interroga en sesión reservada al exjefe de la Comisión de Gracias Presidenciales del gobierno pasado, Miguel Facundo Chinguel, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la conmutación de penas a 400 sentenciados por narcotráfico.
No se presentó ante este grupo de trabajo, Manuel Huamán Montenegro, militante aprista que trabajó filtrando los pedidos de gracias presidenciales, pese a haber cumplido una condena por tráfico ilícito de drogas.
Huamán, que purgó cárcel por ser parte de la banda de narcotraficantes “Los Norteños”, hizo llegar a la comisión investigadora multipartidaria una misiva en la que justificó su inasistencia aludiendo que padece de una “trombosis arterial en el pie izquierdo”.
“Si tuviera dificultades (de salud), nosotros podríamos ir al centro de salud en el que se encuentra”, manifestó al respecto el presidente del grupo investigador, Sergio Tejada.Por su parte, Facundo Chinguel ingresó al salón donde sesionaba la “megacomisión” antes que fuera convocado a comparecer para su interrogatorio, por lo que Tejada le pidió que se retire hasta que sea llamado.
El exjefe de la comisión de indultos del gobierno pasado solicitó que su intervención sea pública, ya que no se tratarían aspectos referidos a la reserva bancaria, tributaria o personal. Sin embargo, la comisión concluyó en que algunos de esos puntos sí serían materia de las preguntas que se le formularían.
Luego, se leyó un artículo del Reglamento del Congreso en el que se establece que todas las sesiones de las comisiones investigadoras son reservadas, salvo aquellas en las que los integrantes de estas decidan lo contrario.
El sacerdote Gastón Garatea calificó como un “crimen moral contra los más pobres” los presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios en el periodo gubernamental pasado, en la ejecución de los programas sociales y obras públicas.
Esto luego del el informe presentado por la Contraloría General de la República ante el Congreso, en el que se consignan 10 mil 659 funcionarios involucrados en este delito entre enero del 2009 y julio de 2011.
“Esto es un crimen moral contra la gente necesitada, contra los más pobres. No es posible que haya tantas personas involucradas en actos de corrupción, que perjudican los programas sociales y obras públicas que se dirige a los sectores postergados del país”, afirmó en declaraciones a la agencia Andina.
Asimismo, Garatea consideró que fue bueno revelar la cantidad de personas involucradas en presuntas irregularidades, y ahora las autoridades judiciales deben aplicar las debidas sanciones.
“Cualquier acto de corrupción que no se sanciona, es como darle carta blanca a esa misma corrupción para que se siga cometiendo impunemente. Ahora debe aprovecharse el momento, investigarse y sancionarse”, agregó.
La Contraloría General de la República detectó a 10,659 funcionarios involucrados en presuntas irregularidades entre enero de 2009 y julio de 2011, en los anteriores gobiernos central, regional y local, reveló su titular, Fuad Khoury Zarzar. Durante la presentación de su plan de trabajo para este año ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, indicó que su despacho emitió 29,405 informes de control practicados a 2,369 entidades públicas.
También adelantó que para la quincena de setiembre se programó iniciar un examen especial en las obras del Tren Eléctrico, a fin de verificar por qué el presupuesto de este medio de transporte masivo se incrementó en 108 millones de dólares respecto al contrato original.
Detalló que durante su gestión se han realizado tres veedurías al tren eléctrico, en las cuales detectaron 32 deficiencias, entre ellas las condiciones de las columnas preexistentes, que requerían de un tratamiento especial para garantizar la seguridad de la estructura.
El contralor confirmó que está en marcha un examen especial en el Banco de Materiales, para investigar la desaparición de 5,000 carpetas de crédito, un supuesto tráfico de influencias y el cobro de cupos por créditos otorgados en la sucursal de Lima Sur de esa entidad estatal.
Precisó que la investigación se inició el 23 de agosto pasado, con la acreditación de una comisión de auditores.
Manifestó que se encuentran en curso ocho exámenes especiales y una auditoría financiera a EsSalud.
Explicó que dos de los exámenes más importantes están referidos a la ejecución de obras del hospital policlínico Negreiros y centro asistencial Virú, por 44 millones de nuevos soles; y del hospital Nuevo Chiclayo, hospital I Tumbes y clínica geriátrica San Isidro, por 66 millones.
Respecto al cobro de indemnización del ex presidente de EsSalud en el gobierno anterior Fernando Barrios, señaló que se ha encontrado responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios de confianza que autorizaron el pago.
Informó que durante 2009 se realizó una auditoría financiera a la seguridad social, la cual determinó que esa entidad tiene una cartera pesada no calculada ni provisionada de las deudas vencidas por 2,331 millones de soles.
Informó que la Contraloría realiza auditorías y exámenes especiales en diversas instituciones del Estado como el Ministerio de Energía y Minas, Perupetro, Petroperú, Provías Nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú, Ministerio del Interior, entre otras. También a obras como la reinauguración del Estadio Nacional, puntualizó.
En abierta confrontación con la alta dirigencia del APRA que, según dijeron, quiere imponerles que voten este 10 de abril por un candidato presidencial de la derecha, dirigentes de diversas bases apristas del Callao expresaron ayer su decidido respaldo al postulante de Gana Perú, Ollanta Humala.
“No haremos caso a la Dirección Política que quiere orientar los votos a favor de partidos tradicionales como los que lideran (Alejandro) Toledo y (Pedro Pablo) Kuczynski. El pueblo aprista chalaco ha dicho basta y vamos a votar por Ollanta Humala”, señaló Víctor Cervantes Flores, dirigente de la base José Olaya-Dulanto.
Por su parte, Víctor Castillo Ríos, dirigente del Comité Ejecutivo del APRA del Callao, explicó que la decisión de apoyar al candidato de Gana Perú se debe a que el gobierno de Alan García ha dado un giro a la derecha y aplicado una política neoliberal a ultranza, traicionando el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre.
“Muchos compañeros optamos esta vez por una propuesta ideológica tal y como nos legó la doctrina y el pensamiento de nuestro jefe, maestro y guía, Víctor Raúl, por eso vamos a votar por Ollanta, el único candidato que se le asemeja”, señaló.
En tal sentido, ambos consideraron que, como militantes, están Seguros que un gobierno de Humala permitirá el desarrollo social.
Asimismo, indicaron que, semanas atrás, el líder histórico del APRA, Armando Villanueva, les dijo bien claro que a quien deben apoyar es al candidato de Gana Perú. “Nosotros estamos haciendo caso a nuestro líder histórico y respondiendo a su llamado”, dijeron. No al borrón Sostuvieron que el pronunciamiento de la comisión política para orientar el voto a los candidatos de la derecha, expresa el temor de algunos altos dirigentes, como Jorge del Castillo, a ser fiscalizados en un gobierno nacionalista. En tal sentido, expresaron su deseo que aquellos altos dirigentes que delinquieron e hicieron daño al Partido Aprista cuando asumieron cargos públicos sean sancionados debidamente. “No queremos borrón y cuenta nueva, un nuevo gobierno debe sancionar a todos los que delinquieron e hicieron daño al partido y llevaron a esta crisis, entre los que están algunos miembros de la Dirección Política”, expresaron.
Dijeron que en este pronunciamiento participan casi todas las bases del Callao. “Que no diga Del Castillo que se trata de un pequeño grupo, acá las bases ya se pronunciaron por Humala y no vamos a hacerle caso porque él quiere irse por la derecha y nosotros estamos por la izquierda”, argumentaron.
Además de Castillo Ríos y Cervantes Flores, también manifestaron su adhesión a Ollanta otros dirigentes apristas del primer puerto como Carlos Luque Sulca, de las bases de Carmen de la Legua-Reynoso; los delegados de la Central de Trabajadores del Perú, Raúl Escalera Robles y Luis Riega Aguirre, de las bases de Bellavista.
También Ántero Rebaza Valle, secretario general del Sector Sub B del Callao, y Rolando Chozo Dánchez, ex dirigente nacional, que forma parte de la base de La Perla, entre otros dirigentes.
Juan Sheput, secretario nacional de Política de PP, denunció días atrás en La República.pe, que el presidente Alan García estaría detrás de denuncia que vincula a Toledo con los Sánchez Paredes.
En ese sentido, los miembros del partido de Toledo pidieron investigar las relaciones del Apra con el clan Sánchez Paredes. Ello en alusión a José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert. Videos, fotos y facturas confirman relación comercial entre ambos.
Relaciones peligrosas
Como se recuerda, en agosto de 2008, IDL-SC (hoy IDL-Reporteros) publicó un reportaje de Gustavo Gorriti y Sheila Díaz, donde se informaba sobre el enrevesado camino de una camioneta que involucra a la familia Sánchez Paredes, investigada por la Dirección Antidrogas por sus vínculos con el narcotráfico, con Nava Mendiola.
El reportaje detallaba, con facturas, que entre el 12 de noviembre y el 30 de diciembre del 2003, 'Transportes Don Reyna' movilizó por lo menos en nueve ocasiones cargamento hacia la mina (de Comarsa) en Angasmarca, La Libertad.
En entrevista que dio a IDL-SC, José Antonio Nava Mendiola señaló que su compañía había realizado, en general, “más de 3 mil fletes, y a Comarsa solo le hicimos unos pocos el 2003”.
Sobre los Sánchez Paredes, Nava junior afirmó que “no hubo ninguna relación personal con los Sánchez Paredes, ni volvimos a hacerles flete… se diluyó la relación con ellos… fue una operación enana”. Agregó que los había visto “en los caballos de paso o en los baños turcos, pero no conozco a los Sánchez Paredes”.
Incluso el mismo padre, Luis Nava Guibert fue involucrado con el mencionado clan familiar. Con un audio poco nítido, Giselle Giannotti intentó mostrar que el patriarca de los Nava se habría reunido en el sauna Palace con un miembro de la familia Sánchez Paredes.
La respuesta de Nava Guibert quien también es secretario general de la Presidencia de la República fue: “En primer lugar, quiero decirle que no conozco a ningún Sánchez Paredes, en segundo lugar nunca me he reunido con ellos, no voy a los baños turcos hace años y en los últimos 20 años no he visitado el Palace… usted puede ir a los registros del Palace y va a constatar que la gente ingresa bajo nombre. Puede ver que por lo menos hace 20 años que no voy al Palace”.
Sin embargo, lo que Nava Guibert olvidó es la relación laboral que estableció su hijo José Antonio Nava, mediante su empresa ‘Transportes Don Reyna’, con Comarsa, la empresa del clan Sanchez Paredes.
El videíto de Nava junior
La mañana del viernes el diario El Comercio publicó un video en el que se establece la relación entre José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert y Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Santos Orlando Sánchez Paredes, otro miembro del clan investigado por blanqueo de capitales del narcotráfico.
El diario también muestra una foto de la misma reunión, en ella se observa a Nava Mendiola, Alfredo Sánchez Miranda y a un tercer sujeto sin identificar.
El video muestra a Nava Mendiola en compañía de Alfredo Sánchez Miranda y un sujeto no identificado en la ciudad de Las Vegas (Estados Unidos). Durante la grabación, Nava Mendiola, alcanza a decir: “Yo no puedo salir en la cámara”.
La camioneta de García
César Hildebrandt, director del semanario político Hildebrandt en sus Trece, en la edición del viernes 11 de febrero, asegura que el “rollo de García está muy claro: Ha ordenado a todos sus francotiradores que apunten a la cabeza de Toledo”.
Para el periodista, el actual mandatario peruano teme que Toledo “intente meterlo en la cárcel” de llegar al poder.
Para efectos de su tesis, Hildebrandt recuerda que Alan García y su esposa vendieron en el 2003 una camioneta Nissan Frontier a la familia Sánchez Paredes. “Se la vendieron usada con un recargo de 4,000 dólares respecto al precio original. Recibieron 22,000 dólares por la rápida operación”, indica.
Asimismo, recuerda que Belisario Esteves, el gerente general de la compañía Alta Tecnología S.A., que compró la camioneta presidencial, era una persona próxima al clan Sánchez Paredes y fue viceministro de Comercio durante el primer gobierno de García.
Más adelante, Hildebrandt enfatiza que los datos obtenidos por zGustavo Gorriti y Sheila Díaz jamás fueron desmentidos. Finalmente, el director de Hildebrandt en sus Trece menciona el correo electrónico que envió el 26 de julio del año 2007, Rómulo León a Fortunato Canáan: “Esta noche irá a cenar a mi casa Luis Nava. Ajustaremos con él algunas cosas…”.
A consideración del reconocido sociólogo Julio Cotler, es obvio que el supuesto rebrote senderista, generado a partir de una marcha en la Universidad San Marcos, es una obra de Vladimiro Montesinos para generar susto y favorecer a una candidatura con miras a las elecciones presidenciales del 2011.
“Montesinos es el agente que puede pensar: ‘Vamos a levantar a los terroristas, ahora van a salir una serie de informaciones que en tal universidad, en tal lugar hay terroristas, de tal manera que se necesita la mano fuerte, hay que dejar la Constitución a un lado y todas esas tonterías’”, señaló.
En entrevista con el programa de TV “Prensa Libre”, consideró que esta maniobra psicosocial favorecería a la lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori.
“Treinta personas se juntan en la universidad y entonces hay un escándalo increíble y ya estamos al borde del terrorismo, nos van a capturar y ya se olvidan que hace un par de meses hubo un desfile de quinientas personas en el centro de Lima y nadie se dio cuenta”, recordó.
“CASTAÑEDA ES EL CANDIDATO DEL APRA” El recientemente nombrado doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Católica del Perú también habló de otros posibles candidatos.
“Yo creo que (Luis) Castañeda es el candidato del Apra, porque Castañeda haría un gobierno débil. No tiene una bancada, un núcleo duro”, indicó para después argumentar que si el aprismo se encuentra con una bancada de Castañeda “tan floja”, sería fácil reclutar congresistas y “negociar”.
En otro momento se refirió al ex presidente Alejandro Toledo y a los últimos supuestos ataques en su contra por parte de fujimoristas y apristas. “Si es que ellos lo atacan es porque seguramente es bueno, o porque es una amenaza para ellos”, aseveró.
En tanto, interpretó que la eventual postulación del escritor Jaime Bayly “es (como) el caso de Mockus”, refiriéndose al ex candidato presidencial colombiano, Antanas Mockus.
Julio Cotler justificó la comparación al afirmar que parte de la población está en contra del sistema en general. “Ahí se van a volcar todos los trasgresores a las normas y entonces puede ser una cuestión muy interesante”, advirtió.
El jefe zonal de Cofopri, Buenaventura Ríos Ríos, y actual precandidato al Gobierno Regional de San Martin por la lista “B”, fue acusado por su rival electoral de utilizar los vehículos de esta institución para realizar presuntamente actos proselitistas.
El corresponsal de Ideeleradio informó que la imputación fue formulada por el director regional de Salud, Pedro Bogarín Vargas, candidato por la lista “A” en las elecciones internas que se realizará en el Partido Aprista Peruano, el 30 de mayo. Bogarín Vargas acusó, además, a Ríos Ríos de iniciar una campaña sucia en su contra, al interior del partido.
Por su parte, el economista y también pre candidato por la lista “C”, Julio Cárdenas Sánchez, corroboró estas denuncias y exhortó a sus colegas a abandonar los ataques e iniciar una campaña limpia y transparente.
El presidente planteó la descentralización de Cofopri, como respuesta a los problemas presentados en dicha institución, y subrayó que “la descentralización es la mejor receta contra todos los males que vive el país”.
“Cofopri plantea problemas, y como político podría decir cambiemos personas, pero como estadista les digo cambiemos la estructura (…) La respuesta a los problemas no es poner a Juan en vez de Pedro, sino que Cofopri pase definitiva y totalmente con el PETT (Programa Especia de Titulación de Tierras) a los gobiernos regionales para que ellos sean los que puedan manejar los recursos y los bienes”.
Señaló que cada presidente regional con sus alcaldes puede detectar y sancionar oportunamente a los que trafican con las tierras del Estado, a quienes forman falsas comunidades campesinas para vender los terrenos del Estado; pues ellos están en el lugar, y lo pueden hacer mucho mejor que un funcionario de Lima.
García Pérez hizo también extensiva la recomendación de descentralizar al Partido Aprista.
“Cuando hay un torbellino o una turbulencia, ¡descentralizar!, ¡descentralizar!, y esa receta se la paso al Partido Aprista Peruano también. Descentralizar, que cada departamento elija sin intervención limeña y sin manipulación al que elijan los que viven allí y que compitan libremente en las próximas elecciones”, finalizó.
El Partido Aprista Peruano irá con candidato propio a la contienda por la Alcaldía de Lima. Lo dijo ayer el congresista y secretario general político de esa agrupación, Jorge del Castillo Gálvez, quien aclaró que no respaldarán la eventual postulación del presidente regional del Callao, Álex Kouri, a la Municipalidad de Lima.
“El Partido [Aprista] debe tener su propio perfil y su estrategia propia de candidatos a escala nacional. El Apra de todas maneras va con candidato propio. No hay posibilidades de apoyar a Kouri”, dijo Del Castillo. Y aprovechó la oportunidad para anunciar que el oficialismo recuperará la plaza electoral de Trujillo (capital de La Libertad) gracias a un “trabajo firme y con unidad”.
Cuando se le preguntó sobre el 2% de respaldo ciudadano que tiene de cara a la competencia presidencial del 2011 (según el reciente sondeo de El Comercio elaborado por Ipsos Apoyo), comentó que lo recibe con “satisfacción porque antes tenía cero”.
De otro lado, otra contundente derrota tuvo ayer el aprismo en el “sólido norte”. Alianza para el Progreso (APP) ganó la Alcaldía del Concejo Menor de Roma, en la provincia de Ascope (Trujillo). Estas elecciones fueron convocadas el domingo pasado por la Municipalidad de Ascope y APP ganó con 637 votos mientras que el Apra obtuvo 427 adhesiones. El triunfador en las urnas es Wilmer Choñón Moreno.
El gobierno debió solicitar el permiso correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de difundir los resultados de la supuesta "encuesta" aplicada a 27 mil peruanos.
Así lo sostuvo Giovana Peñaflor, directora de la encuestadora IMASEN , quien comentó el revuelo causado por el ya famoso "sondeo" aludido en días pasados por el presidente Alan García.
Como se recuerda, el jefe de Estado se animó a efectuar pronósticos respecto al escenario electoral para los comicios presidenciales del 2011, apoyándose en una "encuesta" realizada -según dijo posteriormente- por la red informática del Partido Aprista Peruano.
Sobre el particular, Peñaflor indicó que si bien es teóricamente posible llevar adelante una consulta de esa magnitud, ésta carecería del rigor formal necesario para confiar en los datos obtenidos.
Recordó que, incluso, el secretario nacional del APRA, Mauricio Mulder, afirmó que fueron los comités del partido de gobierno los que aplicaron el estudio en forma artesanal.
"Si eso fuera cierto, entonces no hablamos de una encuesta (...) lo que se conoce como una encuesta de opinión requiere de metodología especial para proyectar los resultados al total de la población investigada. No se puede sacar inferencias estadísticas de eso", remarcó.
Agregó que, si bien es legítimo que cualquier particular elabore este tipo de sondeos, el JNE tiene una serie de normas referidas a la difusión de las encuestas de opinión y evitar confusiones con la divulgación "de datos referenciales y aquello que sí puede servir para hacer análisis".
De igual modo, refirió que como requisito para publicar este tipo de información, se exige el registro respectivo de la empresa encuestadora ante el máximo ente electoral.
El proyecto de ley que permite la postulación de los congresistas a cargos municipales y regionales durante el periodo que dure su mandato legislativo, no es lo más conveniente para el país, afirmó Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica.
Fue al comentar la intención de la Junta de Portavoces del Congreso de incluir en la agenda del Pleno, este proyecto -promovido por parlamentarios apristas- que en diciembre del año pasado fue desestimado, por el reclamo ciudadano.
“El tema es que no pueden perder porque el cargo no es renunciable, allí hay un tema. No le hace bien, ya ha sucedido casos como este. (…) Y no es la primera vez y no es lo que más conviene. Osea incluso hace 20 años, parlamentarios como Mercedes Cabanillas, Enrique Bernales en su momento, fueron candidatos a la alcaldía de Lima y se discutió este tema. Del Castillo en Chiclayo lo fue también siendo parlamentario”, manifestó. “En nuestro país donde las reglas de juego suelen violarse con una facilidad extrema y donde la estabilidad de ciertas reglas de juego si ayuda a que la gente incorpore esto de manera tal que forme parte de la cultura de la competencia y no creo que sea lo mejor. Además es la típica medición: Soy legislador, voy a ser poder local, pero en el ínterin veo que es lo que más me conviene. Incluso con legítimos intereses, no es lo mejor”, agregó.
Apra obtendrá menos de 20 legisladores en el 2011
El analista político estimó, asimismo, que el Partido Aprista Peruano no obtendría en las próximas elecciones generales del 2011, más de 20 congresistas. Consideró que esa es la razón por la que el jefe de Estado insiste en promover la renovación por mitades del Parlamento, pues un segundo proceso, le permitiría sumar más escaños.
“El tema del candidato propio lo discuten más los apristas y los que se sienten presidenciables. Alan García está viendo no solo el candidato del Apra, sino cuáles son las mejores condiciones para regresar el 2016, quien no le desarrolla un impacto negativo hacia adelante. Y allí es donde empiezo a dudar de las bondades que se dice tener y que no las tiene, por ejemplo, la elección parcial del Congreso”, afirmó.
“No es difícil pensar que el Partido Aprista que ahora tiene 36 va a disminuir el número de escaños el 201, ellos lo entienden así y (eso) no lo van a declarar públicamente. Es muy difícil, van a tener la mitad, pues como todo gobierno se desgasta y tiene que tener un candidato que arrastre. ¿Se quedará con eso mitad de escaños durante cinco años? No, si es que hay una elección parcial, el Apra se convierte en oposición, durante el desgaste del próximo gobierno, incrementarían sus escaños. Eso podría ser una interpretación, algunos dirían que no y es posible pensar de esa manera”, anotó.
El experto señaló, asimismo, que los resultados de la elección local y regional del 2010 no van a prefigurar las consecuencias de los comicios del 2011, porque la dispersión de partidos políticos es alta, cuando se mira sobretodo el interior del país.
Los cuerpos de los pobladores amazónicos muertos durante los enfrentamientos con la policía en la carretera Fernando Belaunde, en la zona de "La Curva del Diablo" estarían siendo quemados por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y arrojados al río Marañón en el caserío de Reposo, en Bagua (Amazonas), según denunció el dirigente amazónico Zebelio Kayap.
El dirigente contó que siguen masacrando a indígenas, y solicitó la intervención de los organismos defensores de Derechos Humanos.
Kayap precisó que hasta el momento hay aproximadamente 20 heridos y 40 muertos, “pero pueden ser más porque la Diroes ha entrado a atacarnos con balas y todo es un alboroto”.
Una pobladora de la zona que aseguró ser testigo de los hechos confirmó la versión de Kayap. “Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos. La población pedía que se les devuelva los cuerpos de sus familiares para darles cristiana sepultura, pero la policía no hizo caso”, informó.
Narró además que los miembros del orden perseguían a población aguaruna acusándola de senderista, y precisó que unos mestizos ayudaron a trasladar a los indígenas hasta Bagua, pero otros que no fueron embarcados en los carros fueron retenidos en una casa de adobe donde los están masacrando.
La ciudadana, de nombre María, cuyo apellido prefirió mantener en reserva, contó que en tono amenazante un policía advirtió: “Así como han matado a nuestros compañeros policías, ustedes también tienen que morir”.
:: Impiden recoger cadáveres
Zebelio Kayap denunció también que en el caserío Siempre Viva, en Amazonas, la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger a los heridos y trasladarlos a Jaén o a Chiclayo, y que tampoco permite que se recoja a los cadáveres desperdigados en la zona.
“La fuerza policial está entrando a la Plaza de Armas. Queremos levantar a los cadáveres y a nuestros heridos, pero no podemos hacerlo. Sigue la balacera desde el helicóptero de la Diroes”, precisó.
Reveló además que entre los heridos se encuentran niños que fueron impactados con bombas lacrimógenas en los caseríos de Reposo y Siempre Viva. Kayap informó, además, que los hospitales están repletos de heridos, tanto indígenas como mestizos.
:: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exige intervención de Fiscal Gladys Echaiz
Por su parte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), confirmó a través de su blog, que también recibieron información de medios locales, respecto a las agresiones contra los pobladores amazónicos y de la quema de cadáveres por parte de efectivos policiales, aunque estas informaciones aún se mantienen en calidad de extraoficiales.
Sin embargo, la CNDDHH, solicitó a la Fiscal de la Nación Gladys Echaiz, que el Ministerio Público intervenga, para investigar las denuncias sobre estos posibles excesos cometidos en el desalojo que se inició hoy a las cinco de la madrugada.
Estas informaciones, desmienten lo señalado hace unas horas por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien sólo mencionó que eran tres nativos los fallecidos, lo cual sería falso pues según las fotos publicadas por la CNDDHH, se trataría de más compatriotas fallecidos en los enfrentamientos con la policía en Bagua y Jaén.
En respuesta al violento desalojo de los nativos apostados en la carretera Fernando Belaunde Terry, pobladores de Bagua han incendiado el local de la gobernación, el local del Partido Aprista, del Pronaa, de Cofopri y en estos momentos la población está atacando la comisaría de la ciudad, según informa Radio La Voz.
Al mismo tiempo, Radio La Voz informa que los hospitales tanto de Bagua como de Bagua Grande han colapsado por el número de heridos de bala y de bombas lacrimógenas que están llegando en estos momentos.
Por ello, piden medicinas y equipos médicos para poder hacer frente a la emergencia." La cantidad de heridos es inimaginable", afirma Carlos Flores, corresponsal de Radio La Voz. " Están regados en la pista. Por favor pedimos ayuda para que la violencia cese".
Debido a ello, hay heridos que están siendo trasladados a los hospitales de la ciudad de Jaén (Cajamarca). Además, se ha comenzado el desalojo del sector de El Reposo, a 4 Km de la Curva del Diablo y a 3 de la ciudad de Bagua.
Desde la ciudad se ve la humareda provocada por las bombas lacrimógenas.Además, según informa Carlos Flores, de Radio La Voz, la balacera se ha trasladado también a la plaza de Armas de la ciudad de Bagua Grande.
No es posible la comunicación telefónica con los periodistas de Radio La Voz destacados en El Reposo y tampoco en la Curva del Diablo, por lo que la emisora hace un llamamiento a la Defensoría del Pueblo y al gobierno para el cese de la violencia. " Todo el que se identifica como periodista es agredido". asegura Carlos Flores.Además, informa que la luz fue cortada en la ciudad, por lo que los medios no han podido transmitir hasta hace instantes.
Según informó Juan Sausa, corresponsal de CNR que se encuentra en la carretera Fernando Belaunde Terry , la población se esta organizando y levantando en la ciudad de Bagua en apoyo a los indígenas. Además, confirmó que los fallecidos y heridos se encuentran en plena carretera a vista y paciencia de todos.
Fuente: CNR - Radio La Voz - Radio Marañón - Noticia Local
La propuesta del gobierno central para reactivar las prefecturas y subprefecturas revela el interés del partido oficialista por asumir el control de las próximas elecciones regionales y municipales, estimó el congresista de Unidad Nacional (UN), Juan Carlos Eguren.
Eguren Neuenschwander refirió que tanto prefecturas como gobernaturas son "rezagos de la época de la época virreinal".
"No entendemos cómo (se pretende reactivarlas) en un país que está en proceso de regionalización, con tres niveles de gobierno. Nada tiene que hacer el gobierno con el detalle de la cosa menuda del distrito", dijo.
En todo caso aseveró que la propuesta -formulada inicialmente por el secretario del Partido Aprista, Mauricio Mulder- aspira a burocratizar al aparato estatal y darle puestos de trabajo a los militantes del APRA.
"Este gobierno no tiene ideas, no tiene cuadros, no tiene implementación y quiere dar saltos de espalda", remarcó.
Habrá que prescindir del Tribunal Constitucional como ente protector de los derechos humanos si se confirma que decidió declarar prescritos los delitos que se investigan en la matanza del penal “El Frontón”, afirmó el coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, al comentar las recientes versiones que señalarían que dicho órgano archivó ese caso de derechos humanos.
“Significaría concretamente que esa resolución le pone un antes y un después al Tribunal Constitucional como ente de protección de los derechos fundamentales del Perú y como ente protector de la constitucionalidad. No sólo vinculada a la normatividad nacional sino a un conjunto de normas internacionales de protección a los derechos humanos”, dijo.
“Ese es el puntillazo final o el tiro de gracia a un ente que es llamado por la naturaleza de su función a proteger en última instancia los derechos fundamentales de las personas. Si ese es el sentido de la resolución ahora habrá que prescindir seguramente del TC como ente protector de los derechos fundamentales en el Perú, lo cual agrave significativamente la situación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, señaló.
Sostuvo que dicha resolución afectaría a los cientos de casos que actualmente vienen siendo investigados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la década de los 80 y 90.
“Si ese va hacer el pronunciamiento del TC que un crimen cometido hace casi 22 años ha prescrito, cuando el consenso internacional, las normas internacionales dicen que siendo un crimen contra la humanidad nunca prescribe, no sólo se va afectar al caso el Frontón -que es grave- sino que afectará a cientos de casos que están siendo investigados actualmente que son crímenes cometidos en la década de los años 80 o a inicios de los años 90. Por el transcurso del tiempo habrá un perfecto argumento en contra, por la decisión del propio TC”, mencionó.
Se ha perdido la decencia en el TC De otro lado, calificó de grave las versiones que señalarían que uno de los ministros del actual régimen habría influenciado en la decisión el magistrado Ernesto Álvarez para que cambie de opinión y declare prescrito el caso. Sostuvo que se demuestra que se ha perdido la decencia.
“Sería mucho más grave ya no sólo el sentido de la nueva jurisprudencia del TC que termina favoreciendo a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Si esto es así entonces que el Tribunal deje de hacer lo que está haciendo. Si va hacer un ente protector de la Constitución que termina sometiéndose en términos de sus decisiones a las presiones políticas no solamente hemos perdido un órgano de protección a los derechos humanos sino también la decencia”, remarcó.
Rivera Paz comentó también las expresiones del recién electo presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein, quien durante una entrevista dijo haber olvidado que señaló que los hermanos Alex y Moisés Wolfenson fueron víctimas de una politización de su caso. Sostuvo que el magistrado estaría tratando de evitar una crítica más contundente contra su elección como nuevo titular de la Suprema.
“Él está tratando de torear algunas situaciones que reconoce y debe ser consiente de que son cuestionables, como su posición frente a la validez como prueba de los videos y audios y su posición frente a la labor del sistema anticorrupción. Probablemente también frente a la labor del subsistema penal de derechos humanos que imagino entrará en salmuera el año que viene”, afirmó.
“Me parece que eso se reflejó en una entrevista que el día de su elección se publicó en la revista Caretas donde se le notaba que estaba toreando las preguntas del entrevistador. Eso me parece crítico, porque es él el que va a conducir los destinos del Poder Judicial, la persona que en la primera semana de enero va a generar una nueva reconstitución de los tribunales penales donde se verá la apelación del caso a Fujimori”, refirió.
Indicó que estamos ingresando no sólo a una batalla legal sino política en el caso Fujimori. Explicó que no sólo serán importantes los argumentos escritos de la sentencia o las influencias y el escenario político, sino también la opinión del nuevo titular de la Corte Suprema. Cuestionado fallo que favorece a Fujimori.
En otro momento, manifestó que ya se está poniendo en riesgo el caso Fujimori en la Corte Suprema, al comentar que recientemente se emitió una cuestionada decisión en el caso de la desaparición forzada del teniente del Ejército Marco Barrantes y el espía ecuatoriano Enrique Duchicela, fallo que podría influir en el juzgamiento del ex presidente.
“La Corte Suprema acaba de resolver el tercer caso de desaparición forzada y acaba de emitir una resolución extraña y contradictoria en esta materia. Ahí cuestiona esta tesis del caso Fujimori, que hay una orden presidencial y hay una ejecución de un crimen por parte de un aparato de inteligencia. Lo que ha hecho la Corte Suprema ante una absolución de todas esas personas – es que ha decidido excluir del caso al jefe del SIE (al general EP (r) Oswaldo Hanke Velasco) y ordenar un nuevo juicio a quienes ejecutaron las desapariciones y el descuartizamiento de personas”, reveló.
Precisó que dicho argumento podría ser utilizado en el caso del ex presidente Alberto Fujimori e informó que la Corte Suprema con la ponencia de César Vega Vega, actual presidente de la Corte de Lima, deja sentado “que no existe responsabilidad en los crímenes de desaparición forzada”.
“Se dice que si bien ese crimen lo comete un funcionario público, en el momento en que deja de ser funcionario público ya pierde una competencia funcional sobre los autores del hecho delictivo. Con ese tesis se podría argumentar que Fujimori el 14 de noviembre del 2000 cuando renunció a la presidencia de la República, dejó de ser funcionario público y por lo tanto ya no tiene control funcional sobre los hechos perpetrados en su gobierno”, mencionó.
“Con esto también se podría decir que Montesinos que recién pasó a ser funcionario público en el SIN el año 95, no era funcionario público y por lo tanto no tenía ninguna capacidad de control funcional sobre lo que hacían los que sí tenían la capacidad de funcionario”, anotó.
Calificó de extraña esta decisión, respecto a las decisiones tomadas en el caso Castillo Páez y Chuschi, donde la Corte Suprema ha ratificado de manera coherente una posición respecto al delito de desaparición forzada.
“Se está tirando abajo estos argumentos. Ahora se elabora una nueva teoría en la que los jefes quedan excluidos y por lo tanto se afecta sustancialmente la teoría del caso Fujimori. Es decir hay un jefe político que emite órdenes y un aparato de inteligencia que las ejecuta. Esa teoría se cuestiona y se petardea y dice que el jefe queda excluido y los perpetradores deben ser juzgados y sancionados”, concluyó.
Es momento de iniciar una cruzada anticorrupción que permita la aprobación e implementación de medidas como la imprescriptibilidad y la inhabilitación perpetua en los casos de corrupción, afirmó Ronald Gamarra, ex procurador y actual secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Fue al referirse a los audios que registran conversaciones entre el ex ministro Rómulo León, representante de la empresa noruega Discover Petroleum y Alberto Químper, ex directivo de Perupetro, en la que se evidencia la existencia de un negociado para beneficiar a esa compañía extranjera.
“Se debe declarar la imprescriptibilidad de los actos de corrupción, para que no haya una barrera temporal que impida la investigación y el juzgamiento de todos los corruptos. También debería discutirse la conveniencia de una inhabilitación perpetua para todos aquellos funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción. Esas personas jamás deben volver a estar en la administración pública y todos aquellos particulares que han ayudado a funcionarios públicos a cometer actos de corrupción, por supuesto que jamás deberían ser parte del sector público y no se les debería permitir que tengan contratos con el Estado”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Hay que darle mayores facultades al Ministerio Público y al Poder Judicial para investigar y juzgar actos de corrupción. (...) Aquí en el Perú no tenemos una ley de protección de denunciantes de actos de corrupción. Esas medidas legales que sin bien podrían tener dificultades en su aplicación, son alternativas necesarias y decisiones que se deben tomar y ojalá que se puedan adoptar”, agregó.
Recordó que el ex congresista Rómulo León fue beneficiado por la prescripción, es decir por el vencimiento del plazo de persecución penal en 1998. Indicó que ese un ejemplo de porque deberían declararse imprescriptibles este tipo de delitos, por que estimó, la prescripción es sinónimo de impunidad.
