Municipio de SJL habría favorecido a empresa con contratos por más de S/. 700 mil

La Contraloría General de la República denunció por los presuntos delitos de peculado y negociación incompatible (aprovechamiento indebido del cargo) a funcionarios de la municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho que habrían favorecido a una empresa privada con contrataciones directas por más de 700 mil soles.

Esta entidad informó que se ha detectado que, en el período 2011 y 2012, la comuna habría omitido realizar los procesos de selección necesarios para el alquiler de vehículos y maquinaria pesada destinados a limpieza pública y descolmatación de ríos, a fin de beneficiar a una empresa proveedora que no contaba con la experiencia necesaria ni se dedicaba a la prestación de los servicios requeridos.

Además, no tenía la autorización de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (Digesa) para operar en ese rubro.

La comisión auditora encontró indicios de que, para evadir los procesos de selección, los funcionarios ediles emitieron requerimientos disgregados, a través de órdenes por los mismos servicios, en una misma fecha, por montos inferiores a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y así poder contratar de manera directa.

Bajo dicho mecanismo, la entidad edil vio imposibilitada que se garantice la elección del mejor postor, así como la calidad del servicio.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho incluso habría otorgado la conformidad de los servicios sin verificar su ejecución, habiéndose detectado que algunos vehículos alquilados para  realizar los servicios de limpieza pública y descolmatación de ríos no realizaron dicha labor.

Por los hechos descritos, la Procuraduría Pública de la Contraloría General interpuso denuncia ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima contra los presuntos responsables.

Fuente: Noticia Local – Andina

Contraloría: bienes culturales de 182 museos no están inscritos en registro nacional

Foto: Referencial

La Contraloría General de la República advirtió hoy que ninguna de las piezas arqueológicas que se exhiben en 182 museos públicos y privados del país fueron inscritas en el Registro Nacional de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, lo que podría dificultar su recuperación en caso de extravío, robo o tráfico ilícito del patrimonio.

Señala que, a nivel nacional, existen 254 museos públicos y privados reconocidos oficialmente por el Ministerio de Cultura y, por lo tanto, figuran en su base de datos.

De ese total, 58 museos públicos son administrados por el mismo ministerio, mientras que los 196 museos públicos y privados restantes son administrados por otras entidades públicas a las que pertenecen o por privados. 

"La falta de registro de los bienes culturales ha sido detectada tanto en museos que son administrados por el Ministerio de Cultura como en aquellos que son dirigidos por privados y por otras entidades públicas", indica la Contraloría a través de una nota de prensa.

Durante la auditoría de gestión realizada al Ministerio de Cultura se determinó que las Oficinas Descentralizadas de Cultura no cuentan con un inventario actualizado de sus piezas museográficas, paso previo a la inscripción en el Registro Nacional de Bienes Culturales.

Además, carecen de personal permanente para desarrollar específicamente la labor de registro de bienes culturales  y no tienen la logística necesaria para esta actividad, como equipos de cómputo, acceso a Internet, balanzas y cámaras digitales, entre otros implementos.

De otro lado, se detectó que la Dirección de Museos y Bienes Muebles del Ministerio no ha realizado ninguna supervisión sobre aspectos administrativos y financieros en los 58 museos públicos que administra, habiendo realizado supervisiones solamente a los aspectos técnicos en cuatro de los 196 museos públicos y privados que no administra.

En Lima, 29 museos entre públicos y privados señalaron no haber recibido supervisiones técnicas por parte de los especialistas del Ministerio de Cultura.

En las inspecciones realizadas a una muestra de museos públicos no administrados por el Ministerio de Cultura; es decir, aquellos que pertenecen y son administrados por municipalidades provinciales, distritales, universidades, instituciones de las Fuerzas Armadas, y otras,  se evidenció que los bienes culturales custodiados se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad ante posibles pérdidas, robos o afectaciones ocasionadas.

Esto, advirtió, por las precarias condiciones de conservación, almacenamiento y exhibición en las que se encuentran.

Las debilidades en la supervisión originan que no se puedan identificar problemas de gestión urgentes de atender y proponer medidas oportunas para evitar afectaciones o pérdidas de los bienes culturales, indicó.

El equipo de la Contraloría realizó este año inspecciones en diversos museos de las ciudades de Lima, Cajamarca, Abancay, Arequipa, Huamanga, Juliaca, Puno, Junín y Huancayo, identificando esa problemática.

Sin certificado
A esto se suma que ninguno de los 58 museos públicos administrados por el Ministerio de Cultura, a nivel nacional, cuenten con el Certificado de Seguridad de Defensa Civil, lo que pone en riesgo la vida de los visitantes y la protección del patrimonio cultural.

Los museos no gestionaron ante sus gobiernos regionales las inspecciones técnicas respectivas que permitan implementar las condiciones de seguridad física necesarias, así como el cumplimiento de las normas de Defensa Civil.

En esa línea, la Contraloría formuló 11 recomendaciones al Ministerio de Cultura para mejorar la gestión de los museos públicos y privados a nivel nacional, entre las cuales destaca la necesidad de formular e implementar un Programa Nacional de Museos; establecer y difundir lineamientos y pautas técnicas para la supervisión de museos públicos y privados.

También fortalecer las Oficinas Desconcentradas de Cultura, en materia de museos y gestión de bienes culturales muebles. La auditoría de gestión comprendió el periodo enero 2011-diciembre 2012.

Fuente: Noticia Local - Andina

Contraloría investigará a municipio de Chiclayo por obras inconclusas

La Contraloría General de la República iniciará una acción de control contra la municipalidad de Chiclayo para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales sobre presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos y la ejecución de obras de saneamiento.

Esta acción se realizará tras las serias deficiencias detectadas durante una veeduría efectuada en 2012, cuando se observó que el expediente técnico no contaba con un estudio de impacto ambiental ni un plan de evacuación de aguas servidas que mitiguen posibles efectos en la población.

La veeduría identificó el estancamiento de aguas residuales  provenientes de fugas en la red de alcantarillado, producidas durante la ejecución de los trabajos, así como restos de basura que han generado la contaminación del ambiente, afectando a la población con  malos olores y condiciones que atentan contra la salud.

Los resultados de la veeduría a las obras identificaron un total de nueve riesgos que fueron comunicados el 20 de noviembre de 2012 al despacho del alcalde de Chiclayo y otras autoridades.

Asimismo, el 6 de febrero y 20 de marzo de 2013 se solicitó, de manera reiterada, el estado situacional de los riesgos comunicados, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna.

Fuente: Noticia Local - Andina

Detectan a más de 10,000 funcionarios involucrados en corrupción

La Contraloría General de la República detectó a 10,659 funcionarios involucrados en presuntas irregularidades entre enero de 2009 y julio de 2011, en los anteriores gobiernos central, regional y local, reveló su titular, Fuad Khoury Zarzar. Durante la presentación de su plan de trabajo para este año ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, indicó que su despacho emitió 29,405 informes de control practicados a 2,369 entidades públicas.

También adelantó que para la quincena de setiembre se programó iniciar un examen especial en las obras del Tren Eléctrico, a fin de verificar por qué el presupuesto de este medio de transporte masivo se incrementó en 108 millones de dólares respecto al contrato original.

Detalló que durante su gestión se han realizado tres veedurías al tren eléctrico, en las cuales detectaron 32 deficiencias, entre ellas las condiciones de las columnas preexistentes, que requerían de un tratamiento especial para garantizar la seguridad de la estructura.

El contralor confirmó que está en marcha un examen especial en el Banco de Materiales, para investigar la desaparición de 5,000 carpetas de crédito, un supuesto tráfico de influencias y el cobro de cupos por créditos otorgados en la sucursal de Lima Sur de esa entidad estatal.

Precisó que la investigación se inició el 23 de agosto pasado, con la acreditación de una comisión de auditores.

Manifestó que se encuentran en curso ocho exámenes especiales y una auditoría financiera a EsSalud.

Explicó que dos de los exámenes más importantes están referidos a la ejecución de obras del hospital policlínico Negreiros y centro asistencial Virú, por 44 millones de nuevos soles; y del hospital Nuevo Chiclayo, hospital I Tumbes y clínica geriátrica San Isidro, por 66 millones.

Respecto al cobro de indemnización del ex presidente de EsSalud en el gobierno anterior Fernando Barrios, señaló que se ha encontrado responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios de confianza que autorizaron el pago.

Informó que durante 2009 se realizó una auditoría financiera a la seguridad social, la cual determinó que esa entidad tiene una cartera pesada no calculada ni provisionada de las deudas vencidas por 2,331 millones de soles.

Informó que la Contraloría realiza auditorías y exámenes especiales en diversas instituciones del Estado como el Ministerio de Energía y Minas, Perupetro, Petroperú, Provías Nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú, Ministerio del Interior, entre otras. También a obras como la reinauguración del Estadio Nacional, puntualizó.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Auditoría al programa “JUNTOS” realizado por Contraloría detecta 3,379 beneficiados no pobres y 21,818 que no han retirado incentivos

El alcance de esta auditoría consideró los años 2007 – 2008, por el incremento en ese período del presupuesto asignado y número de hogares beneficiados. Se detectaron 3,379 casos de personas a los que se entregó incentivos hasta por 39 meses y que no califican como pobres o en extrema pobreza. 

 

Además existen 21,818 beneficiarios que no han retirado su incentivo por un período de hasta 4 años. Los fondos acumulados en el Banco de la Nación suman 15’753,634 de soles, generando un riesgo de que puedan ser utilizados para fines distintos a los objetivos del programa.

Ver aquí informe completo de auditoría aplicado por la Contraloría General de la República:
http://www.cnr.org.pe/imagenes_archivo/4e64f3cd50a85b1450137a0d66623c9f/Auditor_a_Programa_JUNTOS.pps#257,1,AUDITORÍA AL PROGRAMA DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES “JUNTOS”

Fuente: Prensa CGR

Contraloría: fallas y omisiones en la construcción del Metropolitano

Gastos excesivos, fallas en la construcción y el inicio de las obras sin la debida aprobación y certificación ambiental, son algunas de las conclusiones que arroja el informe de la Contraloría General de la República en torno al Corredor Sur del Metropolitano.

En un informe difundido por el noticiero “90 Segundos”, fueron expuestos cuatro de los siete puntos que contiene el documento a ser presentado por el órgano de control en los próximos días.

Por ejemplo, en el ítem tres se precisa que “los radios de las curvas del Corredor Sur están por debajo de lo que se indica en las normas técnicas peruanas por lo que son un peligro para los vehículos que las recorrerán”.

El reporte de la Contraloría indica además que “la vida útil del pavimento del Metropolitano no está garantizada”, es decir existen graves fallas en su construcción.

También se detalla que Pro Transporte, ente a cargo de la referida vía, “realizó un uso ineficiente de los recursos públicos, lo cual elevó la construcción a un monto mayor de 277 mil dólares.

Por último, el documento especifica que la ejecución de obras correspondientes al Corredor Sur no contaba con la certificacion de la Direccion General de Asuntos Socio Ambientales.

Sobre esto, Mario Portocarrero, gerente general de Pro Transporte, restó credibilidad al texto y respecto de la calidad del pavimento aseveró que este tiene una garantía de 30 años, pues cuenta con una altura de 30 centímetros.

Fuente: Noticia Local - Frecuencia Latina - El Comercio

Municipalidad de Lima no cumple con entrega de información del caso Comunicore

La Municipalidad de Lima aún no cumple con entregar la información solicitada por la Contraloría en relación a la denuncia sobre un presunto pago irregular a la empresa Comunicore. Así informó el contralor general de la República, Fuad Khoury.

Según el funcionario, para evaluar ese caso, que implica el pago de una deuda de 35,9 millones de soles a la referida empresa, se ha incorporado un equipo especial de auditores a la Municipalidad de Lima, quienes continuarán el trabajo realizado por la Oficina de Control Institucional.

“Ellos (los auditores) están en conversación con los funcionarios administrativos, pero hay cierta información que se está demorando y que espero que sea reportada lo más pronto posible”, manifestó en declaraciones recogidas por la agencia Andina, aunque precisó que no había un plazo exacto para la entrega de dicha información.

Sin embargo, comentó que podría tratarse de demoras propias de una auditoría de esta naturaleza. Eso sí, aseguró que una vez que se tenga los resultados de la auditoría, serán comunicados a la población.

Asimismo, la Comisión de Fiscalización del Congreso dispuso también investigar el pago a Comunicore, deuda que la Municipalidad de Lima tenía con la empresa Relima.

Cabe recordar que durante su presentación ante este grupo de trabajo el alcalde de Lima, Luis Castañeda, negó cualquier irregularidad en este caso.

Fuente: Noticia Local - El Comercio - Andina

Contraloría evalúa gastos en publicidad de municipios y regiones

La Contraloría General de la República evalúa en estos momentos el gasto efectuado por los gobiernos locales y regionales en publicidad, para determinar si existe un exceso en plena campaña electoral, informó hoy el titular de la institución fiscalizadora, Fuad Khoury Zarzar.

“Evaluamos el tamaño de las inversiones que se realizan en publicidad, para compararlas con los datos promedio y ver si hay algún gasto en exceso.”

Según dijo, cada caso de supuesta irregularidad será evaluado de manera exhaustiva, de acuerdo con cómo se vayan presentado ante su despacho, de tal forma que la Contraloría pueda formular denuncia ante el Ministerio Público y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Agregó que la Contraloría también dispondrá de un equipo de técnicos que se encargará de verificar el adecuado uso de las normas legales relacionadas con la publicidad o propaganda política en las obras de carácter público.

“La Contraloría no tiene capacidad sancionadora, lo que hacemos es la denuncia para que el Ministerio Público y el JNE obren en concordancia. La Contraloría realiza las pesquisas, las indagaciones, y hace las denuncias correspondiente, porque somos parte de la cadena para asegurar el adecuado uso de los recursos.”

Fuente: Noticia Local - Agencias

Piden que Congreso y Contraloría investiguen irregularidades en municipio de Sullana

Sullana, 26 / 01 / 2009

Seis regidores de la Municipalidad Provincial de Sullana solicitaron a los congresistas por Piura que promuevan una investigación en la Comisión de Fiscalización y la Contraloría, en torno a las compras direccionadas, fraccionadas y presuntamente sobrevaloradas realizada por los funcionarios de este gobierno local que dirige el alcalde Jaime Bardales Ruiz.

Los concejales Percy Alemán, Oscar Cornejo, Hebert Muñoz, Pilar Benites, Yimy Granda Marchán y Betty Zapata, pidieron la intervención de ambos órganos de control, a los parlamentarios José Carrasco, Fabiola Morales, Johny Peralta y Marisol Espinoza.

Percy Alemán informó que existiría evidencia de la forma sistemática y reiterada de fraccionar los procesos de compra, con la finalidad de efectuarlos con la modalidad de menor cuantía por invitación a un solo postor, originando la direccionalidad de su compra a determinados postores y violando los principios de la libre competencia.

Oscar Cornejo cuestionó que el Comité Especial Permanente, encargado de las compras de la municipalidad, habría actuado con negligencia al haber otorgado la buena pro a personas naturales y jurídicas que no están inscritas en Consucode.

“Se habría sobrevalorado los precios de algunos bienes y se habría cancelado servicios que nunca se habrían ejecutado como el sembrado de grases y arbustos ornamentales en las inmediaciones del Puente Integración”, agregó.

Son 615 procesos de compras fraccionadas que involucran 6 millones 300 mil soles, que equivale al 40 por ciento del presupuesto municipal, dedicado a la compra de bienes y servicios durante el año 2008.

Fuente: Noticia Local - Agencias - Ideele Radio

Investigan presuntas irregularidades en manejo de recursos asignados para Ica tras sismo

Lima, 10 / 04 / 2008

Fotografía: Ademir Espíritu

La Contraloría General de la República autorizó a la procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales para que, en representación del Estado, impulse las acciones legales correspondientes por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos asignados al Gobierno Regional de Ica para atender la emergencia tras el sismo del 15 de agosto.

La Contraloría designó una comisión con la finalidad de verificar las denuncias formuladas por el Congreso de la República sobre presuntas irregularidades en los meses de setiembre a noviembre de 2007.

Como resultado de dicha actividad se evidenciaron irregularidades en la compra, mediante el proceso de exoneración por situación de emergencia, de 48 mil 400 galones de petróleo por la suma de 510 mil 805 soles en vales de combustible a determinadas empresas proveedoras.

En dichas operaciones no se contó previamente –en las ciudades de Chincha y Pisco- con la documentación necesaria para determinar el valor referencial y los requerimientos técnicos mínimos, indica una resolución publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, a la fecha no se ha culminado la suscripción de los contratos con dichos proveedores. Tampoco se han efectuado las regularizaciones en el plazo exigido por ley.

Fuente: Noticia Local - Agencias