La decisión institucional responde a un exhaustivo análisis del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, que evaluó los comicios realizados entre 2010 y 2025. En dicho periodo se identificó que las principales modalidades delictivas fueron la destrucción de material electoral o de locales de votación (146 casos), enfrentamientos durante la jornada (54 incidencias) y el bloqueo de accesos a los centros de sufragio (32 hechos). Asimismo, el reporte estadístico señala que los distritos fiscales con mayor recurrencia de ilícitos electorales son Cajamarca, Loreto, Áncash, Junín, Amazonas, Huánuco y Huancavelica.
Los antecedentes de detenciones también sustentan el incremento del control fiscal. Durante las Elecciones Generales 2021 se intervino a 65 personas en la primera vuelta y a 35 en la segunda; mientras que en los comicios regionales y municipales de 2022 la cifra de detenidos se elevó a 139. En tanto, durante la reciente primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, celebrada entre el 11 y el 13 de abril, la fiscalía detectó 57 ocurrencias de relevancia penal —incluyendo 29 casos de suplantación de identidad y 10 por propaganda ilegal—, lo que derivó en la detención de 49 ciudadanos a nivel nacional.
Ante estos indicadores, el Ministerio Público redoblará las acciones de fiscalización y prevención antes y durante el proceso electoral del domingo 7 de junio. Los magistrados asignados permanecerán en estado de alerta permanente en los locales de votación para intervenir de manera inmediata frente a delitos relacionados con la suplantación de identidad, la vulneración de la ley seca, la propaganda indebida y cualquier acto violento que atente contra el orden público o la correcta administración estatal.
Fuente: Imagen Institucional-Ministerio Público.
