La prohibición de las actividades propias de una campaña electoral, como son los mítines, en el distrito de San Juan de Lurigancho, colisiona contra el derecho constitucional de todos los peruanos a la libre reunión y podría ser motivo de una denuncia penal contra el alcalde de esa jurisdicción, Carlos Burgos.Así lo advirtió el director del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), Marco Tulio Gutiérrez, quien explicó que Burgos estaría incurriendo en perturbación o impedimento de proceso electoral que, de acuerdo con el Código Penal, le podría acarrear pena de cárcel de hasta 10 años, con la consiguiente vacancia del cargo.
Los serenos del mencionado distrito impidieron la realización de mítines de Perú Posible y de Somos Perú.
Gutiérrez sostuvo que la Ordenanza 124-2007 que la comuna de San Juan de Lurigancho invoca como justificación, regula los espectáculos públicos no deportivos en esa jurisdicción, “norma que no es aplicable al hecho de que en un mitin partidario actúen artistas, sea previamente o con posterioridad a los discursos de los candidatos”.
Gutiérrez afirmó que calificar un mitin político por la presencia de artistas como un espectáculo público, constituye una maniobra orientada a exigir la obtención de una autorización municipal.
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