La norma también establece mecanismos estrictos de respuesta inmediata y protección a las víctimas, como la reserva de identidad del denunciante y la creación de canales de orientación especializados. Para asegurar la continuidad del servicio frente a amenazas criminales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) podrá implementar rutas provisionales y fortalecer la seguridad en terminales y paraderos. Asimismo, se ha dispuesto una articulación permanente entre la PNP y las fiscalías especializadas para agilizar las investigaciones contra las organizaciones criminales.
Finalmente, el decreto contempla un plan de reactivación para el sector afectado, que incluye la creación de un fondo de apoyo financiero postdelito y el programa "Ruta Segura Restablecida" para reparar infraestructura dañada. Además, se brindará atención psicológica a las víctimas y programas de reinserción laboral. Por su parte, la SBS supervisará los movimientos financieros de las empresas para detectar transferencias vinculadas a extorsiones, cerrando así el cerco económico sobre las bandas delictivas.
