Fuente: Municipalidad de San Bartolo
Fuente: Municipalidad de San Bartolo
1. Hasta las 22:00 horas del día 2 de febrero de 2021 se han procesado muestras para 6 440 564 personas por la COVID-19, obteniéndose, 1 158 337 casos confirmados y 5 282 227 negativos.
Personas muestreadas 6 440 564
Resultados negativos 5 282 227
Casos confirmados 1 158 337
2. El Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 41 538 ciudadanos en el país. Durante el 2 de febrero se registraron los resultados de 45 546 personas muestreadas, de los cuales 5 625 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día.
3. Se registraron parcialmente, además, los resultados de 8 573 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores.
Fuente: MINSA
La demanda presentada en el Poder Judicial solicita la cancelación del mega proyecto del consorcio chino Cohidro, debido a que la concesionaria no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y hasta la fecha no hay información científica del impacto que tendrá el proyecto en los cuatro ríos que involucra el proyecto (Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas). Por lo que la demanda tiene el respaldo de doce federaciones indígenas de Loreto y Ucayali.
Esta acción judicial es contra la empresa y los organismos del Estado que promueven proyectos de inversión en el país, como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y contra el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), debido a que el proyecto constituye una amenaza inminente a la vida de las poblaciones indígenas, ribereñas y de los caseríos.
Tanto FECONAU y ORAU piden que se declare la suspensión del proyecto hasta que se tenga certeza científica de que la obra Hidrovía Amazónica no afectará a los ríos, además de la anulación de la Resolución Directoral 702-2015MTC/16 del 28 de setiembre de 2015 que aprueba los términos de referencia del EIA del proyecto, debido a que no cumplen los estándares internacionales de cumplimiento obligatorio en materia de EIA de proyectos extractivos en territorios de pueblos indígenas.
La medida legal demanda que, al momento de aprobarse nuevamente los términos de referencia del nuevo EIA del proyecto, se cumpla con el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que el SENACE, al momento de aprobar nuevamente los TDR del nuevo EIA, exija al operador del proyecto, realizar un estudio toxicológico sobre el impacto del proyecto y una caracterización de los potenciales impactos toxicológicos sobre el ecosistema, la salud humana y los medios de vida de la población indígena.
El documento señala que el EIA debe ser elaborado en colaboración con los pueblos indígenas que serán afectados por el proyecto y que debe ser elaborado por consultoras independientes, y no como el caso de Hidrovía, donde la consultora fue contratada por el consorcio a cargo del proyecto, careciendo así de independencia e imparcialidad.
La demanda sostiene que el EIA debe evaluar los impactos acumulados en el lugar donde se pretende realizar el proyecto en relación con otros proyectos extractivos y de infraestructura pública, hecho que no ocurre en el caso de este megaproyecto, donde no se evalúa el impacto de remover ríos que han registrado sistemáticamente derrames de petróleo.
Finalmente, demandan que la elaboración del EIA debe ser fiscalizada totalmente por el Estado y los organismos supervisores competentes. Esta fiscalización no solo debe darse al inicio, como ocurre con este proyecto, que solo fue fiscalizado al inicio por el Senace, pero no a lo largo de todo el procedimiento.
Este año, la campaña tendrá un enfoque sanitario, con el fin de apoyar también al cuidado de la salud y la prevención de la COVID-19. La emergencia sanitaria demanda el uso de agua potable para acciones importantes, como el lavado de manos, la limpieza de alimentos y el aseo del hogar, por lo cual, como es natural, hay un aumento en el uso del recurso. Sin embargo, también persisten las malas prácticas y descuidos que motivan un derroche o desperdicio del agua potable que se hace más evidente en circunstancias como las que estamos viviendo. Solo entre marzo y diciembre del 2020, el consumo del agua en Lima se incrementó en 50 mil millones de metros cúbicos, lo que equivale a 20 estadios nacionales, según Sedapal.
El uso irresponsable y desperdicio del agua potable también se agudiza en la temporada de verano debido al aumento de la temperatura y a la coincidencia con las fiestas de carnavales, que según Sedapal, en veranos pasados, se derrochó 120 millones de litros de agua en el llenado de piscinas y en juegos de carnavales, lo que representa el consumo del recurso de 4800 familias.
Una campaña de uso responsable y solidario se hace necesaria más que nunca, considerando que en el Perú todavía existen más de 3 millones de personas que no acceden al agua potable a través de una red pública, según el INEI y que en Lima aproximadamente 672 mil personas no cuentan con el servicio, según Sedapal.
Al respecto, el presidente ejecutivo de la Sunass, Iván Lucich Larrauri, manifestó que “en el actual contexto, un verano en plena pandemia, el agua es un recurso más valioso que nunca, pues ayuda a prevenir la COVID-19 y otras acciones esenciales, por lo cual debemos hacer el esfuerzo como sociedad de tomarnos en serio el cuidado del agua potable, a través de acciones sencillas, como no dejar el caño abierto al cepillarnos los dientes o enjabonarnos las manos”.
AGUA Y SALUD
El uso de piscinas no solo constituye una oportunidad para derrochar el agua, sino que pueden ser, según el Ministerio de Salud, un potencial foco de contagio de la COVID-19, cuando no se guarda la distancia física adecuada con las otras personas.
Asimismo, EsSalud advierte que la higiene inadecuada en piscinas puede producir infecciones respiratorias y estomacales. También, se recomienda evitar el juego de carnavales, ya que una mascarilla mojada pierde su efecto protector.
Fuente: Prensa SUNASS
“Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a ser el Grupo Terna. Me han tenido reducido tres días sin comer sin agua”, dice en la grabación.
Asimismo, el joven de 24 años señaló que durante el periodo en que se encontraba secuestrado no estaba solo. Él asegura que en el interior del recinto donde se encontraba había una persona más en la misma condición, pero que los tenían en ambientes diferentes.