MÁS DE 1000 COMUNIDADES NATIVAS AMAZÓNICAS REGISTRAN CONTAGIADOS DE CORONAVIRUS

ARTÍCULO DE OPINIÓN

El 27 de abril, CoorperAcción Publicó un artículo de análisis[2] titulado “comunidades nativas y focos de contagio por Covid-19 en la Amazonía peruana”. En dicho artículo analizamos la información de contagiados por coronavirus, actualizada al 23 de abril, en 11 departamentos amazónicos del país. Según el nivel de desagregación de la información (distrital y provincial) de las Direcciones Regionales de Salud, encontramos que para esa fecha, eran 13 provincias y 38 distritos de la Amazonía, los que registraban un total de 1304 casos confirmados y 50 personas fallecidas por Covid-19. En 24 de estos 38 distritos, existían alrededor de 410 comunidades nativas, que se encontraban expuestas al peligro de contagio.

A más de tres semanas de haberse realizado el mencionado análisis territorial, estamos haciendo el seguimiento de la evolución de la pandemia en los territorios amazónicos, con presencia de comunidades indígenas. Para ello, hemos hecho un corte de información de contagiados al 15 de mayo. Los resultados generales del análisis muestran un crecimiento exponencial de contagiados. Existen 5 526 casos positivos y 1316 víctimas fatales[3] de Covid-19 en un total de 134 distritos y 3 provincias, de 12 departamentos amazónicos.

Es decir que, del 23 de abril al 15 de mayo la cifra de contagiados se ha multiplicado por cuatro y la de fallecidos por el insólito número de 26. Por otro lado, el número de comunidades nativas expuestas al peligro de contagio, ha pasado de 400 a 1080. Los departamentos que concentran el mayor número son Loreto con 454, Ucayali con 231, Amazonas con 135 y Junín con 128 comunidades. La penetración de la pandemia hacia el interior de los territorios departamentales, es innegable.

Es preocupante que hasta el cierre de la edición del presente artículo, el gobierno aún no haya desarrollado una plataforma digital de libre acceso, que permita visualizar la distribución geográfica hasta la escala local de la Covid-19. El análisis territorial local de la pandemia, permitiría elaborar mejores estrategias de control y/o contención, sobre todo en los territorios que presentan alta vulnerabilidad, como es el caso de aquellos en donde viven las comunidades nativas.

En los últimos días hemos tenido un amplio debate público acerca de la famosa curva de evolución de la pandemia. A la luz de la realidad, ese debate parece ser estéril, pues estamos mirando las tasas globales y no el comportamiento diferenciado del coronavirus en los territorios a través del tiempo. La ausencia de esta mirada territorial, se hace cada vez más notoria en los errores de la gestión de la emergencia. Por lo que es momento de apelar a una verdadera gobernanza territorial de la emergencia, donde no solo haya una respuesta desde el nivel central, sino más bien un mayor protagonismo de los gobiernos subnacionales y las organizaciones sociales de base.

Anexos:

* Dionel Martínez es coordinador colegiado de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial. Y Camila Delgado e Ivan López son miembros del equipo de geógrafos de CooperAcción.

[1] Artículo publicado originalmente el 22 de mayo del 2020, en la Edición Especial Digital de la revista Signos. Ver, Martínez, D. (2020). Amazonía Peruana y Covid-19. Signos, pp 3. Recuperado de https://cep.com.pe/publicaciones/signos-digital-22-mayo-2020/. 

[2] Ver, Martínez, D., Delgado, C., Guiop, I. (27 de abril de 2020). Comunidades nativas y focos de contagio por COVID-19 en la Amazonía peruana. CooperAcción Opina. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/comunidades-nativas-y-focos-de-contagio-en-la-amazonia/.

[3] La cifra incluye los casos sospechosos de víctimas fatales de Covid-19, reportadas por la Dirección Regional de Salud de Loreto.

Fuente: CoorperAcción

Pueblos indígenas denuncian que petroleras los exponen al riesgo de contagio

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), base de AIDESEP, denunció que existen empresas en Loreto que no acatan el Estado de emergencia por el COVID-19, pese a la crítica situación que se vive en la región. Se trataría de dos empresas petroleras que habrían continuado sus actividades en los territorios indígenas, exponiendo a las comunidades al riesgo de contagio por COVID19.

Según informó ORPIO, se trataría de Petrotal Corp., compañía que opera el Lote 95, la misma que continúa con sus labores permitiendo el ingreso y se traslado de trabajadores a lo largo de la cuenca de Puinahua, en la provincia de Requena. Esto pone en riesgo a las c, Jorge Chávez, Manco Cápac y San Pedro primera y segunda zona. Los operadores de la petrolera se trasladan directamente a la comunidad nativa Bretaña, que se ubica en Bretaña, la capital del distrito Puinahua. Además, se afecta la parte baja de Puinahua, donde se encuentra la comunidad nativa 7 de junio, la que se ubica antes de llegar al campamento de Petrotal Corp. que se encuentra en la Cuenca del Pacaya y por ende a la Reserva Nacional de Pacaya Samiria. Cabe recordar que en este caso, existieron dos derrames petroleros en el 2018 y y el 30 de diciembre de 2019.

El otro caso es la empresa Perenco Perú, que posee el 50% de participación en el Bloque 67 junto con la empresa estatal vietnamita Petrovietnam (PVEP). La base del campamento que se encuentra en el distrito de Napo, provincia de Maynas, del Departamento de Loreto, es la responsable de que por lo menos 14 comunidades Kichwas y Arabelas de toda esta zona del río Napo se vean afectadas debido a que sus trabajadores continúan transitando a través del río sin ningún tipo de restricción.

Fuente: Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos

Muertes en la Amazonía por tala ilegal

Cuatro ashánincas fueron asesinados en la frontera de la selva amazónica entre Perú y Brasil el pasado 1 de setiembre. Se presume que la causa del asesinato fue la denuncia en contra de la tala ilegal que habría realizado una de las víctimas hace un año. Esta disputa tiene ya varios años en esta comunidad, ubicada en el departamento de Ucayali, al oriente de nuestro país.

Tras las investigaciones respectivas, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) afirmó que el área que se encuentra bajo su supervisión constituye el 32% del área total de bosques amazónicos y que entre los años 2009 y 2013, la extracción ilegal ascendió a más de 31 millones de dólares. En tanto, la Interpol asegura que se pierde aproximadamente 250 millones anuales por este delito, es decir, más del doble de ganancias de lo que obtiene la industria legal.

Los pobladores aseguran que no se ha sentido la presencia del Estado ni su interés en realizar una investigación que los lleve hacia los responsables. Ruth Buendía, presidenta de la principal organización de la etnia asháninca destacó el asesinato del jefe nativo, Mauro Pío, quien también fuera amenazado por madereros ilegales en el 2013.

Asimismo, Saweto enfrenta el mismo problema tras la muerte del activista Edwin Chota. Mientras Chota solicitaba la titulación y demarcación de su comunidad nativa, que había sido inscrita y reconocida oficialmente en el 2003, el Estado había otorgado esas tierras como parte de una concesión forestal por 40 años.

Patricia Balbuena, viceministra de la Interculturalidad, expresó que “El problema es que una entidad da los títulos y otra da las concesiones; para una, la comunidad existe y para la otra, no”. Se estaría pagando muy caro el desorden de la transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales. Balbuena se encuentra en Pucallpa gestionando la recogida de los restos desmembrados de Chota y de los otros tres asesinados.

Desde el Gobierno de Alan García (2006-2011), “ha habido muchos cambios en el procedimiento de titulación y muchos vacíos”, afirmó Mario Osorio, coordinador en Oxapampa de la ONG Instituto del Bien Común (IBC), entidad que asesora legalmente a las comunidades amazónicas. 

Según el Colectivo Territorios Seguros, que agrupa a 26 instituciones de la sociedad civil, unos 18 millones de hectáreas de comunidades en la Amazonía peruana no están tituladas. Julia María Urrunaga, directora de Environmental Investigation Agency (EIA) insiste en que “La tala ilegal necesita insertarse y lavarse. Corrompe la institución: no son solo mafias de madera sino también otros poderes ilegales que han entrado a dominar ante la ausencia del Estado. Es trágico porque Edwin Chota fue asesinado por tener un rol muy activo contra estas mafias”.

La Superintendencia Tributaria ha presentado un documento citado en el Informe de Osinfor de 2014 en el que alerta que no hay “normatividad que exija descripciones mínimas en la declaración aduanera de exportación de madera”. Se ha encontrado información falsa en los documentos de gestión de la madera.

Una representante de la ONG Sustain Labour, Laura Martín, conoció a Chota semanas antes de su muerte. “Contó su caso ante muchas instituciones y mostró los documentos que gestionó. Aportó pruebas de un delito, lo cual es mandato de la administración estatal: se lo puso en bandeja pero hubo dejación”. El 25 de abril, Chota reiteró a la Fiscalía provincial su denuncia, pues la tala ilegal se había intensificado en el Alto Tamaya, donde se ubica su comunidad, pero tampoco tuvo respuesta.

LAMENTABLE.  Fuentes que prefieren permanecer en el anonimato aseguran que la mayor parte de la madera valiosa de nuestro país ya fue extraída y para rescatar dicha madera, es necesario emprender largos caminos y los costos sobrepasan la ganancia, por ello, el narcotráfico utiliza también los circuitos ilegales de la madera. 

Fuente: Noticia Local - Andina