Indecopi declara ilegal el cobro de Sunedu por títulos extranjeros. ¡Ya no pagues S/1,188!

¿De verdad cuesta casi mil doscientos soles revisar un diploma? Esa es la pregunta que miles de profesionales se hacían al regresar al Perú con un título bajo el brazo, y a la que el Indecopi finalmente ha dado una respuesta contundente. La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas ha declarado ilegal el cobro de S/1,188.50 que la Sunedu exigía para tramitar el reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero. Tras una rigurosa evaluación, el organismo confirmó que la Sunedu fue incapaz de justificar técnicamente el precio de este trámite: no logró acreditar las horas de trabajo de su personal ni la cantidad de solicitudes recibidas, incumpliendo la metodología de costos obligatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y alejándose del costo real del servicio.

El impacto real: ¿Qué cambia a partir de ahora?

Esta histórica decisión no es un simple llamado de atención, sino un mandato con efectos generales que aliviará el bolsillo de la comunidad profesional. Los puntos clave de esta resolución son:

• Inaplicación general: La Sunedu está obligada a retirar este cobro en beneficio de todos los ciudadanos afectados por su imposición.

• Vigencia inmediata: La eliminación del pago entrará en vigor al día siguiente de que se publique el extracto de la resolución en el diario oficial El Peruano.

• Continuidad del trámite: El procedimiento de evaluación no se detiene; los interesados podrán seguir solicitando su reconocimiento de forma habitual.

Cuentas claras, pero sin aprobaciones automáticas

Es crucial entender las reglas del juego para evitar confusiones en el camino. La Sala ha sido muy enfática al precisar que esta medida no implica un reconocimiento automático ni el otorgamiento de registros o autorizaciones express para los diplomas del exterior. La Sunedu mantendrá intacta su función de evaluar la eficacia oficial y legal de los estudios realizados fuera del país conforme a la normativa vigente; la única, pero gran diferencia, es que a partir de la entrada en vigencia del mandato, ya no podrán cobrarte ni un solo centavo de esa tasa declarada ilegal.