Una herida de asfalto en el corazón de Loreto
¿Es posible conectar a una nación sin destruir el tejido social de sus pueblos originarios? En la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, la respuesta parece estar teñida de incertidumbre. La construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho, una ambiciosa obra de 200 kilómetros impulsada por el Gobierno peruano, ha encendido las alarmas en la comunidad indígena Centro Arenal. Liderados por Marilyn Gatica Huanio, los 300 integrantes del pueblo Murui-Muinani denuncian que el trazo aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cortará su territorio literalmente por la mitad. Lo que para el Estado es un eje de conectividad, para los locales es una "puerta abierta" a invasores, taladores ilegales y la pérdida irremediable de su seguridad territorial.
El mapa del conflicto: Áreas protegidas bajo amenaza
El proyecto no solo impacta la propiedad comunal, sino que planea atravesar zonas críticas para la biodiversidad amazónica. El diseño vial proyectado para 2025 y 2026 contempla un avance que fracturaría ecosistemas que el propio Estado se comprometió a salvaguardar bajo figuras de conservación. Los puntos más críticos de la obra incluyen:
Centro Arenal: División del territorio titulado de 1,977 hectáreas, facilitando el tráfico de tierras.
ACR Ampiyacu Apayacu: Un área de conservación gestionada por los pueblos Boras que perdería su integridad biológica.
ACR Maijuna Kichwa: Territorio ancestral de casi 400 mil hectáreas que quedaría expuesto a la deforestación.
Impacto ambiental: Se estima la pérdida de 16,800 hectáreas de bosque virgen a lo largo de toda la ruta.
Consulta previa en entredicho: ¿Diálogo o trámite?
Aunque el MTC inició el proceso de consulta previa en septiembre de 2024, expertos de organizaciones como la SPDA y DAR advierten graves vacíos metodológicos. La principal crítica radica en que solo se está consultando el "estudio definitivo" del trazo, dejando fuera del debate el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y las medidas de mitigación necesarias para proteger a las poblaciones vulnerables. Esta fragmentación del proceso administrativo impide que las comunidades tengan una visión integral de los riesgos, mientras que en el terreno, la construcción del primer tramo y el puente Nanay ya han servido como catalizadores para once denuncias de tala ilegal que, hasta la fecha, permanecen archivadas.
El dilema del "progreso" en la frontera
Más allá del asfalto, el proyecto enfrenta cuestionamientos técnicos sobre su viabilidad económica. Analistas de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) señalan que las proyecciones de tráfico —estimadas en más de mil vehículos diarios— parecen infladas para una zona fronteriza de baja densidad. El riesgo real, advierten los especialistas, es que la carretera termine subvencionando la logística de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Para las lideresas amazónicas, la lucha no es contra la conectividad, sino contra un modelo de desarrollo que, al intentar unir ciudades, termina desmembrando la vida y el bosque que las sostiene.
Fuente: Mongabay.












