¿Es la Costa Verde un escenario seguro para el entretenimiento masivo o una tragedia anunciada? La Marina de Guerra del Perú (MGP) ha emitido una contundente advertencia sobre la vulnerabilidad de los establecimientos Arena 1 y Costa 21, ubicados en el distrito de San Miguel. Basándose en informes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Ingemmet, la autoridad marítima señala que estos locales operan sobre rellenos sanitarios y terrenos ganados al mar, condiciones que los inhabilitan para soportar estructuras de gran capacidad. El riesgo no es solo geológico: la exposición constante al salitre ha acelerado la corrosión de techos y armazones metálicos, incrementando la posibilidad de colapsos estructurales ante movimientos sísmicos de mediana intensidad.
Deficiencias logísticas: El desafío de la evacuación y el colapso vial
La Capitanía del Puerto del Callao ha calificado la zona como un punto crítico de seguridad pública debido a la carencia de rutas de escape eficientes. Ante un sismo, maremoto o incidente interno, la infraestructura actual resulta insuficiente para movilizar a miles de asistentes de forma segura:
Vías de evacuación limitadas: Solo se cuenta con dos puentes peatonales, lo que podría derivar en estampidas humanas ante una emergencia.
Antecedentes de riesgo: En 2023, la congestión obligó a los asistentes de un evento a evacuar trepando los acantilados, ante el bloqueo de las salidas formales.
Impacto en la Red Vial: Los eventos generan picos de congestión de hasta dos horas, afectando la conectividad de la vía expresa hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Alteración del perfil costero: Se denuncia el ingreso diario de hasta 600 camiones con desmonte sin autorización, lo que debilita aún más la estabilidad del terreno.
Situación legal: De áreas recreativas a ocupación irregular
El trasfondo administrativo revela una presunta desnaturalización de la concesión otorgada originalmente a la Municipalidad de San Miguel en 2019. Según el capitán de navío Amílcar Velásquez, los 530 mil metros cuadrados cedidos tenían como fin exclusivo la creación de áreas verdes y ciclovías, no el usufructo privado mediante locales de conciertos. Debido a este incumplimiento, la Marina revocó la concesión en 2022, declarando a los operadores actuales en condición de "invasores". Pese a la anulación del permiso y a las denuncias interpuestas ante la Fiscalía y la Contraloría, la comuna distrital continúa emitiendo autorizaciones para espectáculos masivos en la zona.
Acciones preventivas y protección al consumidor
Ante la persistencia de las actividades en la Costa Verde, la Marina de Guerra ha solicitado la intervención de Indecopi para evaluar la protección de los usuarios, quienes adquieren boletos para recintos que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad industrial y defensa civil. La institución subraya que su postura no es de oposición al desarrollo recreativo del litoral, sino una exigencia de planificación técnica y sostenible. Mientras los procesos sancionadores siguen su curso, la advertencia queda sobre la mesa: la inestabilidad del suelo y la precariedad de los accesos convierten a estos centros de eventos en infraestructuras de alto riesgo para la integridad física de la ciudadanía.
Fuente: Andina.
