Madre de Dios: formulan queja contra juez que `defiende´ a familia Baca Casas, ligada a minería ilegal

La Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente presentó una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) contra el Juez Mixto de Huepetue, Mitchel Gregory Ramos Janampa, por ordenar de manera irregular que dos ministros (del Minam y MEM), se “abstengan de amenazar y ejecutar la cancelación de la declaración de compromisos de la familia Baca Casas dentro del registro nacional de formalización minera”.

La familia Baca Casas, liderada por Gregoria Casas –más conocida como “Goya”– está relacionada con la minería ilegal en Madre de Dios, razón por la cual el Ministerio de Energía y Minas retiró a dicho clan del proceso de formalización en setiembre pasado porque sus volúmenes de producción no eran compatibles con la pequeña minería y, además, estaban siendo investigados por lavado de activos.

Según el Minam, el pedido de dicho juez –a través de una medida cautelar– es contrario a la Ley General del Procedimiento Administrativo. Asimismo, considera que esta medida, emitida 46 días después de que la familia Baca Casas fuera retirada del proceso de formalización minera, no solo resulta extraña sino que es inejecutable.

A la fecha, se conoce que la familia Baca Casas nunca impugnó la medida administrativa que los dejó fuera del proceso de formalización minera, consintiendo lo resuelto por el órgano competente.
Para el Minam, “la actuación aislada de un juez provisional no puede empañar el compromiso del Poder Judicial en la lucha contra la minería ilegal a nivel nacional”.

“Confiamos en que en las próximas semanas el Poder Judicial sancionará a este Magistrado por su insostenible actuación que perjudica la adecuada aplicación de las políticas y normas que el Estado ha dado en beneficio de la sociedad”, resaltó.

Fuente: Noticia Local – La Mula

Juez falla a favor de comerciantes de La Parada

El juez Malzon Urbina, del 56 Juzgado Penal de Lima, emitió una resolución a favor de los comerciantes de La Parada. Ordenó el retiro de los policías que custodian las inmediaciones del mercado mayorista, así como de los bloques de cemento.

En su resolución, el juez concluye que no es legal que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, cambie el uso del terreno del establecimiento dejando de ser un mercado para convertirse en parque.
En otra parte del documento, el magistrado señala que la burgomaestre “habría incurrido en el delito de falsedad genérica y falsificación de documentos múltiples”.

Otra de las conclusiones del juez es que la Municipalidad de Lima violentó el principio de igualdad ante la ley, “discriminando a los comerciantes de La Parada”.

Un aspecto que resalta en la resolución es que el juez considera que el ministro del Interior tiene “responsabilidad penal” en el “trato discriminatorio” a los comerciantes evidenciados en el traslado de La Parada al nuevo mercado de Santa Anita. Además, se señala que el titular del Interior no analizó las consecuencias y expuso a los policías de la operación a los actos delincuenciales suscitados en octubre pasado.

HÁBEAS CORPUS FUNDADO
El fallo declara fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta doña Ida Obdulia Ávila Sedano contra la alcaldesa Villarán y contra el ministroWilfredo Pedraza. Esto “por vulneración al principio y al derecho de la libertad individual, medida y vigilancia arbitraria y afectación del derecho a la igualdad ante la ley por trato indiscriminatorio”.

“Dispongo la inmediata dación de cuenta a la Comisión Permanente del Congreso los indicios razonables de la comisión de ilícitos penales por parte del señor ministro Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra”, señala la resolución. También habla de “responsabilidades penales que pudieran recaer sobre la alcaldesa Susana Villarán del a Puente y a los funcionarios públicos que resulten responsables”.

Otra disposición contempla remitir copias certificadas al Ministerio Público por el presunto delito contra la Fe Pública con perjuicio de terceros por parte del teniente alcalde de Lima, Eduardo Zegarra, por haber supuestamente alterado la verdad respecto al contrato de donación del terreno.

Fuente: Noticia Local – El Comercio