Ejecutivo promulga Ley del Servicio Civil que promueve meritocracia y derechos laborales

El Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley del Servicio Civil, norma que fue aprobada en el Congreso de la República y que busca sentar las bases para mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante la meritocracia y con respeto de los derechos laborales.

La norma aparece publicada hoy en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dos días después de haber sido aprobada en el Pleno del Parlamento, tras un debate que se inició la semana pasada, con la participación de todas las bancadas parlamentarias.

Esta ley consta de 98 artículos, 12 disposiciones complementarias finales, 14 transitorias, dos modificatorias y una derogatoria, así como diversos capítulos alusivos a la organización del servicio civil y a los servidores públicos.

Dentro de esta norma se establece la meritocracia como la base de los avances de los trabajadores en la carrera, así como la capacitación y la mejora en las competencias de los servidores públicos del país, a favor de la ciudadanía.

Como parte de su contenido, la norma mantiene el cálculo de la CTS sobre el 100 por ciento de la valorización principal y ajustada, que le fueron pagadas al servidor civil en cada mes durante los últimos 36 meses de trabajo, por cada año de servicios efectivamente prestados.

Respecto al periodo de prueba para los miembros de este régimen laboral, se aplicará solo a los nuevos trabajadores y no a quienes formen parte de los regímenes de los decretos 276 y 728 y del Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Asimismo, incluye la posibilidad de solicitar un adelanto de la edad de jubilación de los trabajadores que formen parte del nuevo régimen laboral, y cambia la denominación de “personal de ineficiencia comprobada” por la de “personal desaprobado”.

Diversas autoridades del Gobierno han dejado en claro que esta ley no generará despidos masivos.

Fuente: Noticia Local - Andina

Presentan ante TC acción de inconstitucionalidad de decretos que criminalizan protestas sociales

Lima, 12 / 05 / 2008

Con la presencia de representantes de diversas organizaciones sociales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) presentó ante el Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos que criminalizan la protesta social, la misma que fue posible luego de una campaña de recojo de más de 6,500 firmas.

En el acto participaron el director ejecutivo de Aprodeh, Miguel Jugo; Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, Olmedo Auris y Luis Isarra, dirigentes nacionales de la CGTP; Melchor Lima de la Confederación Campesina del Perú, CCP y Mario Palacios de CONACAMI.

Miguel Jugo destacó la importancia del acto, pues de esta manera se busca que la máxima instancia en materia de control constitucional pueda pronunciarse sobre aquellos artículos del Decreto Legislativo 982 que atentan contra derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo de los sectores más pobres y vulnerables, que precisamente han sufrido las consecuencias de la criminalización de las protestas sociales.

Por su parte Wilfredo Ardito explicó que el recurso de inconstitucionalidad se basa en que el Poder Ejecutivo solo estaba facultado para regular la problemática del crimen organizado y no para emitir normas de carácter general, como la inimputabilidad a policías y militares que maten personas, la sanción a las autoridades que apoyen huelgas, las posibilidades para detener personas sin mandato judicial, la reducción del rol del Ministerio Público, la sanción hasta con 25 años de prisión al bloqueo de carreteras (que ya está sancionado), entre otros temas.

Agregó que estos decretos legislativos son una especie de “espada de Damocles” contra los ciudadanos que puede acrecentar el temor a expresarse públicamente, así como percibir a la Policía como un ente hostil a sus derechos, por lo que deben ser derogados. Señaló que en los próximos diez días, el Tribunal Constitucional debe estar declarando la admisibilidad del recurso y confía que para el mes de julio del presente año ya puedan tener una sentencia definitiva.

En iguales términos opinaron otros dirigentes como Mario Palacios, presidente de CONACAMI, quien destacó la importancia de esta demanda pues es el resultado del trabajo conjunto de organizaciones sociales con el respaldo de instituciones defensoras de los derechos humanos, como APRODEH; recordó asimismo que bajo el amparo de estos decretos, en la actualidad hay 300 dirigentes comuneros y ronderos denunciados por defender sus tierras y territorios.

Hay que remarcar que en lo que va del régimen, por lo menos 18 personas han sido presuntamente asesinadas por las fuerzas policiales, la gran mayoría de ellos mientras participaba en movilizaciones policiales, como ocurrió en febrero durante el paro nacional agrario.

Fuente: Aprodeh - Agencias

Obreros que construyen la Interoceánica denuncian incumplimiento de pagos

Juliaca - Puno, 29 /01 /2008

Por incumplimiento de múltiples derechos laborales, un grupo de trabajadores denunciaron ante el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) al consorcio Intersur, que construye el tramo IV del Proyecto Corredor Vial Interoceánico (Azángaro – Puente Inamabari).

Los trabajadores afirman que el consorcio -conformado por las empresas brasileras Queiroz Galvao, Rodrigo Andrade y Camargo Gutiérrez- no habría cumplido con el pago de horas extras, por jornada nocturna, por descanso semanal ni la bonificación por altura, entre otros.

La denuncia es tramitada por la zona desconcentrada del MTPE de Juliaca, entidad que ha citado a las partes a rendir declaraciones a fin de solucionar el percance.

Por su parte, el jefe de Recursos Humanos del Consorcio Intersur José Seixas, admitió el incumplimiento de algunas obligaciones para con los obreros; no obstante, aseguró que su compañía asumirá los pagos correspondientes a la brevedad.

“El miércoles se está cancelando; son tres personas, no sé si habrán más (…) ya se está conciliando (…) la empresa no está rompiendo ninguna norma (...) mi presencia acá es por tres denuncias que he tenido, por pago de horas nocturnas, bonificación por altitud y unas horas extras”, sostuvo.

Fuente: Noticia Local - Agencias - Radio Juliaca