Poder Judicial declara imprescriptible crimen en cuartel Los Cabitos - 1983

La Sala Penal Nacional confirmó la imprescriptibilidad de los delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada en agravio de Arquímedes Ascarza Mendoza, desaparecido en el cuartel Los Cabitos de Huamanga, Ayacucho el 2 de julio de 1983, por efectivos militares.

La resolución declara infundadas las excepciones de prescripción deducidas por el implicado, Coronel Julio Carbajal D'Angelo, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada en agravio de Arquímedes Ascarza Mendoza y otras cincuenta y dos víctimas.

Asimismo, considera que la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y la tortura son hechos crueles y atroces que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos; y en tal sentido, "deberá ser considerado como delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, saluda dicha decisión y la considera un paso importante en la búsqueda de justicia en el caso Los Cabitos, base militar en la que habrían desaparecido unas 138 personas entre 1983 y 1984, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Recientes exhumaciones en fosas de Los Cabitos arrojaron un hallazgo de restos de quince cuerpos que esperan ser identificados.

Datos:

Julio Carbajal D’Angelo prestó servicios, del 15 de agosto al 15 de diciembre del año 1983, en condición de Coronel de Infantería del Ejército Peruano en la Segunda Región Militar con sede en la ciudad de Ayacucho, asignado al Cuartel General de la Segunda División de Infantería BIM N° 51, conocido como “Cuartel Los Cabitos”.

La madrugada del 2 de julio de 1983, un grupo de fuerzas combinadas irrumpió en el domicilio de Arquímedes Ascarza Mendoza, ubicado en el asentamiento humano Ciudad Libertad de las Américas (Huamanga), deteniéndolo y obligándolo a acompañarlos.

El padre de la víctima, Estanislao Ascarza Barrón, pudo identificar a los captores como miembros del Ejército y la Policía de Investigaciones, pues vestían pantalones verdes, botas y capuchas negras, y portaban armas largas.

Angélica Mendoza, madre de Arquímedes, indicó que uno de los militares le dijo que acudiera al cuartel Los Cabitos al día siguiente, donde encontraría a su hijo, agregando que sólo pretendían tomarle una declaración. Días después un suboficial del Ejército le entregó una nota de su hijo y le manifestó que éste se encontraba detenido en el cuartel Los Cabitos.

Ana María Ascarza Mendoza, hermana de la víctima, dijo a la CVR que 15 días después de la detención se enteraron de que Arquímedes había sido subido a un helicóptero con otras 14 personas. Desde entonces no volvieron a tener noticias de él.

Fuente: Área de Comunicación APRODEH

Identifican a cinco víctimas de la masacre de Chaupiorcco

Lima, 19 / 08 / 2008

A dos décadas de la desaparición de 17 pobladores de las comunidades de Socco, Amoca y Checcasa, en la provincia de Aymaraes, Apurímac, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) ha logrado identificar los restos de las 5 víctimas exhumadas en la localidad de Chaupiorcco en el año 2005.

Las identificaciones fueron posibles gracias a análisis de ADN realizados por el EPAF con la colaboración de los laboratorios del Grupo BODE, los cuales confirmaron y completaron la información obtenida por el equipo en el año 2005, a través del análisis Antropológico Forense como perito de parte de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), representante legal de las familias. Entre las víctimas identificadas se encuentran 3 hombres y 2 mujeres.

La masacre habría ocurrido el 13 enero de 1988. El día 8, según los testimonios, miembros del Ejército Peruano detuvieron a 3 personas en la comunidad de Socco. Entre el 10 y el 12, esa misma patrulla detuvo a 14 personas más en la comunidad de Checcasa, manteniéndolos secuestrados y sometidos a torturas.

Al grupo se unió un detenido de la comunidad de Amoca. La noche del 13 de enero, mientras los detenidos eran trasladados a la Base Militar Santa Rosa, el grupo fue dividido. Luego de que el primer grupo cruzara el túnel de Huayquipa, los miembros del segundo grupo oyeron disparos y gritos, según el testimonio del único sobreviviente, que consiguió huir esa noche. Lo último que supo del segundo grupo es que era trasladado hacia la Base Militar Santa Rosa.

“Las identificaciones representan un paso crucial al intentar establecer qué sucedió ese día,” dice José Pablo Baraybar, Director Ejecutivo del EPAF. “Esperamos que esta información ayude al avance del proceso judicial, ya que los familiares continúan buscando justicia.”

“La identificación de las víctimas es un hecho importante para los familiares pues una de sus demandas principales es la recuperación de los restos de sus seres queridos a fin de darles sepultura de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. El reconocimiento de las víctimas es en sí un acto de justicia, ya que ella no puede limitarse solo a la sanción de los responsables, sino que también debe responder a la demanda de los familiares sobre el paradero de sus seres queridos, los mismos que en casos como éste, permanecieron en calidad de desaparecidos durante más de dos décadas”, refirió la abogada de APRODEH, Gloria Cano.

El trabajo del EPAF ha sido posible gracias a la colaboración de BODE Technology Group y Creative Learning, además del soporte financiero del Comité de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) del Departamento de Estado de los EEUU.

Fuente: Noticia Local - Aprodeh

Presentan ante TC acción de inconstitucionalidad de decretos que criminalizan protestas sociales

Lima, 12 / 05 / 2008

Con la presencia de representantes de diversas organizaciones sociales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) presentó ante el Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos que criminalizan la protesta social, la misma que fue posible luego de una campaña de recojo de más de 6,500 firmas.

En el acto participaron el director ejecutivo de Aprodeh, Miguel Jugo; Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, Olmedo Auris y Luis Isarra, dirigentes nacionales de la CGTP; Melchor Lima de la Confederación Campesina del Perú, CCP y Mario Palacios de CONACAMI.

Miguel Jugo destacó la importancia del acto, pues de esta manera se busca que la máxima instancia en materia de control constitucional pueda pronunciarse sobre aquellos artículos del Decreto Legislativo 982 que atentan contra derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo de los sectores más pobres y vulnerables, que precisamente han sufrido las consecuencias de la criminalización de las protestas sociales.

Por su parte Wilfredo Ardito explicó que el recurso de inconstitucionalidad se basa en que el Poder Ejecutivo solo estaba facultado para regular la problemática del crimen organizado y no para emitir normas de carácter general, como la inimputabilidad a policías y militares que maten personas, la sanción a las autoridades que apoyen huelgas, las posibilidades para detener personas sin mandato judicial, la reducción del rol del Ministerio Público, la sanción hasta con 25 años de prisión al bloqueo de carreteras (que ya está sancionado), entre otros temas.

Agregó que estos decretos legislativos son una especie de “espada de Damocles” contra los ciudadanos que puede acrecentar el temor a expresarse públicamente, así como percibir a la Policía como un ente hostil a sus derechos, por lo que deben ser derogados. Señaló que en los próximos diez días, el Tribunal Constitucional debe estar declarando la admisibilidad del recurso y confía que para el mes de julio del presente año ya puedan tener una sentencia definitiva.

En iguales términos opinaron otros dirigentes como Mario Palacios, presidente de CONACAMI, quien destacó la importancia de esta demanda pues es el resultado del trabajo conjunto de organizaciones sociales con el respaldo de instituciones defensoras de los derechos humanos, como APRODEH; recordó asimismo que bajo el amparo de estos decretos, en la actualidad hay 300 dirigentes comuneros y ronderos denunciados por defender sus tierras y territorios.

Hay que remarcar que en lo que va del régimen, por lo menos 18 personas han sido presuntamente asesinadas por las fuerzas policiales, la gran mayoría de ellos mientras participaba en movilizaciones policiales, como ocurrió en febrero durante el paro nacional agrario.

Fuente: Aprodeh - Agencias

Aprodeh sostiene que considera al MRTA como grupo terrorista

Lima, 26 / 04 / 2008

Cuidado con la persecusión política. Según la ONG Aprodeh el pasado 22 de abril dirigió una carta a los integrantes del Parlamento Europeo en la expresa "su rechazo y condena a los actos de terror de los grupos como SL y el MRTA que operaron en los años de violencia política” (sic).

En la misma señala, en atención a una propuesta de enmienda al párrafo 14 de la Resolución Común sobre la V Cumbre UE-ALC de Lima, que “desde hace más de 8 años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo. (…) Estimamos que no se debe sobre dimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, que puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo”.

La ONG expresa su preocupación respecto del actual escenario escenario político en el cual la calificación del MRTA como un grupo terrorista activo podría servir de pretexto para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo, ello considerando la campaña impulsada desde el gobierno por criminalizar la protesta social.

En una democracioa no se puede tolerar la persecución judicial y las acusaciones sin fundamento a los dirigentes y autoridades comunales, a activistas de derechos humanos, entre otros actores que defienden su justo derecho al agua, a la tierra, a un medio ambiente sano, a la libertad de opinión, de organización y de asociación.

Así tenemos los casos de los dirigentes comunales y de las rondas campesinas acusados de terrorismo por oponerse a la presencia de la minería. También tenemos el caso de los detenidos injustamente en Tumbes, como la señora Carmen Azparrent, acusada de terrorismo cuando se trata más bien de una víctima de Sendero Luminoso pues su propio padre, Fermín Azparrent, fue asesinado en Ayacucho en 1989 por dicha agrupación.

Fuente: Noticia Local - Agencias