Peligro en Loreto: El agua de 500 mil personas bajo la amenaza de nuevas concesiones mineras

¿Cómo es posible que la fuente de agua que da vida a medio millón de personas esté en trámite para convertirse en una zona de explotación minera? El río Nanay, el vital recurso hídrico que abastece de agua potable a la población de Loreto, se encuentra bajo una severa amenaza. El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) alertó que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió a trámite dos nuevas solicitudes de concesión minera en esta cuenca, un hecho que funciona como una alarmante contradicción legal, ya que el Decreto Supremo 022-2024-EM suspende explícitamente el otorgamiento de petitorios mineros en esta zona hasta noviembre de 2026. Esta polémica decisión ha despertado la indignación de organizaciones y ciudadanos que defienden la cuenca frente a la minería ilegal de dragas que ya destruye la biodiversidad local, llevando a líderes sociales como Jose Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, a calificar el acto como una burla increíble a la salud pública y a la normativa estatal.

Los petitorios de la discordia: nombres, responsables y el marco legal vulnerado

El desglose técnico de los trámites admitidos y los antecedentes judiciales

La cuenca del Nanay no es un terreno libre para la explotación; se trata de un ecosistema protegido por leyes regionales y nacionales orientadas a salvaguardar áreas naturales frágiles como la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Los detalles específicos de los petitorios admitidos y el historial de lucha legal de la comunidad se resumen a continuación:

• Los proyectos cuestionados: Se trata de las solicitudes denominadas "Achuny", ingresada en noviembre de 2025 por Leslie Lizelt Gutiérrez Latorre (natural de Madre de Dios), y "Jaguar Dorado", solicitada en la misma fecha por Edwin Whilmer Bastidas Quispe (natural de Lima).

• Un río blindado por norma: La Ordenanza Regional 006-2003-CR/RL declara expresamente al Nanay como una zona de exclusión total para actividades de extracción minera.

• Precedentes en el Poder Judicial: En agosto de 2024, el Primer Juzgado Civil de Loreto declaró fundada en parte una demanda de amparo de los ciudadanos de Iquitos, criterio que fue confirmado en enero de 2025 por la Sala Civil de Loreto al reconocer el riesgo real sobre el derecho al agua potable.

• Emergencia en espera: La admisión de estos trámites ocurre mientras la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto espera que el Gobierno central apruebe una ampliación del estado de emergencia para frenar la minería en la zona.

Ofensiva legal: colectivos ambientales exigen la nulidad inmediata de los trámites

Frente a lo que se considera una grave vulneración del marco jurídico, el OMI informó que ya se ha presentado una oposición administrativa formal para solicitar la nulidad absoluta de ambos procedimientos. De acuerdo con Karina Garay, abogada especializada en temas ambientales y vocera del colectivo, la normativa vigente establece una prohibición tajante por razones estrictas de seguridad y salud de la población loretana. Por este motivo, que una entidad del propio Estado dé luz verde al avance de estos expedientes representa un precedente sumamente preocupante que tiñe de ilegalidad cualquier futura autorización. La autoridad competente tendrá ahora un plazo de 30 días calendario para evaluar esta solicitud de nulidad y determinar si se respeta el decreto supremo de suspensión.

Un futuro determinante para la seguridad hídrica de Loreto

Finalmente, el Observatorio de Minería Ilegal advirtió que la resolución final que adopten las autoridades en este caso específico será un hito determinante para medir la aplicación efectiva y real de las normas de protección ambiental en el Perú. No se trata únicamente de un debate de papeles o burocracia, sino de salvaguardar la integridad de una de las principales arterias de agua de la Amazonía peruana frente al avance de actividades extractivas que comprometen directamente la vida humana. La ciudadanía de Iquitos y las organizaciones aliadas permanecerán vigilantes durante el próximo mes, con la firme convicción de que el Estado debe rectificar sus funciones para garantizar un ambiente sano y asegurar que el agua limpia siga llegando a los hogares de las miles de familias loretanas.