Lima, 12 / 04 / 2008
A través de un pronunciamiento, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC) expresó su condena a la denuncia por terrorismo formulada contra 35 personas que organizaron la consulta vecinal celebrada en setiembre pasado en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, sobre las operaciones mineras.
El 24 de marzo, la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC), entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz S.A.), denunció a 35 personas que impulsaron la consulta vecinal en Piura y los sindican como representantes de grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Al respecto, la CUNARC expresó solidaridad con los miembros de su consejo consultivo, entre los que destacan Nicanor Alvarado Carrasco, integrante de la Vicaría del Medio Ambiente de Jaén (Cajamarca); Magdiel Carrión Pintado, presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca; así como los alcaldes Carlos Martínez Solano (San Ignacio) y Humberto Marchena Villegas (Ayabaca).
De igual manera, se solidariza con Deyber Flores, teniente alcalde del distrito de Ayabaca (Piura); Euler Jave Díaz, gerente municipal de San Ignacio; y Javier Jancke, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).
En ese sentido, la organización rondera hizo votos porque las investigaciones del caso se desarrollen de manera transparente.
"Esperamos que realicen un trabajo decente, serio y profesional, tal como requiere toda labor de investigación. En caso contrario, se demostrará que optan por lo más fácil: dar información a (el diario) Correo, acusando de terroristas a los dirigentes políticos o luchadores sociales que dan la cara y no tienen las manos manchadas de sangre o por el dinero de la corrupción", reza el documento.
Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.
Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.
Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.
Fuente: Noticia Local - Agencias - CNR
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