El ordenamiento jurídico peruano establece prioridades claras para la asignación y el cobro de estos activos. El cónyuge supérstite o el conviviente civilmente reconocido tienen el derecho inmediato de acceder hasta al 50% del monto total de la CTS depositada, sin necesidad de esperar a que concluya un proceso sucesorio completo. El resto de los fondos se reserva para los herederos legales, donde los hijos menores de edad figuran en primera línea de prelación. En este último escenario, la legislación determina que el dinero sea administrado por un tutor legal en cuentas restringidas hasta que los menores cumplan la mayoría de edad o medie una autorización judicial, con el fin de salvaguardar su integridad económica. Los requerimientos documentales indispensables que exigen las entidades bancarias para dar inicio a este trámite incluyen:
Acreditación del deceso: Acta de defunción del trabajador y documento de identidad del solicitante.
Vínculo familiar: Partida de matrimonio civil, acreditación de unión de hecho o partidas de nacimiento de los hijos.
Vía hereditaria: Declaratoria de herederos o sucesión intestada inscrita, en caso de ausencia de beneficiarios directos.
Trámite institucional: Constancia emitida por el empleador (quien debe depositar la CTS pendiente en un plazo máximo de 48 horas tras conocer el deceso) y formularios del banco.
Recomendaciones financieras para la gestión estratégica del fondo
Más allá de los aspectos estrictamente legales de la herencia, los especialistas en finanzas personales enfatizan la necesidad de administrar la CTS con un enfoque analítico. Frente a las fluctuaciones del mercado actual, Cristian Arens, fundador de CIRCUM Corp, sugiere orientar el dinero de manera prioritaria a la cancelación de deudas de alto costo, tales como las tasas de interés de tarjetas de crédito o créditos de consumo. Asimismo, analistas de Inversiones.IO proponen diversificar el excedente a través de depósitos a plazo fijo o fondos de inversión a corto plazo en moneda nacional. Esta estrategia no solo mitiga los riesgos inflacionarios, sino que permite consolidar un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos operativos del hogar, garantizando la predictibilidad y estabilidad del patrimonio familiar ante cualquier imprevisto.
