Defensoría exige activar planes en Piura ante El Niño Costero, que se extenderá hasta 2027

¿Podrá Piura evitar que la historia se repita y proteger a sus ciudadanos antes de que las lluvias rumbeen con fuerza hacia sus calles? Ante el riesgo inminente que representa la eventualidad del fenómeno El Niño Costero para los próximos meses, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura ha demandado con urgencia a las autoridades regionales y provinciales la adopción de acciones preventivas inmediatas. La preocupación institucional busca evitar que se replique el devastador escenario de hace tres años; cabe recordar que durante la emergencia de El Niño y el ciclón Yaku en 2023, esta región fue una de las más perjudicadas del país, dejando un saldo de cerca de 400 mil personas afectadas, miles de casas destruidas e inundaciones generalizadas. En un documento oficial, la entidad exigió activar sistemas de alerta temprana para la entrega oportuna de ayuda humanitaria y la elaboración urgente de mapas de peligro para identificar los sectores más propensos a sufrir inundaciones.

El mapa del riesgo climático: un fenómeno extendido hasta 2027

Los peligros ambientales, de salud y productivos que amenazan a la región

La urgencia de las medidas radica en que, según los últimos reportes oficiales de junio de 2026 emitidos por el ENFEN y la Organización Meteorológica Mundial, la "Alerta de El Niño Costero" se mantiene vigente con una magnitud moderada que se extenderá al menos hasta febrero de 2027, con altas probabilidades de evolucionar a un evento global este segundo semestre. El calentamiento anómalo del mar y las precipitaciones extremas actúan como un combustible que eleva el peligro en la costa norte, proyectando impactos de gran magnitud que se resumen en los siguientes puntos críticos:

• Peligros geográficos: Amenaza latente de inundaciones, desbordes de ríos, huaicos y deslizamientos de tierra que vulneran derechos fundamentales como la vida, la salud y el agua.

• Crisis sanitaria: Las condiciones climáticas propiciarán la proliferación de vectores y un aumento drástico de enfermedades como el dengue, la leptospirosis e infecciones diarreicas agudas.

• Golpe económico: Graves pérdidas en el sector productivo por la destrucción de cultivos en los valles y la alteración de recursos hidrobiológicos esenciales para la pesca artesanal.

• Inseguridad social: Alto riesgo para el empleo y la seguridad alimentaria de miles de familias de la región.

Escudo de contingencia: limpieza de cauces y fumigación masiva

Para salvaguardar los servicios públicos esenciales y proteger los ecosistemas locales —como humedales, lomas y manglares—, la Defensoría del Pueblo ha exigido la activación inmediata de las plataformas de defensa civil y los grupos de trabajo de gestión del riesgo de desastres. La estrategia defensorial demanda la ejecución de tareas de limpieza y descolmatación de drenajes, canales y cauces de ríos antes del inicio de las precipitaciones pluviales. Asimismo, se requirió al Gobierno Regional de Piura intensificar las labores de fumigación y control de vectores en coordinación directa con las autoridades de salud, garantizando de forma prioritaria la protección de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas mediante albergues debidamente acondicionados para la emergencia.

Fiscalización estricta contra la ocupación de zonas de alto riesgo

Finalmente, la sede defensorial recordó a las municipalidades la obligación estricta de fiscalizar y frenar la ocupación informal o edificación de viviendas en fajas marginales y laderas inestables. Además, el organismo autónomo precisó que permanecerá vigilante durante todo el periodo de vigencia del fenómeno climático para garantizar que el Estado cumpla fielmente con su deber de proteger a la población. El monitoreo técnico asegurará que no se interrumpa la continuidad de servicios vitales como energía, transporte, educación y salud, demostrando que la prevención oportuna y la fiscalización severa en el terreno son las únicas herramientas capaces de evitar que el impacto de la naturaleza se traduzca nuevamente en una tragedia humana.

Crisis en Iquitos: 314 pacientes con VIH en riesgo por falta de medicamentos

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto constató una situación crítica en el Hospital III de EsSalud, donde el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales pone en riesgo la vida de 314 pacientes del Programa Nacional de ITS-VIH/SIDA. Durante la supervisión, se verificó que cerca de 30 personas carecen por completo de fármacos esenciales, lo que interrumpe el tratamiento Targa. Esta carencia afecta especialmente a pacientes de zonas rurales y comunidades nativas, quienes dependen de suministros trimestrales para asegurar su salud.

Ante este escenario, la Defensoría emitió recomendaciones urgentes a la Gerencia de la Red Asistencial EsSalud Loreto y a la Gerencia Regional de Salud para restituir de inmediato el derecho fundamental a la salud. El organismo advirtió que la falta de medicinas genera riesgos graves e irreversibles, por lo que exigió medidas correctivas para garantizar un abastecimiento oportuno, continuo y suficiente, priorizando la atención de esta demanda para evitar afectaciones fatales en la población vulnerable.

Tras una reunión con el jefe defensorial Abel Chiroque, las autoridades de EsSalud informaron que gestionarán un préstamo de medicamentos de emergencia con la Gerencia Regional de Salud. Asimismo, se anunció que en un plazo de 20 días se materializará la compra de los fármacos restantes mediante un presupuesto de más de tres millones de soles autorizado por la sede central. La Defensoría del Pueblo reafirmó que se mantendrá vigilante para asegurar que estos compromisos se cumplan y se resuelva la crisis sanitaria en el hospital.

Alerta ambiental en Huánuco: Defensoría advierte colapso de celdas de basura en Leoncio Prado

La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación por el grave riesgo de contaminación ambiental en el sector de Santa Rosa de Shapajilla, donde las celdas transitorias de residuos sólidos han colapsado. Esta infraestructura, diseñada para recibir los desechos de Tingo María y otros cuatro distritos por un máximo de tres años, ha excedido su vida útil por más de un año. Según Jorge Mendoza, coordinador defensorial en la zona, la falta de una alternativa operativa representa un peligro inminente para la salud de la población local y vulnera el derecho constitucional a un ambiente equilibrado.

Ante esta situación crítica, los pobladores del sector han reactivado medidas de protesta para exigir soluciones inmediatas. La Defensoría recordó que estas celdas fueron una solución provisional implementada tras la emergencia ambiental de 2018 provocada por el botadero La Muyuna. Sin embargo, la prolongación indebida de este espacio desnaturaliza su finalidad temporal y contraviene la Ley General del Ambiente, configurando un incumplimiento de funciones por parte del Ministerio del Ambiente (Minam) y el gobierno local de Leoncio Prado.

En una reunión sostenida este viernes, la Defensoría exhortó al Minam a entregar formalmente el nuevo relleno sanitario provincial, el cual ya estaría concluido al 100 %. La institución exige que la entrega se realice a más tardar este 16 de enero, junto con el cierre definitivo de las celdas actuales para evitar nuevos pasivos ambientales. Con este llamado, se busca proteger la salud pública, garantizar la paz social y evitar que el conflicto existente se profundice debido a la falta de acciones por parte de las entidades competentes.