Una estrategia articulada: ¿Quiénes estarán en el frente de acción?
Lejos de ser un mero trámite administrativo, la norma busca articular un engranaje operativo rápido donde la ejecución directa recaerá en el Gobierno Regional de Junín y las municipalidades locales involucradas. Todo este despliegue territorial contará con la guía y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), actuando como la brújula técnica de la respuesta. Además, la atención a los ciudadanos movilizará un frente multidisciplinario integrado por diez sectores clave:
Involucrados primarios: Los ministerios de Vivienda, Transportes, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, e Interior.
Soporte y protección: Las carteras de Defensa, Energía y Minas, Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, junto a entidades públicas y privadas.
Financiamiento directo y antecedentes en la zona
Para garantizar que la ayuda no quede paralizada por trabas burocráticas, la implementación de todas las acciones previstas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los propios pliegos involucrados, asegurando una atención fluida sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El dispositivo legal cuenta con las firmas del presidente José María Balcázar, del jefe del gabinete ministerial, Luis Arroyo, y de los ministros de Estado, consolidando un respaldo gubernamental integral a la zona afectada.
Un escudo que se amplía en la región Junín
Esta nueva medida refuerza los esfuerzos que el Poder Ejecutivo venía desplegando previamente en la zona golpeada por el movimiento telúrico. Con la adición de Ahuac y Huayucachi, la cobertura de protección estatal se suma a los distritos previamente declarados en emergencia, garantizando un marco legal seguro y recursos orientados a la recuperación de las familias:
Provincia de Chupaca: Chongos Bajo y San Juan de Iscos.
Provincia de Huancayo: Chupuro, Viques y Huacrapuquio.
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