Poder Judicial admite demanda de amparo de comunidad de Supayacu contra actividades mineras en su zona

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El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, admitió a trámite la demanda de amparo que presentaron la comunidad nativa awajun de Supayacu y la Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca, para que se declare la nulidad de la Resolución Directoral No. 229-2013 MEM/DGM que autoriza el inicio de actividades de exploración minera a la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC, relacionada al proyecto minero “YakuEntsa” y además, se declare la nulidad de la Constancia de Aprobación Automática No. 042-2012-MEM-AAM que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero antes referido.

Al respecto, cabe mencionar que el proyecto minero “YakuEntsa”, si bien se encuentra asentado sobre territorio de la comunidad nativa Awajun de Los Naranjos, sus actividades de exploración tienen como área de influencia ambiental directa, el territorio de la comunidad nativa awajun de Supayacu (reconocida como tal por la Resolución Sinamos No. 034-OAES-ORAMS 11-77 y que se encuentra incluida en la Base de Datos de los Pueblos Indígenas u Originarios que publicó el Ministerio de Cultura); lo cual puede afectar su derecho constitucional a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado.

Siendo así, según los compromisos internacionales asumidas por el Estado Peruano y la legislación nacional vigente, la comunidad nativa awajun de Supayacu, debió ser consultada sobre los impactos ambientales que generarían las actividades de exploración arriba mencionadas.

Fuente: Noticia Local - Observatorio de conflictos mineros

Pobladores de Huancabamba preocupados por minera Río Branco

Foto: caviardecianuro.wordpress (referencial)

La comunidad campesina de Segunda y Cajas, ubicada en Huancabamba – Piura, manifiesta su preocupación por la realización de una serie de actividades por parte de la empresa minera de Río Branco. Estas consisten en acciones como medición de vista y entrega de bebidas o manzanas a los menores de edad. El fin de estas acciones, según los pobladores, es distraer la atención de los graves e irreversibles impactos ambientales que se generarían de desarrollarse su proyecto minero, más aun, si se ha detectado la instalación de su oficina administrativa.

Como se recordará, el Proyecto Minero Río Blanco de la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes llamada Majaz S.A.), subsidiaria de la empresa china Zijin Tongguan, cuenta con una concesión sobre los territorios de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca); y este, fue rechazado por la población a través de la famosa Consulta Popular del año 2007, en la que el 97% de la población optó por un modelo de desarrollo basado en la agricultura y rechazó dicho proyecto minero por considerarlo una grave amenaza al ecosistema del páramo andino que irriga las cuencas de la región Piura, y que alberga especies de flora y fauna endémicas.

Estos hechos se inscriben en la decisión política del Estado peruano de sacar adelante todos los proyectos mineros de su cartera, decisión que se vio respaldada con la promulgación, en el mes de julio, de la Ley 30230 “Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País”, (denominada “ley del paquetazo ambiental”), según informó Benito Guarnizo, comunicador social de Huancabamba.

Otro elemento que se suma a la preocupación de los comuneros, es la criminalización y persecución a sus dirigentes; esta se habría reiniciado al reactivarse las investigaciones penales contra los comuneros, que datan del año 2007, disponiéndose nuevas diligencias, renovándose órdenes de captura en su contra (las que se pretendieron efectivizar el día de las elecciones municipales y regionales), etc.

Foto: Noticia Local - Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú