Pobladores de Huancabamba preocupados por minera Río Branco

Foto: caviardecianuro.wordpress (referencial)

La comunidad campesina de Segunda y Cajas, ubicada en Huancabamba – Piura, manifiesta su preocupación por la realización de una serie de actividades por parte de la empresa minera de Río Branco. Estas consisten en acciones como medición de vista y entrega de bebidas o manzanas a los menores de edad. El fin de estas acciones, según los pobladores, es distraer la atención de los graves e irreversibles impactos ambientales que se generarían de desarrollarse su proyecto minero, más aun, si se ha detectado la instalación de su oficina administrativa.

Como se recordará, el Proyecto Minero Río Blanco de la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes llamada Majaz S.A.), subsidiaria de la empresa china Zijin Tongguan, cuenta con una concesión sobre los territorios de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca); y este, fue rechazado por la población a través de la famosa Consulta Popular del año 2007, en la que el 97% de la población optó por un modelo de desarrollo basado en la agricultura y rechazó dicho proyecto minero por considerarlo una grave amenaza al ecosistema del páramo andino que irriga las cuencas de la región Piura, y que alberga especies de flora y fauna endémicas.

Estos hechos se inscriben en la decisión política del Estado peruano de sacar adelante todos los proyectos mineros de su cartera, decisión que se vio respaldada con la promulgación, en el mes de julio, de la Ley 30230 “Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País”, (denominada “ley del paquetazo ambiental”), según informó Benito Guarnizo, comunicador social de Huancabamba.

Otro elemento que se suma a la preocupación de los comuneros, es la criminalización y persecución a sus dirigentes; esta se habría reiniciado al reactivarse las investigaciones penales contra los comuneros, que datan del año 2007, disponiéndose nuevas diligencias, renovándose órdenes de captura en su contra (las que se pretendieron efectivizar el día de las elecciones municipales y regionales), etc.

Foto: Noticia Local - Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

Ex periodista de Radio Cutivalú corrobora torturas en campamento de Majaz

Lima, 13/01/2009

El ex periodista de Radio Cutivalú, Julio Vásquez, corroboró las torturas perpetradas por efectivos de la Policía Nacional contra una treintena de comuneros de Ayabaca y Huancabamba (Piura) en el campamento de la minera Majaz (hoy Río Blanco) en agosto del 2005.

El periodista relató todas los vejámenes a las que fue sometido junto a los campesinos piuranos que efectuaron una marcha pacífica hasta las instalaciones de la minera, donde según lo ofrecido por el Ministerio de Energía y Minas, iban a encontrarse con una comisión multisectorial de alto nivel.

"Los policías tenían la orden de torturarnos, de parte de los encargados del campamento minero (...) a todos se nos despojó de nuestras prendas. Las mujeres fueron sometidas a tocamientos indebidos, evidencia el trato y la acción de la policía del destacamento de DINOES que actuó crudamente con los campesinos. Nos golpearon con vara (...) estábamos encapuchados, amarrados, vendados. Dentro de estas capuchas estaba impregnado con polvo lacrimógeno, el cual hace difícil respirar y quemaba la piel”, refirió.

Vásquez aseguró que personal de seguridad de la compañía participó activamente en las torturas. Incluso, el periodista afirmó que mientras estuvieron encapuchados, escuchó a un civil manifestar que fueron torturados "por orden de (Andrew) Briston", entonces gerente de Operaciones de la minera.

De otro lado, denunció que el fiscal Felix Toledo Leyva presentó un comportamiento de complicidad con la empresa, pues jamás se preocupó por la integridad de ninguno de los campesinos secuestrados.

“El fiscal, que actuó en complicidad con la empresa, nos vio en ese estado, pero nos deja ahí. Comenzó a interrogar a las personas toda la tarde. Al día siguiente, nos trasladaron a la comisaria de Piura. El fiscal en ningún momento vió por nuestra integridad ni cambiar nuestra condición”, subrayó.

Vásquez expresó su deseo de llegar al fondo del asunto y que se sancione a los responsables de estos hechos, para lo cual cuentan con el apoyo total de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organización que ya reunió las pruebas de rigor .

“La denuncia formal la presentó la CNDDHH, que reunió una serie de pruebas. El peritaje médico de los que aún tienen trauma de las torturas; si bien es cierto hubo daño físico, también hubo daño psicológico”, concluyó.

Fuente: CNR - Noticia Local - Agencias