Cuatro ashánincas fueron asesinados en la frontera de la selva amazónica entre Perú y Brasil el pasado 1 de setiembre. Se presume que la causa del asesinato fue la denuncia en contra de la tala ilegal que habría realizado una de las víctimas hace un año. Esta disputa tiene ya varios años en esta comunidad, ubicada en el departamento de Ucayali, al oriente de nuestro país.
Tras las investigaciones respectivas, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) afirmó que el área que se encuentra bajo su supervisión constituye el 32% del área total de bosques amazónicos y que entre los años 2009 y 2013, la extracción ilegal ascendió a más de 31 millones de dólares. En tanto, la Interpol asegura que se pierde aproximadamente 250 millones anuales por este delito, es decir, más del doble de ganancias de lo que obtiene la industria legal.
Los pobladores aseguran que no se ha sentido la presencia del Estado ni su interés en realizar una investigación que los lleve hacia los responsables. Ruth Buendía, presidenta de la principal organización de la etnia asháninca destacó el asesinato del jefe nativo, Mauro Pío, quien también fuera amenazado por madereros ilegales en el 2013.
Asimismo, Saweto enfrenta el mismo problema tras la muerte del activista Edwin Chota. Mientras Chota solicitaba la titulación y demarcación de su comunidad nativa, que había sido inscrita y reconocida oficialmente en el 2003, el Estado había otorgado esas tierras como parte de una concesión forestal por 40 años.
Patricia Balbuena, viceministra de la Interculturalidad, expresó que “El problema es que una entidad da los títulos y otra da las concesiones; para una, la comunidad existe y para la otra, no”. Se estaría pagando muy caro el desorden de la transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales. Balbuena se encuentra en Pucallpa gestionando la recogida de los restos desmembrados de Chota y de los otros tres asesinados.
Desde el Gobierno de Alan García (2006-2011), “ha habido muchos cambios en el procedimiento de titulación y muchos vacíos”, afirmó Mario Osorio, coordinador en Oxapampa de la ONG Instituto del Bien Común (IBC), entidad que asesora legalmente a las comunidades amazónicas.
Según el Colectivo Territorios Seguros, que agrupa a 26 instituciones de la sociedad civil, unos 18 millones de hectáreas de comunidades en la Amazonía peruana no están tituladas. Julia María Urrunaga, directora de Environmental Investigation Agency (EIA) insiste en que “La tala ilegal necesita insertarse y lavarse. Corrompe la institución: no son solo mafias de madera sino también otros poderes ilegales que han entrado a dominar ante la ausencia del Estado. Es trágico porque Edwin Chota fue asesinado por tener un rol muy activo contra estas mafias”.
La Superintendencia Tributaria ha presentado un documento citado en el Informe de Osinfor de 2014 en el que alerta que no hay “normatividad que exija descripciones mínimas en la declaración aduanera de exportación de madera”. Se ha encontrado información falsa en los documentos de gestión de la madera.
Una representante de la ONG Sustain Labour, Laura Martín, conoció a Chota semanas antes de su muerte. “Contó su caso ante muchas instituciones y mostró los documentos que gestionó. Aportó pruebas de un delito, lo cual es mandato de la administración estatal: se lo puso en bandeja pero hubo dejación”. El 25 de abril, Chota reiteró a la Fiscalía provincial su denuncia, pues la tala ilegal se había intensificado en el Alto Tamaya, donde se ubica su comunidad, pero tampoco tuvo respuesta.
LAMENTABLE. Fuentes que prefieren permanecer en el anonimato aseguran que la mayor parte de la madera valiosa de nuestro país ya fue extraída y para rescatar dicha madera, es necesario emprender largos caminos y los costos sobrepasan la ganancia, por ello, el narcotráfico utiliza también los circuitos ilegales de la madera.
Fuente: Noticia Local - Andina
