Paro nacional de transporte el 2 de junio: gremios exigen subsidios por alza de combustibles

La estabilidad logística del país se encuentra bajo amenaza tras el anuncio de los principales gremios de transporte terrestre de carga y pasajeros, quienes han condicionado la continuidad de sus servicios a la aprobación inmediata de subsidios estatales. En una carta dirigida al presidente José María Balcázar, las organizaciones advirtieron que acatarán un paro nacional indefinido a partir del 2 de junio si el Ejecutivo no ratifica los decretos de urgencia destinados a mitigar el impacto del alza sostenida en los precios de los combustibles. Esta medida de fuerza, que involucra al transporte interprovincial, urbano y de carga, proyecta un escenario de incertidumbre sobre la distribución de bienes esenciales y la movilidad ciudadana a nivel nacional.

La raíz del conflicto yace en el presunto incumplimiento de acuerdos técnicos establecidos el pasado 14 de abril, fecha en la que las autoridades del sector habrían reconocido la necesidad de implementar instrumentos económicos de emergencia. Para los dirigentes gremiales, la "demora injustificada" en la publicación de estas normas no solo compromete la operatividad de las empresas, sino que pone en riesgo la cadena de suministros que sostiene la economía familiar. Los ejes principales de la demanda gremial se resumen en los siguientes puntos:

• Subvención Directa: Aprobación de decretos de urgencia para amortiguar el costo operativo del crudo.

• Cumplimiento de Actas: Ratificación de los acuerdos consensuados con el Ejecutivo en el mes de abril.

• Garantía de Servicio: Asegurar la viabilidad económica para evitar el traslado de costos al usuario final.

El costo de la inacción administrativa

El pronunciamiento de los gremios de Lima, Callao y provincias resalta una preocupación crítica: la paralización del servicio público de transporte no es solo una medida de protesta, sino una consecuencia del colapso financiero del sector. Al exhortar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a acelerar la aprobación de las medidas, los transportistas enfatizan que el desabastecimiento de productos básicos y el encarecimiento de la vida son riesgos latentes que el Estado debe prevenir mediante la intervención técnica en el mercado de hidrocarburos.

Con la fecha límite del 2 de junio marcada en el calendario, el Gobierno se enfrenta a un complejo dilema fiscal y social. La respuesta oficial en los próximos días será determinante para evitar una crisis de gobernabilidad que podría paralizar las principales arterias viales del país. Mientras el sector empresarial y la ciudadanía observan con cautela el desarrollo de estas negociaciones, la falta de una resolución favorable podría derivar en un conflicto de largo aliento que afectaría directamente el Producto Bruto Interno y la estabilidad social en un contexto de alta sensibilidad económica.

Fuente: RPP.