El Gobierno transfiere al próximo régimen la decisión sobre la renovación de la flota de caza

Lo que debió ser un hito en la modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) terminó en una postergación indefinida. A escasas horas de que se sellara el contrato con la estadounidense Lockheed Martin por un primer lote de 12 aviones F-16 Block 70, el presidente José María Balcázar anunció la suspensión del proceso. La decisión, que implica un compromiso financiero superior a los 3,500 millones de dólares, no solo responde a una lógica de prudencia presupuestaria ante el cierre de su mandato en 2026, sino que también pone bajo la lupa un proceso cuestionado por la falta de equidad frente a los otros competidores internacionales.

La herencia de un compromiso financiero "enorme"

El mandatario fue enfático al señalar que un gobierno de transición no debe comprometer las finanzas públicas de las próximas décadas. Según explicó en declaraciones recientes, la magnitud del endeudamiento requiere que la decisión sea validada por el próximo Ejecutivo que asuma funciones en julio de 2026.

Pese a que existía un cronograma técnico establecido desde las administraciones de Dina Boluarte y José Jerí, Balcázar ha optado por "enfriar" la adjudicación, priorizando el consenso dentro de su gabinete y evaluando el impacto real en el tesoro público.

Geopolítica sobre el tablero técnico

La selección del F-16 Block 70 no ha estado exenta de polémica. Según informes de inteligencia comercial y defensa, la elección de Lockheed Martin respondía más a una alianza estratégica con los Estados Unidos que a una ventaja comparativa en la oferta inicial.

Originalmente, la propuesta estadounidense presentaba un desfase económico crítico: ofrecía 12 aeronaves por el precio que el Congreso había autorizado para la compra de 24. Este desajuste obligó a una serie de renegociaciones a puerta cerrada que, a la postre, alimentaron las quejas de los otros fabricantes.

Un proceso bajo sospecha de opacidad

El factor más crítico en esta suspensión es la denuncia de falta de transparencia. Mientras funcionarios del Ministerio de Defensa sostenían reuniones de alto nivel con directivos de Lockheed Martin como Jonathan Pillsbury y Tara Lause, las otras dos empresas en competencia fueron relegadas:

1. Saab (Suecia): El fabricante del caza Gripen envió una misiva formal denunciando que no se le permitió actualizar su oferta técnica, quedando fuera de la fase final sin una justificación clara.

2. Dassault Aviation (Francia): La propuesta del Rafale F4 tampoco recibió el mismo espacio de interlocución que la oferta norteamericana.

"Yo reclamaría al embajador de Estados Unidos que colabore para que se hagan las compras de forma transparente y respetando todos los procedimientos", señaló Balcázar, dejando entrever que la presión diplomática pudo haber afectado la equidad del concurso.

Puntos Críticos del Proceso

• Impacto Fiscal: El contrato representa la inversión militar más alta del siglo para el Perú, lo que exige un escrutinio exhaustivo de las condiciones de financiamiento.

• Asimetría en la Negociación: Se han reportado numerosas horas de reuniones exclusivas con Lockheed Martin, obviando el estándar de "licitación internacional" que exige igualdad de oportunidades para todos los postores.

• Rol Diplomático: La participación del embajador Bernie Navarro en las mesas de negociación ha sido interpretada por diversos sectores como una injerencia que desvirtúa el carácter técnico de la compra.

La suspensión del contrato de los F-16 abre un periodo de reflexión necesaria sobre cómo el Estado peruano gestiona sus activos estratégicos. La modernización de la FAP es una urgencia técnica innegable, pero no puede ejecutarse a costa de la transparencia o del equilibrio fiscal de futuras generaciones. El próximo gobierno recibirá no solo un expediente técnico, sino la responsabilidad de restaurar la confianza en un proceso que hoy aterriza con más dudas que certezas.