Por: IDL-Seguridad Ciudadana
El escándalo ya reventó y dio todas las vueltas que su millaje le permite. Un ex presidente de la República acusado de violar o intentar violar (según se trate de la versión 1 o 1.1) a una mujer en el curso de una supuesta orgía en la oficina del voluminoso ex primer amigo de la nación.
No vamos a repetir el relato de la historia, porque suponemos que a estas alturas todos han visto, escuchado o leído el guión básico, además de los aderezos, comentarios, suposiciones, chistes y prejuicios de los periodistas y faranduleros que han tocado el caso.
Es un evento que tiene interés para IDL-SC porque hay varios policías implicados funcionalmente en él. Por lo menos cuatro han sido ya separados y pueden ser pasados al retiro. Ha habido intervenciones de varios altos mandos policiales en el caso, empezando por el director general PNP David Rodríguez Segeu e incluyendo al jefe de la VII región policial, general PNP Octavio Salazar. También han intervenido el director de Seguridad del Estado, general PNP Mauro Remicio. Hay una investigación en regla ordenada por el inspector, general PNP Manuel Acuña y llevada a cabo por el general PNP Wilson Hernández, que dirige el equipo de de la inspectoría. Finalmente, hay una investigación fiscal a cargo del fiscal César del Pino.
Con la importancia del principal acusado de alta lubricidad y, sobre todo, la intervención de tanto policía cuyos años de servicio acumulados sobrepasan fácilmente un siglo, (y sin contar siquiera al fiscal), uno hubiera esperado que el caso estuviera a estas alturas más claro que un arroyo de sierra no minera.
Pero el hecho es que lo único evidente hasta ahora es la confusión aprensiva que rodea el caso. Policías que no han esclarecido los hechos básicos un mes después de supuestamente ocurridos, sospechosas omisiones de acción, declaraciones rimbombantes a las que suceden silencios súbitos y hasta desapariciones. Mucho se pudre en este caso y parece que si no se hace algo, la primera víctima va a ser la verdad.
Con eso en mente, IDL-SC va a explorar e intentar responder las preguntas básicas que, a estas alturas, tanto el fiscal como la Policía debieran haber tenido del todo claras. Lo que, de nuevo, no ha sucedido ni parece estar en camino de suceder.
¿Cuáles son esas preguntas básicas? Las obvias.
¿Hubo o no hubo violación? Y si no, ¿hubo o no hubo intento de violación?
Si lo hubo, ¿ocurrió o no ocurrió en el número 2173 de la calle Huáscar en Jesús María, donde está la oficina de Adam Pollack?
¿Participó o no participó Adam Pollack en el evento denunciado?
¿Participó o no participó el ex presidente Alejandro Toledo y gente de su círculo cercano?
Si la respuesta a todo lo anterior fuera no, ¿Por qué actuó como actuó y sigue actuando la Policía y la Fiscalía? Y una pregunta adicional,¿hay alguien detrás de Diana Arévalo Sagástegui, aparte del notorio congresista Gustavo Espinoza?
IDL-SC no tiene todavía respuesta a todas estas preguntas, pero sí a varias de ellas.
A continuación, lo que tenemos.
El “lugar del crimen”
La violación o intento de violación de Diana Arévalo se habría producido, según acusó ella, entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de setiembre, en el 2173 de Huáscar, en Jesús María. Arévalo está vinculada con un local en San Borja que concerta citas de sus representadas con clientes masculinos de cierta solvencia.
Según la versión 1.1 de Arévalo, grabada con cámara escondida, ella llegó invitada por una amiga. En el lugar, vio a Toledo, Pollack y otra gente. Hablaron de política y aparentemente otros temas. Bebió, según dice, medianamente. Luego, cuando fue al baño, Toledo la habría seguido e intentado propasarse, bajándose el pantalón y esgrimiendo una botella en forma no precisada. Ante esa demostración de intenciones, Arévalo habría salido enérgicamente del baño, propinado un empujón a Carlos Zegarra, asesor de Toledo, le habría arrebatado su teléfono celular y salido casi escapando de la oficina de Pollack, pese a los pedidos de su no identificada amiga. Habría tomado el taxi cerca e ido a denunciar el hecho en la comisaría de Orrantia, donde habría sido maltratada. En algún momento de la madrugada, habría sonado el expropiado teléfono de Zegarra y Adam Pollack le habría dicho, según su versión, “¡Déjate de cojudeces, puta!”. Finalmente, de alguna manera no explicada, el teléfono le habría sido devuelto a Zegarra.
Ahora, vamos a examinar los hechos.
- ¿Estuvo Adam Pollack en su oficina esa noche? Todo indica que no. El suegro de Pollack fue operado el 18 y éste regresó relativamente temprano a su casa. Pollack vive en Casuarinas, a la que se puede ingresar o de la que se puede salir por solo una puerta a partir de las 8:30 de la noche. Todo ingreso o salida es filmado en la garita de vigilancia por más de una cámara, que anota fecha y hora. Aquí les damos la foto del ingreso del vehículo de Pollack a Las Casuarinas (haga clic). La esposa de Pollack, Mariana, confirma en todos sus términos la versión de aquel. ¿Pudo éste haber salido después? Habría sido fotografiado. ¿Pudo haber salido en otro vehículo? Su esposa lo niega, y no solo eso, hay más.
- Arévalo dice haber arrebatado el celular de Zegarra. IDL-SC pudo establecer contacto con Carlos Zegarra, quien indicó lo siguiente:
Que no estuvo ese día y menos esa noche en la oficina de Adam Pollack en la calle Huáscar,
Que no conoce ni ha visto nunca personalmente a Diana Arévalo.
Que nadie le arrebato su teléfono ni ese día ni ningún otro.
Que ofrece levantar su secreto telefónico para todas las llamadas recibidas o hechas desde su celular entre las 8 de la noche del 18 de setiembre y las ocho de la mañana del 19 de setiembre.
Que en la noche del 18 dejó a Alejandro Toledo en la casa de éste en Camacho, luego de un día relativamente activo.
Que Toledo estaba afectado por una gripe rebelde y por eso se fue temprano a dormir.
Que Zegarra salió de la casa de Camacho alrededor de las 9 de la noche y manejó hasta su casa en un distrito relativamente lejano.
Que Toledo quedó custodiado por un turno de su seguridad personal compuesto por lo menos por cuatro policías, que permanecieron en Camacho.
- IDL-SC ha podido establecer que el jefe de la escolta de Toledo, mayor PNP Juan Ruiz presentó un informe escrito a Seguridad del Estado, dependencia en la que trabaja, indicando cada una de las acciones y movimientos de la escolta que acompañó a Toledo el día 18 y la noche del 18 al 19. Ahí se indica que el ex presidente no se movió de su casa de Camacho y que durmió ahí custodiado por su turno de seguridad, de cuatro policías. Cada uno de ellos firmó independientemente una corroboración de la reseña de Ruiz. El jefe de Seguridad del Estado, general PNP Mauro Remicio guarda celosamente la copia de ese informe. IDL-SC ha sabido que los policías de la escolta de Toledo han recibido una prohibición expresa de hablar sobre el tema.
- Si, como todo indica, ni Toledo ni Pollack ni Zegarra participaron o siquiera estuvieron presentes en el lugar de la presunta orgía, ¿estuvo o no estuvo Diana Arévalo en la oficina de Pollack en Huáscar 2173 en la noche del 18?Todo indica que no. Según Arévalo, ella arrebató el celular y salió casi huyendo de esa oficina. Eso, según ha averiguado IDL-SC, es imposible. La puerta que da a la calle de la oficina de Pollack solo puede abrirse desde adentro, presionando un botón eléctrico invisible para quien no conozca su ubicación exacta. La puerta y la verja de metal, hacen imposible salir si no se abre desde dentro.
- Además, en la madrugada del 19 de setiembre, una vez hecha la denuncia en la comisaría de Orrantia, el suboficial Rubén Chávez declara haber ido en un auto del serenazgo de San Isidro a hacer un reconocimiento a la oficina de Pollack, y haber encontrado la casa a oscuras. Después de quince minutos de tocar el timbre, Chávez se retiró. Esa diligencia no fue mencionada en el cuaderno de ocurrencias.
Entonces, si no estuvieron ni Pollack ni Toledo ni Zegarra en el lugar de la presunta orgía; y si en el lugar tampoco hubo ninguna reunión, ni orgiástica ni conventual ni nada, ¿qué pasó?
¿Se trató de una simple calumnia, una delusión paranoica, una patraña montada, o una combinación de lo anterior?
¿Por qué la policía de la comisaría de Orrantia del Mar actuó tan mal?
¿Por qué luego la PNP y el fiscal han actuado con tanta lentitud y desánimo investigativo?
Por lo pronto, podemos adelantar algunas cosas:
Diana Arévalo tomó el taxi conducido por José Silva Vílchez (el Toyota Corolla SCJ-715) en la esquina de Huáscar con Olaechea, según el parte del serenazgo.
¿Si no salió de la oficina de Pollack, como parece, de acuerdo a los indicios, de dónde salió?
IDL-SC ha continuado investigando el caso y aunque no ha logrado todavía responder a todas las preguntas que plantea la pesquisa, si tiene algunas novedades.
Los policías de la comisaría de Orrantia del Mar investigados por Inspectoría de la PNP por el caso, son cuatro: el mayor PNP Carlos Villacorta, el capitán PNP Guido Feria, el alférez PNP Marco Sullca y el suboficial PNP Rubén Chávez.
Tres de ellos tienen el mismo abogado defensor.
Se trata de Edmundo Inga Garay, abogado de Feria, Sullca y Chávez. El abogado Inga es conocido, según él mismo indica, como defensor de causas difíciles. Entre sus asesorados han estado o están el sutepista Robert Huaynalaya, los imputados por el asesinato del alcalde de Ilave y el dirigente cocalero Nelson Palomino.
Otro notorio cliente de Inga Garay es Antauro Humala. Lo interesante en este caso es que el congresista que hizo la denuncia contra Toledo es Gustavo Espinoza, la persona más cercana a Antauro Humala en el Congreso, propiciador de una amnistía en beneficio de éste. El defensor congresal, además, está perfectamente al tanto de la actividad del defensor legal en este caso. Es decir, que dos personas que colaboran en un caso notorio y sumamente contencioso de la vida política, están vinculados tanto con el testimonio de Diana Arévalo como con el de los policías que la recibieron en la comisaría de Orrantia.
Pese a esa coincidencia, Inga Garay sostuvo que en la investigación a sus defendidos, “hay una mala interpretación de la ley, le quieren tirar la quincha al mas débil”. Dio, además, lo que calificó como una “primicia” a IDL-SC: “la primicia que les tengo –dijo- es que la chica además de estar ebria, le sangraba la nariz, es decir que había ingerido substanciasprohibidas por la ley”.
Otro detalle de posible importancia en las confusas versiones de lo que acaeció en la comisaría de Orrantia en la madrugada del 19 de setiembre, es que la madre de Diana Arévalo no fue la primera en llegar a verla. Antes de ella llegó su amiga Roxana Salazar Vásquez, que se identificó con el DNI 09746808.
Salazar llegó en una camioneta Honda verde petróleo de placa TGM 178 y señaló que su domicilio se ubicaba en la avenida Aviación 2340- departamento 405. Ella dio lo que se da en llamar “sus generales de ley”, y luego de decir que su amiga “siempre arma escándalos cuando toma”, se retiró de la Comisaría. Después llegó la madre de Arévalo, que logró persuadir a los policías de que la dejen ir con ella, sin pasar por ningún examen ni aguardar la llegada del fiscal. Esa omisión, y el no poder explicar por qué ingresaron la incompleta denuncia en el cuaderno de “ocurrencias reservadas” es lo que tiene a los policías bajo investigación, con una alta probabilidad de ser dados de baja.
El hecho es que la investigación policial, y la fiscal, se distinguen hasta ahora por una excepcional lentitud y, en el caso de la Policía, un vehemente apego a lo formal. Esto contrasta, sin duda, con la velocidad con que la misma policía resuelve casos mucho más complejos pero donde figuran –directamente y en el trasfondo- otros personajes.
El testimonio de los escoltas del expresidente Toledo, por ejemplo, ha sido puesto bajo una estricta reserva, pese a que puede servir en forma decisiva para aclarar las imputaciones de Arévalo. IDL-SC se comunicó con el jefe de Seguridad del Estado, general PNP, Mauro Remicio, y luego con el propio director general de la PNP, general David Rodríguez Segeu para pedir a ambos el contenido de las declaraciones de los escoltas. La respuesta fue negativa, bajo la justificación de que el caso se encuentra ya bajo la investigación del fiscal César del Pino. Sin embargo, del Pino indicó el viernes 19 a IDL-SC, que no le había llegado ninguna declaración ni documento de Seguridad del Estado. Del Pino, de paso, un fiscal con 44 años de servicio, no parecía tener mayor apuro en profundizar la investigación. Dijo a IDL-SC que si Arévalo no ratifica su denuncia, no habría caso.
Sin embargo, IDL-SC ha podido obtener parte de la declaración del mayor PNP Juan Ruiz, jefe de la escolta de Toledo. Tanto Ruiz, como otros tres policías de la escolta, fueron llamados a Seguridad del Estado un día después de la denuncia pública de Espinoza.
Los efectivos están obligados a hacer un “parte diario de servicio” antes que pasen 24 horas de éste. El parte diario del 18 al 19 había hecho constar que la noche pasó “sin novedad”. Después de la denuncia, Remicio los llamó para “ampliar el parte”.
El mayor Ruiz declaró entonces que el “servicio”, que retornó ese día a la casa de Toledo en Camacho a “las 20:45” permaneció “hasta las 08:00 horas del día siguiente, no registrándose novedades de importancia” (haga clic para ver el documento). Los otros tres policías – dos de los cuales son Juan Zumba y Juan Castañeda- ratificaron por escrito y bajo firma el testimonio de Ruiz. DL-SC continuará investigando el caso.
Fuente: IDL-Seguridad Ciudadana
