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Foto composición: Infobae Perú/Visuales IA/ Agencia Andina |
En el ámbito técnico, la campaña precisa que una eventual declaración de nulidad afectaría de forma exclusiva a la elección de la fórmula presidencial, manteniendo inalterable la validez del proceso parlamentario y la conformación del nuevo Congreso Bicameral. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, existen mecanismos específicos para dejar sin efecto un proceso de esta envergadura, obligando al Estado a convocar a nuevos comicios presidenciales en un plazo no mayor a 90 días calendario. Para que este escenario legal se concrete, la normativa nacional estipula tres causales estrictas de evaluación por parte de los organismos electorales:
Umbral de votos emitidos: Que los votos blancos o nulos, de manera conjunta, superen los dos tercios (66.6%) del total de sufragios válidamente emitidos.
Ausentismo electoral: Que el nivel de inasistencia a las urnas supere el 50% del padrón electoral general de ciudadanos habilitados.
Fraccionamiento territorial: Que se declare la nulidad formal del proceso en al menos un tercio de las circunscripciones electorales del país.
El debate sobre la viabilidad y las actividades de difusión
La viabilidad de la propuesta ha generado posturas encontradas dentro de las diversas agrupaciones políticas que quedaron fuera de la carrera presidencial en la primera vuelta. Mientras sectores de la opinión pública y figuras políticas debaten sobre la conveniencia de la neutralidad o el respaldo estratégico a los candidatos finalistas, los promotores de la campaña buscan capitalizar el descontento de las bases electorales. Con el fin de expandir el alcance de la propuesta, se ha diseñado un cronograma de actividades públicas que incluye debates en el ámbito académico, teniendo como punto de inicio un encuentro con estudiantes y organizaciones civiles en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consolidando el voto viciado como una variable a observar en el tramo final de la campaña.
Fuente: Infobae Perú
