Prorrogan estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días para enfrentar la criminalidad

¿Sabías que a partir de esta semana las reglas de convivencia en la capital y el primer puerto seguirán bajo un régimen excepcional? El Gobierno prorrogó por 60 días, a partir del 28 de junio, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao con el objetivo firme de hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. La medida fue dispuesta y oficializada a través del Decreto Supremo n.° 096-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El documento legal cuenta con el respaldo al más alto nivel, llevando la rúbrica del presidente de la república, José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y de los ministros de las carteras de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.

Estrategia e inteligencia viales: el rol de las fuerzas del orden en las calles

Policías y militares mantendrán operativos basados en mapas del delito

La ampliación de esta norma no implica un patrullaje al azar, sino un despliegue focalizado como un bisturí sobre las zonas críticas de la ciudad. Durante la vigencia de esta prórroga, la Policía Nacional mantendrá firmemente el control del orden interno, contando con el apoyo estratégico de las Fuerzas Armadas. Las intervenciones conjuntas no serán improvisadas, sino que se ejecutarán en áreas estrictamente determinadas sobre la base de los siguientes criterios técnicos:

• Estrategias de inteligencia: Operativos guiados por información clasificada sobre redes delictivas.

• Indicadores estadísticos: Uso de datos numéricos actualizados sobre la incidencia del crimen.

• Mapas del delito: Ubicación exacta de los puntos calientes y de mayor violencia en los distritos de Lima y Callao.

Restricciones constitucionales: los derechos ciudadanos que continúan en pausa

El estado de emergencia funciona como un escudo de seguridad temporal, pero para que sea efectivo requiere la restricción o suspensión del ejercicio de ciertos derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Los ciudadanos deben tener en cuenta que continuará la pausa legal sobre la inviolabilidad del domicilio —lo que permite el ingreso de las autoridades sin orden judicial previa bajo sospecha justificada—, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas medidas excepcionales buscan otorgar un mayor margen de maniobra legal a las fuerzas del orden para neutralizar amenazas inmediatas contra la tranquilidad pública.

El semáforo de los eventos masivos: autorizaciones y espectáculos públicos

Finalmente, el decreto supremo establece lineamientos sumamente claros respecto al desarrollo de las actividades sociales y de entretenimiento en la capital y la provincia constitucional. Para la realización de eventos religiosos, culturales, deportivos y no deportivos de carácter masivo y público, los organizadores tendrán la obligación estricta de tramitar y requerir el permiso correspondiente ante las autoridades competentes. Por el contrario, la norma brinda un respiro a la vida cotidiana al precisar que todas aquellas actividades que no sean de carácter masivo podrán realizarse con total normalidad y sin la necesidad de solicitar dicha autorización, buscando un equilibrio entre la seguridad colectiva y la rutina de los ciudadanos.