Para organizaciones como la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y ComexPerú, este proceso carece de legitimidad política y pone en riesgo la transparencia y la independencia técnica de los reguladores. ComexPerú criticó la medida por adoptarse a menos de dos meses del cambio de administración y con efectos que se prolongarán por cinco años. El gremio exportador sostuvo en un comunicado que “las decisiones sobre organismos reguladores tendrán efectos durante los próximos años y deben ser asumidas por las autoridades que gobernarán el país”, calificando la conformación de los comités en este momento como inconveniente, ya que un gobierno de transición debe garantizar una transferencia ordenada y no adoptar decisiones de largo plazo. Por su parte, AFIN envió una carta formal al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, solicitando que se deje sin efecto la conformación de los comités. El gerente general de AFIN, Juan Pacheco Romaní, fundamentó el rechazo en deficiencias de gobernanza, irregularidades en el proceso de selección y la inoportunidad política de la medida.
Otro de los puntos centrales señalados por AFIN es la concentración de poder en el modelo del presidente ejecutivo instaurado en la década de 1990. Según la entidad, este esquema ha limitado la participación de los miembros del consejo directivo y ha dificultado la aplicación de recomendaciones internacionales, como las formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, los gremios cuestionan que los miembros de los comités de selección actuales no cumplen con los mismos requisitos exigidos para los candidatos a los cargos, lo que genera un desequilibrio en el proceso y pone en duda la transparencia y credibilidad de las designaciones finales. Ambas entidades subrayaron que no se trata de cuestionar la necesidad de procesos meritocráticos, sino de asegurar que se lleven a cabo bajo reglas claras y respetuosas de la autonomía institucional.
Esta controversia cuenta con antecedentes directos en la gestión pública. Durante la administración de Dina Boluarte, la PCM propuso fusionar Ositrán, Osiptel, Osinergmin y Sunass bajo el argumento de recomendaciones de la OCDE, aunque dicha organización internacional luego desmintió haber hecho tal sugerencia. Tras ese intento fallido, el Ejecutivo flexibilizó los requisitos para acceder a los cargos directivos y extendió la permanencia de autoridades más allá de los plazos legales, otorgando a la PCM una amplia discrecionalidad sobre las vacantes. Estos cambios normativos han sido interpretados por el sector privado como parte de una estrategia de captura institucional que debilita la meritocracia y la independencia técnica de entidades que supervisan sectores estratégicos y que afectan directamente a millones de ciudadanos.
Fuente: Infobae Perú.
