La demanda de estas autoridades locales está contenida en el proyecto de Ley de Efectividad Municipal en Seguridad Ciudadana, que los burgomaestres han diseñado y vienen discutiendo desde hace algunas semanas.
“Lamentablemente, no existe un mando en los planes de seguridad ciudadana y los alcaldes estamos limitados en nuestras funciones”, sostuvo el burgomaestre de Jesús María, Enrique Ocrospoma.
Ocrospoma señaló que existe un “celo institucional” que es natural porque la Policía Nacional no quiere dejar pasar algunas funciones ni estar supeditada al mando del alcalde “pero la coordinación para la ejecución de planes no puede establecerse bien si no hay un mando”.
Sostuvo que mientras este tema para la Policía es sólo un asunto de “coordinación”, para los alcaldes es un problema de modelo, “un modelo que no funciona”.
Agregó que para los alcaldes el asunto es tan preocupante que varios de ellos han planteado que se desparezca el sistema de Serenazgo y que la PNP asuma toda la función que le compete.
Por su parte, el burgomaestre de La Molina, Luis Dibós, afirmó que los alcaldes no pueden asumir la responsabilidad penal, política y administrativa de algo que no manejan como es la seguridad ciudadana.
“Si yo le digo a un coronel lo que tiene que hacer, él me responderá que tiene que consultar a su comando y si este comando se equivoca la responsabilidad recaerá en la municipalidad”, comentó.
Similar opinión emitió el alcalde de Surquillo, Gustavo Sierra, quien indicó que la población tiene la idea de que las autoridades locales son los responsables de la seguridad ciudadana cuando la realidad es otra.
“La ley nos da en el papel la responsabilidad absoluta de la seguridad ciudadana pero no tenemos facultades concretas para coordinar eficientemente con la Policía Nacional”, manifestó.
También se pronunció el alcalde de Lince, Martín Príncipe, quien aseguró que los alcaldes no pretenden usurpar funciones sino logra el apoyo policial en materia de seguridad.
Fuente: Noticia Local - Agencias