Por esta razón, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exhorte al Estado peruano a adoptar medidas inmediatas de protección territorial en áreas estratégicas de acceso a las reservas indígenas donde se encuentran los pueblos en aislamiento, así como cordones sanitarios para prevenir la expansión de enfermedades.
El pedido de Orpio ha sido respaldado por sus 13 federaciones base y se efectúo mediante la presentación de una petición y solicitud a la CIDH. Además, cuenta con el apoyo del Human Rights and Education Centre de Canadá y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
En una conferencia de prensa realizada el martes 2 de febrero, el presidente Orpio, Jorge Pérez Rubio, señaló que se decidió recurrir a la CIDH debido a la inacción del Estado.
“Realmente la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial es muy grave y el Estado se ha desatendido de manera sistemática para protegerlos,” detalló para Servindi.
Piden protección
Hasta la fecha no se ha establecido ni una sola de las seis reservas indígenas solicitadas, pedido que han hecho las organizaciones indígenas desde 1993. Sin embargo, el Estado ha otorgado derechos de explotación de madera e hidrocarburos en las mismas áreas que han sido solicitadas como reservas para los pueblos en aislamiento.
Diversas concesiones madereras han sido otorgadas a través de procesos que duraron entre 3 a 4 meses, en el caso de la creación de reservas indígenas estás tomando entre 17 y 27 años, pese a los pedido de las organizaciones y los ofrecimientos del Ministerio de Cultura, ente responsable de la protección de los pueblos.
Pese a ello no se ha cumplido con los plazos para el establecimiento de las reservas y no se han implementado medidas para protegerlos.
“La Ley para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial (año 2006) es un avance, pero no se cumple. La sentencia emitida por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima ordenó el el cumplimiento de los plazos para el establecimiento de las reservas. Y ordenó la nulidad de todo tipo de concesiones que se superponen a estas reservas. Lo irónico es que esta sentencia fue apelada por el Ministerio de Cultura”, señaló Maritza Quispe, abogada IDL para su organización.
Las reservas indígenas que se busca proteger son Kakataibo, Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Sierra del Divisor Occidental, Napo Tigre y Atacuari, ubicadas en zonas de frontera en la Amazonía.
Fuente: Red de Vigilancia Amazónica para los Conflictos Sociambientales
