La investigación, liderada por el fiscal provincial Keeller Cueva Ramos, expuso una estructura de favorecimiento donde el dominio del bien público permaneció, bajo irregularidades administrativas, en manos del contratista. A pesar de que los fondos provinieron íntegramente de las arcas municipales, el certificado de aeronavegabilidad fue emitido a nombre de la empresa Heli Abad S.A.C. Esta distorsión técnica fue facilitada por un peritaje viciado, donde la municipalidad contrató a un especialista vinculado al mismo proveedor para validar las especificaciones, garantizando así un beneficio ilícito para el sector privado.
Un esquema de responsabilidad compartida La sentencia no solo recae sobre la figura del exalcalde, quien ya cumple condenas previas por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sino que alcanza a una pluralidad de actores clave en la gestión:
Cúpula Administrativa: Exgerentes de Administración, Finanzas y Servicios a la Ciudad, junto a subgerentes de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento.
Fiscalización Política: Tres regidores distritales que, en lugar de velar por el patrimonio del distrito, formaron parte del acuerdo colusorio.
El Nexo Privado: Wladimir Abad, sentenciado además por falsificación de documentos, actuó como el engranaje necesario para la ejecución del fraude.
El desenlace de esta aeronave, que finalmente debió ser donada a la Aviación Policial ante la imposibilidad técnica y legal de ser operada por el municipio, simboliza una gestión ineficiente y corrupta. Con este fallo, el Ministerio Público ratifica su compromiso con la persecución de delitos que erosionan la confianza institucional. Para la ciudadanía y los gestores públicos, este caso queda como un recordatorio imperativo: la transparencia en las contrataciones estatales no es un formalismo, sino la garantía fundamental de que el presupuesto público cumpla su fin social.
