Lima, 19 / 08 / 2008
A dos décadas de la desaparición de 17 pobladores de las comunidades de Socco, Amoca y Checcasa, en la provincia de Aymaraes, Apurímac, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) ha logrado identificar los restos de las 5 víctimas exhumadas en la localidad de Chaupiorcco en el año 2005. Las identificaciones fueron posibles gracias a análisis de ADN realizados por el EPAF con la colaboración de los laboratorios del Grupo BODE, los cuales confirmaron y completaron la información obtenida por el equipo en el año 2005, a través del análisis Antropológico Forense como perito de parte de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), representante legal de las familias. Entre las víctimas identificadas se encuentran 3 hombres y 2 mujeres.
La masacre habría ocurrido el 13 enero de 1988. El día 8, según los testimonios, miembros del Ejército Peruano detuvieron a 3 personas en la comunidad de Socco. Entre el 10 y el 12, esa misma patrulla detuvo a 14 personas más en la comunidad de Checcasa, manteniéndolos secuestrados y sometidos a torturas.
Al grupo se unió un detenido de la comunidad de Amoca. La noche del 13 de enero, mientras los detenidos eran trasladados a la Base Militar Santa Rosa, el grupo fue dividido. Luego de que el primer grupo cruzara el túnel de Huayquipa, los miembros del segundo grupo oyeron disparos y gritos, según el testimonio del único sobreviviente, que consiguió huir esa noche. Lo último que supo del segundo grupo es que era trasladado hacia la Base Militar Santa Rosa.
“Las identificaciones representan un paso crucial al intentar establecer qué sucedió ese día,” dice José Pablo Baraybar, Director Ejecutivo del EPAF. “Esperamos que esta información ayude al avance del proceso judicial, ya que los familiares continúan buscando justicia.”
“La identificación de las víctimas es un hecho importante para los familiares pues una de sus demandas principales es la recuperación de los restos de sus seres queridos a fin de darles sepultura de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. El reconocimiento de las víctimas es en sí un acto de justicia, ya que ella no puede limitarse solo a la sanción de los responsables, sino que también debe responder a la demanda de los familiares sobre el paradero de sus seres queridos, los mismos que en casos como éste, permanecieron en calidad de desaparecidos durante más de dos décadas”, refirió la abogada de APRODEH, Gloria Cano.
El trabajo del EPAF ha sido posible gracias a la colaboración de BODE Technology Group y Creative Learning, además del soporte financiero del Comité de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) del Departamento de Estado de los EEUU.
Fuente: Noticia Local - Aprodeh
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