Lima, 13 / 10 / 2007
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la problemática generada por la criminalización de la protesta social durante el régimen de Alan García.
Entre los principales pedidos que se hizo a la CIDH fue instar al Estado Peruano y a las autoridades judiciales a derogar ni aplicar los Decretos Legislativos promulgados el pasado 22 de julio, dado que son contrarios a los convenios internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte.
También se solicitó una respuesta adecuada del Gobierno frente a las protestas sociales conforme los estándares interamericanos relativos a la libertad de expresión, que incluyen la protección de las opiniones críticas del gobierno y la libertad de asociación, así como instar a las autoridades peruanas a investigar, juzgar y sancionar de manera seria, eficaz e imparcial todos los delitos contra ciudadanos que han cometido las fuerzas de seguridad durante el último año, además de los actos de hostigamiento contra líderes sindicales y ambientales.
Cabe recordar que dichos decretos declaran la inimputabilidad de los policías y militares que afecten a ciudadanos “en el cumplimiento de su deber y usando sus armas en forma reglamentaria”; distorsionan la noción de flagrancia para permitir detenciones sin mandato judicial hasta 24 horas después de cometido un delito y permiten a la policía una serie de actuaciones sin intervención del fiscal. Igualmente, se extiende de manera inconstitucional la detención provisional hasta por siete días y se permite la incomunicación del detenido, sin que exista una causa clara.
Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
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