Dirigentes de base de Barranquita se encuentran en Tarapoto para ofrecer una conferencia de prensa, donde denuncian la deforestación de bosques primarios en este distrito de la provincia de Lamas.
Los delegados arribaron esta madrugada a la capital de San Martín para pedir el apoyo de las autoridades regionales en la defensa de las tres mil hectáreas de bosques vírgenes que corren el riesgo de desaparecer por las actividades del Grupo Romero.
Se trata de terrenos concedidos por el gobierno -y sin consultar a las comunidades- a las empresas Agropecuaria del Shanusi, Agrícola del Cainarachi y Palma del Espino, pese a tratarse de bosques primarios, para la siembra de palma aceitera.
César Soria, alcalde de Barranquita, afirmó que hay más de 50 motosierras y personal de seguridad que impiden el acceso a la zona -ahora considerada privada- y que el desmantelamiento de las reservas forestales continúa.
Entre las poblaciones afectadas se encuentran Nuevo Ica, Leoncio Prado, San Fernando, Santiago de Borja, Panchilla, San José Obrero y Nuevo Italia, cuya población, indicó, prácticamente ha sido desplazada y condicionada para su tránsito.
En tanto, la hermana Lucero Guillén, integrante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Barranquita, reveló que el Proyecto Huallaga Central brindó su aprobación a estas actividades extractivas sin solicitar el correspondiente estudio de impacto ambiental.
"Son responsables y tenemos derecho a reclamar por esta irresponsabilidad, que está generando serios problemas a los campesinos", declaró al inicio de la conferencia.
En diciembre pasado, Geovanni Acate, director de Radio Oriente, encabezó un equipo de periodistas que sobrevoló la mencionada zona, ubicada en el eje carretero que une San Martín y Loreto. El viaje permitió confirmar la destrucción de ocho mil hectáreas de terreno.
Durante el 2008, los residentes de Barranquita interpusieron una medida cautelar para evitar que la compañía Agropecuaria Agrícola del Cainarachi, propiedad del Grupo Romero, ingrese a la zona. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó en una instancia superior la medida que fue aceptada en un principio.